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Por Natalia Aruguete

El presidente Eduardo Duhalde volvió a demostrar que en Argentina algunos sectores tienen “privilegios excepcionales”. El decreto 2703/02, publicado extrañamente el último día hábil de 2002, reafirmó las ventajas que tuvieron las empresas petroleras desde 1989, permitiéndoles mantener en el exterior el 70 por ciento de las divisas obtenidas por sus exportaciones. Un beneficio que algunos analistas consideran incoherente en un país en default y con la mitad de la población empobrecida.
A través de una intrincada interpretación de la legalidad, la norma dispone que “los productores de petróleos crudos, gas natural y gases licuados deberán ingresar (...) como mínimo el 30 por ciento de las divisas provenientes de la exportación de petróleo crudo de libre disponibilidad”. El texto argumenta que “la conveniencia de desarrollar una sana política en materia de hidrocarburos aconseja permitir la libre disponibilidad de una parte de las divisas provenientes de la exportación de esos productos”.
La interpretación oficial de “sana política” se tradujo en un decreto reglamentario que ratifica disposiciones instrumentadas en 1989, que prepararon el escenario para ofrecer una privatización apetitosa del sector petrolero. Los decretos 1055, 1212 y 1589 –dictados entre octubre y diciembre de 1989– otorgaron la libre disponibilidad del crudo, convirtieron los contratos de locación de obras y servicios en concesiones, establecieron el precio internacional como referencia para el mercado petrolero argentino, eximieron a las empresas de impuestos presentes y futuros a la exportación de crudo y otorgaron la libre disponibilidad del 70 por ciento de las divisas provenientes de la exportación del crudo. Estos decretos, aun cuando no fueron ratificadas por ley, rigieron la política petrolera del país desde entonces.
El privilegio de mantener en el exterior un porcentaje mayoritario de las divisas había sido suspendido por la Ley de Emergencia 25.561, del 6 de enero de 2002. Esa norma ratificó el decreto de necesidad y urgencia 1606/01, de diciembre de 2001, que obligaba a la liquidación de la totalidad de las divisas de exportación de cualquier producto. Por si fuera poco, el decreto 2703/02 desestima la posición del procurador del Tesoro, Miguel Citara, que en dos dictámenes –uno del 31 de julio y el otro del 16 de septiembre de 2002– señala que “la excepción consagrada en el artículo 5 del decreto 1589/89 (que establece la libre disponibilidad del 70 por ciento de las divisas) no se encuentra vigente y carece de operatividad frente al régimen cambiario establecido por los decretos 1606/01 y 260/02”.
Por su parte, la Gerencia de Cambios y Comercio Exterior del Banco Central (autoridad regulatoria en la materia) ratificó el pronunciamiento de Citara, según el cual, “en situaciones de emergencia económica declarada por ley (...) los derechos de los particulares padecen limitaciones especiales”.
Las Asociaciones de Usuarios y el Grupo MORENO sostienen que la contrapartida del decreto es asegurar un precio máximo del barril de U$S 28,50/barril de crudo a las refinadoras sin pozos propios, como Esso y Shell. Sin embargo, el valor de referencia establecido no se condice con el costo interno máximo, que alcanza los $ 12/barril. La medida –advierten– es una “política permanente que tiene como contrapartida el mantenimiento momentáneo de precios”, ya que los conflictos en Irak y Venezuela podrían provocar una importante alza de los precios.
Según el especialista Gustavo Calleja, del grupo MORENO, las empresas productoras, como Repsol-YPF, Total, Pan American, Tecpetrol, no respetaron la prohibición de indexar sus precios, aun cuando “no han tenido incrementos en sus costos: no aumentaron los salarios, no se les aumentó los impuestos, sus componentes del costo en dólares no superan el8 por ciento, tienen pesificadas sus deudas y pagan menos en concepto de regalías”.
Fuentes del sector consideraron que la decisión de liquidar todas las divisas en el país generaría una caída en las inversiones. Sin embargo, se estima que ya en 2002, los pozos de exploración han sido los más bajos de la historia argentina y que la inversión cayó ese año casi un 50 por ciento.
La liquidación de divisas no es el único aspecto preocupante. Durante la década de los noventa, en un marco de ostensible atraso cambiario, la relación reservas/producción de petróleo cayó de trece años a menos de nueve. Con la actual maxidevaluación de la moneda y las bajas retenciones a las exportaciones de petróleo y derivados, existe un riesgo de que la “sana política” impulsada por el gobierno de Duhalde deje a la Argentina sin petróleo. Un peligro serio si se considera el carácter no renovable de este recurso y las reducidas tareas de exploración que realizan los privados.