A partir de los anuncios de reacomodamiento de subsidios a vastos sectores de la economía se ha abierto una puerta a la discusión de la estrategia a futuro. El reclamo de un importante espectro de la política que pugnaba por desarticular y repensar la estructura de subsidios y compensaciones de la economía demandará un debate fundado, tomando con el rigor necesario la causa.

La inminente transferencia de los Subterráneos de Buenos Aires a la órbita del Gobierno de la Ciudad avanza en un sentido progresivo en los grados de autonomía de la Ciudad. Ello debe ser celebrado y ponderado, en tanto es menester del gobierno porteño caminar hacia el objetivo de independencia plena. Esta decisión tomada por el Ejecutivo Nacional, y bien recibida por el Ejecutivo de la Ciudad, ha dado lugar al debate en torno del nivel tarifario necesario para solventar la prestación del servicio. Y con ello, se ha abierto el espacio para una reflexión acerca de las acciones a seguir respecto de la aplicación o eliminación de los subsidios a dicho servicio.

Se ha colocado la mirada fuertemente en los aspectos fiscales, focalizando en quién pagará las compensaciones tarifarias, en caso de que se sigan aplicando. Pero muy poco se ha dicho en un sentido amplio y abarcador de cuáles serían las consecuencias en caso de una variación de la tarifa, por acción de la eliminación total o parcial del subsidio. Según estimaciones del Laboratorio de Políticas Públicas la tarifa podría alcanzar valores cercanos a los 3,20 o 3,25 pesos en caso de una potencial eliminación de los subsidios, lo que implicaría una triplicación del valor actual. En este sentido, la modificación del precio del servicio debe ser entendida en dos dimensiones. Una primera involucra los aspectos distributivos; una segunda, la lógica sectorial.

Los pasajeros que utilizan el subterráneo presentan un perfil socioeconómico diferente al del resto de los servicios de transporte público. Según el trabajo de campo realizado en 2007 por la Secretaría de Transporte de la Nación, a través de la Investigación de Transporte Urbano Público de Buenos Aires (Intrupuba), el 88,3 por ciento de los pasajeros del subte pertenece a un nivel socioeconómico medio o medio alto. Ello puede haber variado por la incorporación, posterior al estudio, de las línea H y la extensión de la línea A, que tienen como zona de influencia barrios de nivel socioeconómico medio bajo o bajo.

Si bien buena parte de la población que utiliza el subte pertenece a los deciles de ingresos más acomodados de la sociedad, una virtual triplicación de la tarifa podría afectar significativamente al 15 por ciento de los pasajeros del subte de menores ingresos, aumentando el peso del servicio de transporte en su canasta de consumo. Situación agravada por el hecho de que, en muchos casos, es necesario tomar más de un modo de transporte (tren-subte, colectivo-subte), acentuando y empeorando relativamente su situación de ingresos respecto de la del resto de los pasajeros.

El análisis no debe focalizarse únicamente en los aspectos distributivos. El servicio de movilidad que prestan los diferentes modos de transporte a los ciudadanos debe ser pensado en conjunto, integrando una red interconectada abastecedora de servicios de comunicación entre las distintas zonas de la ciudad. Por lo que una importante variación de la tarifa podría implicar reajustes en el sistema de transporte urbano, provocando una migración ciertamente significativa al transporte automotor (colectivos), por su menor costo. Todo ello con consecuencias sobre la calidad de prestación del servicio de colectivos y sobre el tráfico. Sumado a ello, aunque en menor medida, el aumento del nivel tarifario podría provocar desincentivos a la utilización del transporte público, dando lugar, aunque en una cuantía difícil de determinar, a la utilización del automóvil particular por parte de los pasajeros de más altos ingresos.

Es por ello que deberá tenerse particular cuidado a la hora de tomar una determinación respecto de la estructura de subsidios y el nivel tarifario. Los pasajeros no son indiferentes al nivel de precios de los servicios que consumen, lo que podría generar efectos distributivos y sectoriales indeseados. En principio, deberá colocarse en la esfera estatal un rol preponderante en su actividad regulatoria, evaluando los costos efectivos de la empresa y los ingresos tarifarios y no tarifarios. La focalización de los subsidios a los sectores de bajos ingresos y población vulnerable parecería ser la decisión técnica y política más oportuna, a fin de continuar en una senda virtuosa de compensaciones tarifarias

* Investigador en el Laboratorio de Políticas Públicas.