Desde mediados de los años setenta del siglo pasado, los países han sido permeables (por convicción o coacción) a las políticas de apertura a los movimientos internacionales de capitales, en un contexto de incremento de los fondos financieros administrados por empresas privadas. De esta manera, se generó una arquitectura financiera donde, en cuestión de meses o días, miles de millones de dólares pueden desplazarse de acciones de empresa y títulos públicos de un país a otro, generando efímeros milagros o repentinos desastres económicos. Las agencias calificadoras de riesgo ocupan un rol estratégico en dicho esquema, ya que su evaluación positiva o negativa sobre una acción o título define si los capitales fluyen o huyen de una empresa o país determinando, en gran medida su éxito o fracaso.

Semejante poder está en manos de tres grandes compañías privadas que manejan más del 90 por ciento del mercado mundial de calificaciones. Moody’s, cuyo principal accionista es el multimillonario estadounidense Warren Buffet, Standard & Poor’s es filial de la editorial norteamericana McGraw-Hill, y Fitch, que depende de la firma Fimalac/Lacharriere, presidida por Marc Ladreit, una de las fortunas más grandes de Francia. De más está decir que los dueños de las calificadoras tienen intereses en otras numerosas empresas de los rubros más diversos. ¿Se puede pensar que califican con objetividad el riesgo crediticio de sus empresas vinculadas?

La desconfianza en la rigurosidad de los análisis de riesgo de las calificadoras no está basada sólo en suposiciones, sino también en hechos concretos. Un estudio realizado por economistas por pedido del Banco Central Europeo en octubre de 2012 demostró que las agencias ponían sistemáticamente mejores notas a las empresas y bancos que eran clientes suyos, y les proporcionaban buenos ingresos. Algunos episodios confirman la presunción de que los negocios pesan más que el profesionalismo.

El trío de calificadoras recomendaba invertir en las empresas norteamericanas Enron o Lehman Brothers casi hasta el momento de su quiebra. También calificaban con la máxima puntuación “AAA” a los derivados de hipotecas norteamericanos hasta que, repentinamente, se convirtieron en “basura”. La triple A también señalaba como de máxima seguridad el sistema financiero de Islandia hasta que se derrumbó en 2008. Para las agencias era seguro comprar títulos públicos de Portugal, Irlanda, Grecia y España, hasta que se desplomaron y pasaron a ser bautizados como PIGS (cerdos). Según las calificadoras, era más seguro invertir en Argentina en 2001 que después de los exitosos canjes de 2005 y 2010.

Cada uno de esos casos dejó un tendal de ahorristas estafados, empresas quebradas y estados en bancarrota. La disconformidad con las calificadoras generó juicios millonarios, multas y tibios intentos por regularlas en Europa y los EE.UU. En nuestro país, la presidenta CFK llamó a “terminar con el verso de las calificadoras” en el marco de una reforma del mercado de capitales local que abre las puertas a las universidades públicas para que analicen el riesgo de las acciones y títulos públicos

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