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Repsol se ha quedado sin YPF y, por tanto, Argentina ha pisoteado a los españoles, les ha expoliado, humillado y maltratado. Con esta pirueta nacionalista han resumido la mayoría de medios en España –en esta ocasión, mera claca del gobierno del Partido Popular– la reciente decisión del Ejecutivo argentino de tomar el control de la que fue bandera del país, convertida en una máquina de generar dividendos privados, básicamente con destino a España.

En Europa, y a diferencia de lo que sucede en América latina, la política ha ido abandonando los espacios que le eran propios y los ha cedido a los intereses privados. España es un ejemplo paradigmático y el gobierno de Mariano Rajoy se ha convertido en una especie de consejo de administración de las grandes empresas privadas: el ministro de Economía se sentaba hasta diciembre en cuatro consejos (incluyendo el de un banco y el de El Mundo, segundo periódico del país), el de Hacienda creó una consultora para que los poderosos redujeran el pago de impuestos, el de Medio Ambiente dirigía una petrolera y era consejero de una empresa del ladrillo; el número dos de Presidencia era un alto ejecutivo del Banco Santander, al frente de lo que queda de banca pública se sitúa un directivo del BBVA.

La lista es tan larga como demostrativa de que Europa ha importado de Estados Unidos la famosa “puerta giratoria”, donde se confunden intereses públicos y privados de forma permanente.

Con este marco se comprende mejor la reacción del gobierno del mismo partido que en la década de 1990 impulsó las mismas políticas que Menem en Argentina, incluida la privatización de las grandes empresas públicas. En España, la gran mayoría de estas joyas –Repsol, pero también Telefónica, Iberia y muchas otras– fueron a parar, a precio de saldo, a empresarios cercanos al PP.

Repsol se privatizó por completo en 1997 bajo la supervisión de Alfonso Cortina, empresario “pata negra” de la derecha española y amigo de Aznar. Esta misma corriente privatizadora la había iniciado, aunque a pequeña escala, el último gobierno del socialista Felipe González, que en su abultada cartera de clientes cuenta ahora precisamente con Gas Natural, controlada por Repsol, que le paga 125.000 euros al año como asesor.

Es fácil entender, pues, que los dos grandes partidos de España –y sus empresarios amigos– sigan sintiendo que Repsol es de alguna manera suyo. Pero la realidad es que se trata de una empresa totalmente privada. No es España la que tiene un problema con Argentina por YPF, sino Repsol. Y mucho menos lo tienen aún los españoles.

Las raíces de este problema apenas se discuten en España y el pleito, en cualquier caso, está perfectamente reglado: se dirimirá en las instituciones internacionales de arbitraje, como tantos otros conflictos entre empresas y países. Y, sin embargo, los ministros del gobierno español han salido en tromba con palabras tan altisonantes que sólo les falta declarar la guerra en respuesta al supuesto ataque sufrido por todos los ciudadanos.

En España se está explicando la decisión argentina como si se tratara de un pretexto nacionalista para desviar la atención ante la crisis económica. Pero, paradójicamente, el gobierno español tiene motivos de sobra para agitar la furia nacionalista e intentar desviar la atención de sus problemas con la ayuda de YPF: el riesgo país está en máximos, los rumores de rescate por parte de la UE están a la orden del día, los bancos son cuestionados en todo el mundo y el gobierno ha tenido un arranque tan errático que ya parece incapacitado para revertir la profunda crisis económica. Y, por si fuera poco, los boquetes abiertos en el régimen nacido en la transición de hace más de 30 años amenazan por vez primera a la monarquía, enredada en culebrones de corrupción, armas, sexo y cacerías.

Las continuas admoniciones que advierten que Argentina, con su decisión de recuperar las participaciones de Repsol, atacan al gobierno de España y a los españoles les causan sonrojo. Primero, porque los que se desgañitan son los mismos que privatizaron la empresa y privaron, por tanto, a los españoles de los 15.000 millones repartidos desde entonces en dividendos. Esta cantidad supera los brutales recortes previstos para 2012 en sanidad y educación (10.000 millones), los mayores de la historia, que el PP ha impuesto para evitar la quiebra. Pero además, el mismo gobierno que acusa a Argentina de maltratar a los españoles está pisoteando cada día a centenares de argentinos, negándoles cartas de invitación para entrar en el país e incluso deportando a visitantes que aterrizan en Barajas.

Parece una historia de ciencia ficción: el gobierno del país que cada día pisotea y humilla a los argentinos se queja de que Argentina ataca a los españoles porque tiene un litigio con una multinacional petrolera. Una nueva revista satírica, Mongolia, lo resume con un chiste, en el que el ministro de Industria porta una enorme pancarta: “Devolvednos vuestro petróleo”. Es el ministro de Industria español. Pero podría pasar por ministro de Industria de Repsol

* Adjunto a la dirección del diario Público, de Madrid, entre 2008 y 2012. Ex redactor jefe de El País.