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En la última edición de Cash, los investigadores de Flacso Pablo Manzanelli y Martín Schoor publicaron un artículo donde se apunta a una inflación de origen oligopólico como causa significativa del proceso inflacionario que vive la Argentina. Los autores se refieren a un trabajo realizado por dicha institución en el cual se sostiene que los precios industriales de los sectores “concentrados” habrían crecido un ocho por ciento por encima del promedio industrial en el período 2001-2010 y de allí concluyen que los “oligopolios” realizaron una contribución importante a la dinámica inflacionaria. Tanto en la nota periodística como en el artículo académico mencionado, los dos investigadores no hacen ninguna referencia empírica a los costos que debió enfrentar cada sector, ya que únicamente conociendo los costos relativos sectoriales se podrían corroborar las presuntas prácticas anticompetitivas. Por caso, si los costos de los sectores responsabilizados por la inflación hubieran crecido aún más que un ocho por ciento por encima del promedio, dichos “oligopolios” habrían desempeñado un rol deflacionario, contrariando el argumento. Más llamativo es que el índice industrial analizado y reelaborado por los autores, con oligopolios incluidos, presenta una suba de precios inferior al promedio de toda la economía, al extremo de resultar casi indistinguible del índice de precios al por mayor agregado publicado por el cuestionado Indec.

En las economías modernas, casi todas las actividades productivas presentan diferentes barreras a la entrada para los nuevos competidores, razón por la cual ciertas empresas que operan en esas actividades obtienen tasas extraordinarias de rentabilidad. Pero de esta circunstancia no se infiere que los precios fijados por un puñado de grandes empresas necesariamente deban ser superiores que aquellos que eventualmente serían cobrados por un mayor número de firmas de menor tamaño. Por el contrario, las grandes unidades productivas, con barreras o sin ellas, por lo general profundizan la división del trabajo, aprovechan economías de escala y reducen sus costos en relación con las unidades de menor envergadura. El tamaño mínimo eficiente de las unidades productivas tiende a crecer por motivos esencialmente técnicos. Con escalas de producción pequeñas, por el contrario, resulta difícil reducir costos –y precios finales– en forma significativa.

Por ello, exceptuando algunos mercados específicos donde las escalas de producción no son relevantes, las unidades de menor tamaño tienden a ser desplazadas de los mercados por las continuas reducciones de precios relativos sectoriales impulsadas por unidades mayores, en procesos competitivos que suelen ser predatorios para los pequeños productores. Si fuera cierto que las pequeñas unidades colocan precios inferiores, serían éstas las que tenderían a imponerse en el mercado y no lo contrario. Por otra parte, no existe ninguna evidencia de que las empresas o unidades productivas pequeñas necesariamente paguen mayores salarios, garanticen mejores condiciones laborales o ambientales, generen mayores ingresos estatales bajo la forma de impuestos. Al menos en materia económica, lo pequeño no es hermoso. La concentración y la centralización del capital son inherentes al funcionamiento de un sistema capitalista competitivo. No es la negación de la competencia la que genera concentración sino todo lo contrario. En el peor de los casos, debe insistirse, la concentración del capital va acompañada por mayores tasas de ganancia para las empresas que pueden colocar barreras a la entrada de nuevos competidores, pero no por mayores niveles de precios.

Pero lo que resulta más sorprendente del enfoque defendido por los investigadores de Flacso, es que la mayor concentración también debería suponer mayores niveles de inflación. Para que esto suceda, sería necesario que las empresas con poder para fijar precios opten por subirlos en forma continua. Si estuviéramos frente a un proceso de inflación oligopólica de “suma relevancia”, como el que se apunta, cabría esperar que el grado de concentración del capital en Argentina sea significativamente mayor que en otros países donde las tasas de inflación son menores. Por caso, ¿es mayor la concentración del capital en Argentina que en Estados Unidos, Europa, China o Brasil? En los deflacionarios años de la convertibilidad, ¿prevalecían las pequeñas empresas? Las barreras a la entrada pueden explicar la mayor rentabilidad de las firmas involucradas, pero no necesariamente un mayor nivel de precios, y mucho menos aún una mayor inflación, es decir, un aumento sostenido de los mismos a lo largo del tiempo.

