Un grupo de intelectuales manifestó su adhesión al Frente Amplio y Progresista, encabezado por Hermes Binner, con diversos fundamentos. Entre ellos se afirma que: “... Los planes de asistencia que el Estado ha brindado en los últimos años trajeron alivio para muchas familias, pero no acortaron sustantivamente la brecha entre ricos y pobres. Esos planes tampoco pueden constituir el corazón de la política social. Si se aspira a revertir el patrón de la desigualdad y dejar atrás la indefensión de los pobres y el clientelismo político, son imprescindibles reformas profundas... “. Estos fundamentos son erróneos. Las políticas aplicadas desde 2003 acortaron la brecha entre ricos y pobres, tendencia que ha sido analizada por una variedad de expertos locales y extranjeros.

Es cierto que el texto no afirma literalmente que no se hayan reducido las brechas entre ricos y pobres, sino que éstas no se acortaron “sustantivamente”. Pero lo más sorprendente es que se afirme en paralelo que “esos planes tampoco pueden constituir el corazón de la política social”, afirmación que compartimos plenamente porque, efectivamente, no es ese el corazón de la política social del gobierno. El “corazón” de la política social es la generación de empleo y en especial de empleo de calidad, es decir, productivo y protegido, con los beneficios que prevé la normativa laboral, que incluye los aportes y contribuciones para jubilación, las asignaciones familiares, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la cobertura por accidentes de trabajo, obra social y otros. Este es el núcleo central para la inclusión social, para la mejora de los ingresos y el acceso a derechos. Como resultado de este nuevo enfoque de la política laboral se verificó un incremento del trabajo formal como nunca se había observado en los últimos 35 años en la Argentina. Entre 2002 y 2010, el empleo registrado en la seguridad social creció un 75 por ciento, siendo en el último año un 50 por ciento superior al nivel verificado en el mejor momento de la década del ’90.

La creación de empleo y el aumento de salarios contribuyeron para que una parte importante de las familias pobres (60 por ciento) salgan de la pobreza. Al mismo tiempo, los ingresos obtenidos por el mercado laboral explican más del 55 por ciento de la mejora distributiva. El complemento de este “corazón” de la política social está constituido por transferencias monetarias articuladas con institutos laborales o con su extensión. Se trata básicamente de la ampliación de la cobertura de jubilaciones, que incorporó 2,5 millones de nuevos jubilados entre 2005 y 2010, y de la extensión de las asignaciones familiares por hijo para quienes están desocupados o carecen de un empleo registrado en la seguridad social, lo que incorporó desde 2009 a 3,5 millones de titulares de dicha asignación. Esta institución, denominada Asignación Universal por Hijo (AUH), sustituyó cualquier “plan de asistencia” que hubiera tenido vigencia de manera residual hasta esa fecha.

Ninguno de estos canales de transferencia monetaria puede ser calificado de “clientelista”, sino que se asignan automáticamente y de manera universal entre quienes tienen derecho a su percepción. Por eso pueden ser concebidos como derechos y no como “planes”. Además, se ha triplicado la cantidad de beneficiarios de programas activos de empleo que reciben no sólo una transferencia de ingresos sino básicamente prestaciones que favorecen su inserción laboral. Esto significa que entre 2003 y 2010 se incluyeron a 1,3 millón de personas en actividades de formación profesional, de apoyo para la finalización de estudios formales, orientación laboral, prácticas calificantes de empleo. No se trata aquí de acciones “asistenciales” sino de apoyo para la mejora de sus competencias para el trabajo a través de la capacitación.

En síntesis, la ruptura con el neoliberalismo ha supuesto el retorno de las políticas que promueven la integración social por medio del trabajo, arraigadas en el país desde mediados del siglo pasado, pero cuyos antecedentes se podrían encontrar incluso antes

* Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo y docente UBA.

* Director de Estudios de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y docente UBA.