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Domingo, 8 de julio de 2012

EFICIENCIA EMPRESARIA Y RENTABILIDAD

Beneficio social

Con la reestatización de algunas compañías, y también con empresas privadas que siguen sin ser cuestionadas en su accionar, es necesario salir del esquematismo conceptual sobre eficiencia impuesto por el liberalismo.

 Por Matias Rohmer *

Tras la recuperación de Aerolíneas e YPF, el liberalismo volvió a insistir con la “ineficiencia” de las empresas estatales. Sin embargo, el beneficio social y la ineficiencia de los privados siguen sin debatirse.

Con la recuperación estatal de empresas públicas privatizadas en los años ’90, como Aerolíneas Argentinas e YPF, se revitalizó la crítica sobre la “natural” ineficiencia de las empresas públicas. Esta visión, arraigada en el imaginario social, se extendió incluso a sectores de la heterodoxia económica, que hoy reconocen la necesidad de rentabilidad de las nuevas empresas estatales, superando los tiempos en que dar déficit era un dato estructural. Bajo este enfoque, las empresas reestatizadas tendrían que emular en todo lo posible la “natural” eficiencia de las empresas privadas.

¿Qué es ser eficiente? Para la prensa liberal, que tanto controla el desempeño de las empresas públicas y tanto calla sobre lo que hacen las firmas privadas, la respuesta es evidente: una compañía es eficiente si da ganancia. Si, al cierre del balance, los ingresos son superiores a los egresos, una empresa es eficiente. Allí termina toda la discusión. Para esta visión, la eficiencia se asocia exclusivamente al beneficio particular: un empresario es eficiente si su firma lo hace más rico.

El problema de esta noción es que olvida que toda actividad privada está inserta en un contexto social. Por tanto, además de los beneficios privados, hay que evaluar los beneficios sociales que la misma genera. Si nos quedamos con la mirada parcial del liberalismo, la ciencia económica se convierte en una ciencia exacta. Sin embargo, se trata de una ciencia social: aquella que trata sobre cómo se producen y distribuyen los bienes en una sociedad. Desde esa perspectiva, el debate se amplía y propone no sólo discutir si las empresas públicas son capaces de obtener ganancias, sino poner al mismo nivel de debate la discusión acerca de los beneficios sociales que generan las empresas privadas.

Son innumerables los ejemplos de empresas muy eficientes en términos de rentabilidad que sin embargo lo hacen a expensas de contaminación ambiental, bajos salarios o restricciones a la actividad sindical. O empresas de notable eficiencia en el logro de utilidades que giran cuantiosos dividendos al exterior provocando daños en las cuentas externas del Estado. O una empresa extractiva que agota un recurso y se va del país dejando poblaciones sin futuro. ¿Qué beneficio social aportan? La extendida evasión fiscal y previsional de rubros muy lucrativos de nuestra economía, las empresas textiles o agropecuarias que usan trabajo “esclavo”, las firmas que acaparan mercado eliminando competidores y elevando precios. ¿Pueden estos casos ser ejemplos de algún tipo de beneficio social?

Por otro lado, el liberalismo cuestionó siempre la tendencia de las empresas públicas a generar corrupción, prebendas y otras acciones perjudiciales al conjunto social. ¿Acaso la evasión fiscal y previsional, la quiebra fraudulenta y el vaciamiento de empresas, las prácticas oligopólicas, la competencia desleal, no son hechos de corrupción privada generadores de graves ineficiencias sociales?

La vieja YPF estatal pudo haber sido ineficiente en términos lucrativos en ciertos períodos de su historia. Sin embargo, su existencia y expansión a partir de 1922 fue fundamental en el poblamiento de gran parte de la Patagonia, un inmenso territorio hasta entonces desolado. ¿No es ése un notable beneficio social? ¿No merece ser medido?

Tras asumir, la nueva gerencia de YPF declaró su intención de desarrollar proveedores locales para distintas áreas de su actividad, respondiendo a una dirección política que busca generar empleo y valor agregado locales. ¿Puede considerarse que esta decisión aporta el mismo beneficio social que el de una multinacional que, tras adquirir una firma local, decide reemplazar viejos proveedores nacionales por otros extranjeros, generando el cierre de industrias y la pérdida de empleos?

Cuando la prensa liberal sostiene que la ineficiencia lucrativa de las empresas públicas es pagada por toda la sociedad, debería decir que la ineficiencia social de muchas empresas privadas también es pagada por todos los ciudadanos. Muchas veces, ese costo no es sólo económico, sino que atañe a la salud o a la vida misma de muchos ciudadanos. Y frente a estos posibles daños de una empresa privada, ¿cómo valorar los beneficios sociales, en términos de prevención de enfermedades, de una empresa pública que extiende redes de agua potable y cloacas a numerosos hogares aun resignando beneficios económicos?

Con las empresas estatales recuperadas, pero también con las empresas privadas que siguen sin ser cuestionadas en su accionar, es necesario salir del esquematismo conceptual impuesto durante tanto tiempo por el liberalismo. Hay que ampliar el debate considerando que las empresas públicas pueden alcanzar márgenes de ganancia al tiempo que aportan beneficios sociales al país. Y ese debate debe ser puesto al mismo nivel de discusión que de las recurrentes y dañinas ineficiencias sociales generadas por muchas empresas privadas

* Licenciado en Ciencia Política, UBA.

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“Una empresa extractiva que agota un recurso y se va del país. ¿qué beneficio social aporta?”, pregunta Rohmer.
Imagen: Leandro Teysseire

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-Tras la recuperación de Aerolíneas e YPF, el liberalismo volvió a insistir con la “ineficiencia” de las empresas estatales.

-El beneficio social y la ineficiencia de los privados siguen sin debatirse.

-Son innumerables los ejemplos de empresas muy eficientes en términos de rentabilidad que lo hacen a expensas de contaminación ambiental, bajos salarios o restricciones a la actividad sindical.

-La nueva gerencia de YPF declaró su intención de desarrollar proveedores respondiendo a una dirección política que busca generar empleo y valor agregado locales.

 
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