[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Durante el año pasado hubo anuncios muy concretos orientados a aumentar la presencia del Estado sobre sectores intervenidos por el mercado. La recuperación de YPF ha sido quizás el más emblemático, pero también se dispuso un plan estatal para la construcción de viviendas, mayores controles sobre los flujos de comercio exterior, el giro de utilidades, la regulación del mercado de capitales, la creación de una empresa pública que actuará como proveedora mayorista de Internet y telefonía móvil, y la definición, por normativa del Banco Central, de que los bancos privados destinen un porcentaje de sus créditos a inversiones productivas.

Esto no hace más que poner en cuestión la siempre compleja relación entre Estado y mercado, algo que promovería la “desconfianza” de empresarios, según medios de comunicación que mejor los representan. La Nación presentó la noticia sobre el envío del proyecto de ley del Ejecutivo para reformar el mercado de capitales, y otorgarle a la Comisión Nacional de Valores un mayor control sobre el funcionamiento bursátil, como “mayor intervencionismo” del Estado, asegurando que el mercado se movía “entre la aceptación y la desconfianza” al proyecto.

En sentido amplio, podría afirmarse que se ha revitalizado el debate respecto del rol que le cabe al Estado en la conducción de los procesos de desarrollo. Las discusiones sobre alcances y limitaciones de la intervención económica estatal han dividido escuelas de pensamiento en la literatura especializada, que hoy parecen filtrarse y recorrer gran parte del debate político en la Argentina y el mundo.

A riesgo de incurrir en simplificaciones, podrían identificarse tres grandes perspectivas: por un lado, quienes plantean que una intervención del Estado resulta altamente perjudicial, porque distorsiona los mecanismos de mercado básicos que pueden autorregularse y garantizar un relativo equilibrio entre oferta y demanda para conducir autónomamente al desarrollo; por otro lado, quienes consideran que el subdesarrollo es un problema estructural condicionado por la propia dinámica del sistema capitalista a nivel global (en especial evidenciado en la lógica “centro-periferia”), y consecuentemente el despegue económico sólo podría darse con una fuerte intervención estatal; y, finalmente, aquellos que entienden que el éxito o el fracaso de un proceso de desarrollo sólo puede explicarse si se analiza la calidad de la intervención estatal y de los marcos institucionales sobre los que opera.

Desde la sociología económica se ha sumado un cuarto enfoque, que subraya la relación entre el Estado y los empresarios para explicar la persistencia del subdesarrollo en algunos países, lo que incorpora un nuevo actor al análisis, cuyo papel e incidencia en los modelos de acumulación quizá no esté lo suficientemente estudiado todavía.

En “Debates en torno de la calidad de la intervención económica estatal”, documento publicado en la edición Nº 9 de la revista Papeles de Trabajo, Ana Castellani y Flavia Llanpart sostienen que los capitalistas, así como los burócratas o funcionarios gubernamentales, son igualmente responsables del tipo de Estado que se va forjando en cada momento histórico, lo que también los compromete con la calidad de intervención estatal, a la que siempre critican como si formaran parte de un colectivo indiferente a ella pero de la cual se favorecen.

Los grandes empresarios tienen influencia directa sobre los procesos de desarrollo en cualquier país, pero en la Argentina los esfuerzos realizados para apuntalar este proceso en el último tiempo parecen estar concentrados solamente en el Estado, que va cubriendo la reticencia inversora de grandes empresas, acaso como si las decisiones de inversión pudieran ser interpretadas desde criterios puramente económicos desprovistos de cualquier motivación política y, sólo por ello, inhibieran a quienes las toman de ser juzgados políticamente. Solicitar, por lo tanto, el cumplimiento de metas de desempeño a los empresarios, garantizando un piso de inversiones que aseguren la provisión de bienes y servicios acordes a las necesidades de desarrollo del país, parece un paso obligado en el intento por profundizar la inclusión social, que escapa a toda lógica circunscripta al mero cálculo económico y que difícilmente provean los privados, pero sobre la que es obligación del Estado tutelar

* GEENaP

[email protected]