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La decisión de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner conlleva que el Estado controle del 51 por ciento del capital de YPF. Esto no ha tardado en tener una respuesta casi unánime en la prensa española, con la excepción del diario Público, el único medio progresista que sigue vivo pero dejado morir en papel. La prensa hegemónica y dependiente de los grupos de poder han coincidido en tildar tal actuación como un ataque directo a los intereses españoles. De la misma forma, así se han expresado los dos grandes partidos políticos españoles. Populares y socialistas, siguen coincidiendo en la defensa del programa económico neoliberal, recuérdese el reciente consenso de reforma constitucional a favor del dogma del déficit cero. Esta vez, el tándem PP-PSOE, cada vez más conocido por la unicidad de sus políticas, y denominado por los indignados como régimen, también han coincidido en este momento en apelar a la necesidad de defender los intereses españoles. Sin embargo, el Estado español, y mucho menos los españoles, poco tienen que ver con Repsol.

Según se puede observar en su propia web, la mayoría del capital de Repsol no es patrio, y se encuentra participada mayormente por empresas extranjeras de la siguiente manera: 9,49 por ciento de Pemex (empresa mexicana) y 42 por ciento de fondos de inversión extranjeros, y el resto, menos de la mitad, para dos grupos económicos, 12,83 por ciento de CaixaBank y 10,01 por ciento de Sacyr, que representaría a dos grupos económicos españoles; el 9,90 por ciento, para fondos de inversión españoles, restando sólo el 10,80 por ciento para inversores minoritarios españoles.

Las declaraciones del gobierno español de rechazo a esta medida fueron justificadas en base a la defensa de los pequeños accionistas. Estos inversores pequeños no sólo representan a una minoría del capital privado, sino que tampoco constituyen –en absoluto– la gran mayoría del pueblo español afectada por el desempleo, por una reforma laboral que mercantiliza aún más al trabajador y que padecen recortes sociales.

Argentina muestra de nuevo que su política es soberana. Lo hizo con el manejo de la deuda, con el manejo de los fondos de la jubilación, y ahora, lo hace con los recursos estratégicos del país tratando al petróleo no como mercancía (commodity), sino como bien no renovable de interés nacional.

España, por el contrario, sigue con su salida neoliberal frente a la crisis del neoliberalismo, aceptando la presión como país periférico dependiente de la política de los países centrales europeos. Desde el 2010, España sufre las continuas injerencias políticas de los (mal) denominados mercados (pocas empresas transnacionales con nombres y apellidos) a través muchas veces del gobierno conservador de Alemania, y otras, por los secuestrados organismos internacionales.

La política española cedió su soberanía a la falsa independencia del Banco Central Europeo, a las evaluaciones de riesgo de empresas privadas que son juez y parte, a la especulación sobre la prima de riesgo, y a la tasa de ganancia de varios grupos económicos. España sólo ha decidido ser soberana para asumir las pérdidas de la banca privada española.

Es complicado que el gobierno español entienda la medida tomada por el gobierno argentino porque tienen concepciones contrapuestas de la soberanía. El primero la circunscribe a los mercados; y el otro, a su pueblo. Son lenguajes y claves diferentes, apuestas por patrones económicos distintos. Argentina ya sabe lo que es pasar por esta neoliberalización de la soberanía en la década de los noventa, y al otro lado del charco, los gobiernos españoles (PSOE o PP) aún siguen apostando por más de lo mismo.

El actual gobierno de España ha decidido rendir pleitesía a exigencias de grupos económicos, extranjeros o estatales en vez de preocuparse lo más mínimo por una economía real desahuciada por la especulación que tiene como fruto más de cinco millones de desempleados.

Emulando a Margaret Thatcher, cuando ésta utilizó el conflicto de las Malvinas en 1982 en Gran Bretaña para correr una cortina de humo sobre los efectos sociales después de sus medidas neoliberales, el gobierno de Mariano Rajoy no ha dudado en buscar sus propias Malvinas después de caer en seis puntos de apoyo en los últimos tres meses después de su programa de su ajuste. Curiosamente, de nuevo, es contra Argentina. La diferencia es que en los años ochenta, Argentina decidió también aplicar chauvinismo barato en tiempos de dictadura. Hoy la pugna es distinta: el gobierno argentino ahora disputará por recuperar soberanía en beneficio de su propio pueblo.

El gobierno español sigue malvinizando su posición considerando que la decisión de Argentina es “una decisión en contra de los intereses de España y de los españoles”. No obstante, no parece que Repsol haya estado muy preocupado por esta cuestión después de haber recibido 13.246 millones de dólares en concepto de giro de dividendos en su casa matriz en España, entre 1999 y 2011.

La estrategia del gobierno español no dista nada de lo que Naomi Klein denomina Doctrina del Miedo. Sin embargo, no amenaza quien quiere, sino quien puede

* Doctor en Economía. Profesor español, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

** Doctorando español. Master Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.