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La revisión del esquema de subsidios tiene por objeto revertir el creciente deterioro de las cuentas públicas, sostienen los representantes de la ortodoxia económica. De acuerdo con esa visión, el despilfarro presupuestario viene siendo “maquillado” con diversos artificios contables. El traspaso al Tesoro Nacional de las utilidades del Banco Central y de las rentas generadas por el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, ejemplificarían esa “contabilidad creativa”. Esos señalamientos evidencian, como mínimo, un desconocimiento en materia presupuestaria.

Al remitir sus utilidades a la cuenta del gobierno nacional, el BCRA no hace otra cosa que cumplir con el mandato establecido en su propia Carta Orgánica en 1992. Desde entonces, el BCRA transfiere regularmente los fondos correspondientes. Eso desmiente la creencia de que se trataría de una innovación kirchnerista. Tampoco son veraces las afirmaciones de que se trataría de un invento argentino. Ese mecanismo es congruente con los estándares internacionales divulgados por el FMI.

Por su parte, las utilidades transferidas del FGS alcanzaron 7755 y 8606 millones de pesos en 2009 y 2010, respectivamente. Esas utilidades únicamente incluyeron las rentas obtenidas en concepto de préstamos y colocaciones a plazo. Es decir se excluyeron aquellos ingresos originados en la ganancia por tenencia de activos, cumpliendo de esa manera con las pautas metodológicas recomendada por el Manual del FMI.

“Para el 30 de junio de 2011 el FGS había crecido hasta un 95 por ciento desde la fecha de su creación. Medido en proporción del PBI, pasó de 9,5 por ciento en 2008 a 11,9 por ciento en 2011. Este crecimiento demuestra que lejos de financiar al Tesoro de la Nación, como suele argüirse, el FGS sigue expandiéndose. Los únicos recursos que se transfirieron a las arcas de la Administración Nacional fueron los mencionados más arriba originados en la rentabilidad del Fondo y no tuvieron como destino el Tesoro, sino la propia Anses para financiar la AUH”, explica el economista Alfredo Iñíguez en “Las cuentas fiscales argentinas en perspectiva” publicado en la revista Entrelíneas de la Política Económica Nº30.

Las advertencias más alarmistas sobre el frente fiscal provienen de aquellos economistas que diseñaron y/o defendieron políticas que condujeron al deterioro de las finanzas públicas. Por el contrario, el proceso económico inaugurado en 2003 revirtió el signo deficitario de las cuentas del Sector Público Nacional (Administración Nacional, PAMI, Fondos Fiduciarios, AFIP) y del Sector Público Consolidado (Nación y provincias).

En ese documento Iñíguez precisa que el superávit fiscal operativo promedio del sector público consolidado (Nación y provincias) fue del 3,4 por ciento del PIB.

En la década anterior, la persecución del equilibrio presupuestario culminó con un déficit operativo promedio del 1,3 por ciento. Las cuentas del Sector Público Nacional también fueron deficitarias durante la convertibilidad (1,2 por ciento del PIB), a pesar de los ingresos extraordinarios provenientes de las privatizaciones. El achicamiento del Estado no hizo más que deteriorar las finanzas públicas. El 75 por ciento de ese desbalance se produjo a raíz de la resignación de recursos previsionales (reducción de las contribuciones patronales, desvío de aportes hacia las AFJP). La recaudación tributaria también mermó a partir de la recesión económica en los últimos años de la convertibilidad.

Otra historia se comenzó a escribir a partir de 2003. El rojo de las cuentas se transformó en un superávit promedio del 1,2 por ciento del PIB.

Iñíguez destaca que “la performance reseñada se alcanzó al mismo tiempo que se recuperaban funciones y atribuciones del Estado que habían sido dejadas de lado en el modelo anterior. Lo más destacado fue el aumento de la inversión pública, que partió de niveles prácticamente nulos, hasta superar el 1 por ciento del PBI a partir de 2008, con un máximo de 1,4 por ciento del PBI en 2009, como reflejo de la política contracíclica”

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