La estrategia económica desde el 2003 ha sido sostener el crecimiento con un tipo de cambio competitivo, los llamados superávit gemelos (fiscal y comercial) y un conjunto de mecanismos de transferencias intrasectoriales de recursos, como las asignaciones universales. En ese sentido, la revitalización que ha tenido la Anses en los últimos años para trabajar a favor de la ampliación de la seguridad social es notoria. Reducir, por lo tanto, los recursos que maneja ese organismo a “la plata de los jubilados” y la supuesta discrecionalidad con que se la estaría utilizando para fines políticos o proselitistas, revela no solamente falta de rigurosidad conceptual para entender de qué se habla cuando se refiere a la seguridad social, sino, además, un manifiesto prejuicio ideológico de quienes se dicen portavoces de enunciados objetivos y desinteresados.

La seguridad social, conjunto de instituciones que tienen como finalidad la protección de las personas frente a determinadas contingencias (vejez, enfermedad, invalidez, desempleo), es un sistema solidario donde el Estado asume un papel protagónico como administrador y garante. A estas atribuciones tradicionales también se les han sumado las asignaciones por hijo y embarazadas. Demian Panigo, Nicolás Dvoskin y Florencia Medici escribieron “La Seguridad Social en la posconvertibilidad” en la revista Voces en el Fénix. En ese documento señalan que la evolución histórica de la seguridad social sufrió los embates de la inestabilidad institucional y económica durante el siglo XX. Sus comienzos se ubican en la posguerra; con la influencia del Estado de Bienestar, la noción de redistribución de la riqueza comenzó a concebirse como objetivo. Con diferentes niveles de empleo y un mercado laboral más homogéneo que el actual, se preveía que los activos podrían financiar a los pasivos sin otros ingresos corrientes que los de la propia fuerza laboral.

Sin embargo, a partir del golpe del ’76 y la pauperización del mercado de trabajo, los ingresos del sistema previsional por aportes y contribuciones se redujeron considerablemente, lo que alentó el cambio de sistema a partir de la creación del régimen de capitalización. Los principales argumentos del consenso neoliberal para justificar la reforma se basaban en la idea de que el nuevo sistema permitiría resolver el déficit crónico del régimen previsional, en tanto que sus problemas financieros se atribuían a la utilización discrecional de los aportes por parte del Estado, precisamente los mismos argumentos que hoy se escuchan por parte de quienes se oponen a la actual política. La materialización del nuevo sistema de capitalización se concretó con la reforma de 1994 que creó las AFJP, que abandonó el concepto de solidaridad intergeneracional, para que pasen a ser los activos quienes financiaran su propio retiro. De esa manera, consecuente con la premisa individualista y de mercado del neoliberalismo, cada trabajador resultaba responsable de su propia cuenta de capitalización, donde solamente se beneficiaba a todo aquel que tenía la suerte de conservar su empleo en momentos donde se perdían puestos de trabajo y se desarticulaba el mercado laboral, conforme el desmantelamiento industrial y la apertura económica de esos años. Por lo tanto, el sistema previsional, que durante el peronismo tendía a la inclusión, se transformaba así en un esquema que privilegiaba a los más ricos.

Las nuevas asignaciones a partir de que los recursos ahora son administrados por el Estado registran efectos permanentes en términos de inclusión social, además de haber permitido incorporar 2.700.000 nuevos jubilados y un aumento de la jubilación mínima en un 700 por ciento desde el 2003. Por efecto de la AUH se mejoraron los índices de escolaridad y, con la ejecución del Programa Conectar Igualdad, se incrementó un 20 por ciento la matrícula secundaria, además de democratizar el uso de nuevas tecnologías entre los sectores de menores recursos. De esta manera, no sólo se fortalece la educación, sino que se consigue en parte neutralizar lo excluyente que muchas veces se presenta el sistema educativo por aquello que el sociólogo francés François Dubet denomina la “competencia escolar de tradición republicana”, eterna reproductora de desigualdades en la sociedad capitalista.

Es evidente que no es “la plata de los jubilados” cuando nos referimos a los fondos que administra la Anses. Se trata, por el contrario, de un volumen de recursos que han permitido la financiación de políticas revitalizadoras de la seguridad social, cuya ejecución y puesta en funcionamiento van en sintonía con un país que pretende saldar viejas deudas

* Economista de CLICeTLa graN maKro.