La inflación argentina responde principalmente a la tradicional puja distributiva por obtener una mayor porción del excedente social. Cuando existe alguna incompatibilidad entre los distintos actores sociales, esencialmente trabajadores y empresarios, sobre la participación que cada parte exige en el excedente, la consecuencia más habitual es que dicha discrepancia se traduzca en sucesivos aumentos de precios y salarios. Así, por ejemplo, un aumento “inicial” de precios (o de salarios) es sucedido por aumentos “compensatorios” de salarios (o precios) que a su vez son repasados como nuevos aumentos de precios (salarios) y así sucesivamente. Esta dinámica puede acentuarse o atenuarse dependiendo de numerosos factores, como subas o reducciones de precios internacionales, devaluaciones o apreciaciones cambiarias, modificaciones de precios relativos, aumentos o reducciones de los niveles de desempleo. En este tipo de procesos, una suba de precios relativos impulsada por algunos sectores “oligopólicos” en la peor de las circunstancias puede introducir algún condimento en el conflicto distributivo preexistente, pero no puede marcar la dirección general del proceso. Caso contrario, ¿cómo se explica que un ocho por ciento por encima del promedio de un índice que creció menos que el resto de los índices sectoriales sea una causa “importante” de una suba total de precios cercana al 300 por ciento en el período bajo análisis?

Otra idea defendida por los investigadores es que los sectores concentrados habrían aumentado su participación en los distintos mercados al tiempo que se mostraban “reticentes” a invertir. Esta conclusión resulta asombrosa por enmarcarse en una economía cuya industria se duplicó en el período en consideración. No parece razonable que las firmas estudiadas hayan ganado participación en sus respectivos sectores “sin canalizar sus abultados excedentes a la formación de capital”. ¡Ganan participación sin invertir y la producción industrial se multiplica por dos!

Estas conclusiones se chocan con una evidencia demoledora: tanto en Argentina como en el resto del mundo la inversión privada en equipos de producción responde a los resultados que anticipa el conocido principio del acelerador de la inversión (Fiorito, AEDA, 2009, Medicis, UNLP, 2010; y Amico, Fiorito & Hang, Cefid-AR, 2011). Según este mecanismo, como tendencia, las inversiones se ajustan a la demanda agregada por el simple motivo de que los beneficios están unidos a la venta de productos. Es un hecho que en las economías de mercado la utilización de la capacidad productiva industrial oscila entre el 70 y el 85 por ciento del total. Si el crecimiento de la demanda agregada resulta mayor (o menor) que la formación de capital, el grado de utilización aumenta (o disminuye) generando incentivos para aumentar (o disminuir) el ritmo inversor.

Estos resultados se chocan de bruces con la idea difundida en Argentina según la cual las empresas “concentradas”, en lugar de ajustar su capacidad productiva frente al crecimiento de la demanda, elevarían sus precios ajustando para arriba sus márgenes de rentabilidad unitarios sin incrementar sus niveles de producción. Si éste fuera el caso, debería considerarse como una paradoja que la utilización de la capacidad instalada en la industria continúe fluctuando en torno de niveles normales en lugar de explotar y llegar rápidamente al ciento por ciento, como cabría esperar si el comportamiento inversor tuviera las características apuntadas. Asimismo, ese argumento se contradice con las estimaciones de los márgenes unitarios de ganancia conocidos para el caso argentino (por ejemplo en Murga & Zelada, Cefid-AR, 2012; y Bein, Estudio Bein & Asociados, 2/2013) que apuntan a un margen entre decreciente y estable durante el período discutido, de tendencia moderadamente contracíclica. Estas estimaciones, por su parte, se ajustan muy bien a la constatación de que en Argentina, durante la última década, se produjo una mejora de la distribución funcional del ingreso, al tiempo que los salarios del sector privado crecieron por encima de la productividad.

La tesis de una inflación causada por motivos oligopólicos, que se ofrece para explicar la experiencia argentina, es una versión maquillada, con cosmética políticamente correcta, de la tradicional y ortodoxa inflación por exceso de demanda, sólo que en lugar del “pleno empleo” o de un “producto potencial” definido por la disponibilidad de recursos, el límite al crecimiento de la demanda estaría dado por las conductas anticompetitivas de una clase empresaria poco emprendedora. A diferencia de otros países, Argentina tendría una “burguesía” rentística, que sufre el síndrome cultural de la “reticencia inversora”. Este argumento se sigue repitiendo aún en un año como el 2012, cuando la demanda agregada sufrió una fuerte desaceleración sin grandes repercusiones atenuantes sobre la dinámica inflacionaria. Al parecer, los oligopolios siempre estarían subiendo sus márgenes de beneficios, cuando la demanda crece y cuando no lo hace también. La particularidad del caso argentino sería que la inflación se produce tanto por exceso como por insuficiencia de demanda

* Profesor de la UFRJ.

** Profesor de la UNLU.