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Si los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suponen para los países periféricos una cesión de soberanía en favor de las multinacionales, no menos relevante es el fabuloso negocio que implican los litigios que de-sencadena esa legislación para estudios de abogados, árbitros de los tribunales y fondos de inversión. Se trata de una comunidad de negocios con fuertes intereses en común para incentivar costosos litigios que en general son desfavorables para los Estados. Esa conclusión se desprende de un reciente estudio realizado por el Corporate Europe Observatory (CEO) y el Transnational Institute (TNI), distribuido en el país por la asociación civil Attac. El informe “Cuando la injusticia es negocio” demuestra que no sólo las empresas que invierten en los países subdesarrollados presionan para acudir ante un “cambio de reglas” al arbitraje internacional, como es el Ciadi, que depende del Banco Mundial. También lo incentiva un grupo de abogados estrechamente ligados a multinacionales.

Los TBI son convenios que firman dos países para establecer que una controversia entre una empresa y un Estado puede dirimirse en el escenario del arbitraje internacional de inversiones. En el caso argentino, esa instancia judicial es el Ciadi. El discurso neoliberal atribuye a dichos tribunales mayor neutralidad, bajo el argumento de que la Justicia local es permeable a la posición del Estado a la cual pertenece.

“La supuesta neutralidad del arbitraje es un mito. Surgió un pequeño grupo de árbitros de elite que prometieron ser ‘jueces’ neutrales. En lugar de ello, han utilizado su poder e influencia para mantener reglas contrarias a los gobiernos y un flujo constante de demandas multimillonarias. Además, las firmas de abogados globales se dedican a multiplicar los arbitrajes contra países, y los fondos de inversión están consolidando el mercado del arbitraje de inversiones, estimulando demandas especulativas”, explica el trabajo realizado por Pía Eberhardt y Cecilia Olivet. En los ’90, Argentina se abrazó a los TBI como ningún otro país de la región. Ese legado permanece intacto en la legislación nacional.

Los bufetes

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) calculó recientemente que los costos legales y arbitrales en los tribunales de inversión se sitúan en un promedio de ocho millones de dólares por caso, aunque han llegado a los treinta millones. Según datos del Ciadi, árbitros del tribunal reciben honorarios de 3 mil dólares por día, además de gastos y dietas. Eberhardt y Olivet destacan que los gastos suelen ser compartidos, de modo que si a una empresa se le ocurre demandar al país y luego pierde el juicio, los contribuyentes deben igualmente hacerse cargo de la errada apuesta, un negocio para la comunidad jurídica internacional.

En el documento de CEO y TNI se confecciona una lista con las veinte firmas de abogados especializadas en arbitrajes de inversiones con más casos en su haber. Para la Argentina, hay varias facturas conocidas. En el primer puesto del ranking está el estudio Freshfields Bruckhaus Deringer, del Reino Unido, que domina la escena del arbitraje de inversiones en los últimos diez años. Participó en 71 casos en 2011, con ingresos brutos por 1820 millones de dólares y más de dos millones de ganancia por socio. Presta en la actualidad asesoramiento legal a Repsol en su estrategia judicial contra la Argentina, luego de la expropiación de la mayor parte del paquete accionario de la petrolera.

El segundo lugar de la lista es para el estadounidense White & Case, con 32 casos en 2011 e ingresos por 1330 millones de dólares. Ese bufete representó a los acreedores italianos en su demanda contra la Argentina luego del default. El tercer puesto lo ocupa King & Spalding, también de Estados Unidos, compañía que está “especializada en demandas contra Argentina”, según definen las investigadoras. La firma representó a inversores en al menos 15 de los 49 casos contra Argentina en el Ciadi.

Otros ejemplos interesantes son los de DLA Piper, de Estados Unidos, que tuvo once casos en 2011 y es el segundo mayor bufete de abogados del mundo, con ingresos por 2240 millones de dólares en ese año. Representa a varias empresas en demandas contra Venezuela. En tanto, Latham & Watkings, norteamericano, es el cuarto bufete del mundo y representa a la multinacional Indorama en su demanda contra Egipto luego de la caída del régimen de Mubarak. Clyde y Co, de Estados Unidos, no perdió el tiempo y fue el primer bufete en abrir una oficina en Libia luego de la muerte de Khadafi. En el top 20 también hay firmas que participaron de juicios como el de Philip Morris contra Uruguay, minera Pacific Rim contra El Salvador, Telecom Italia contra Bolivia y de Occidental Petroleum contra Ecuador. 25 de cada 30 nuevos casos en el Ciadi recaen en la “elite de los bufetes”.

“Los abogados de los bufetes de elite especializados en arbitrajes cobran hasta mil dólares por hora a cambio de sus servicios. En muchos casos se necesita el trabajo de todo un equipo y los casos duran años. La factura por los servicios jurídicos que deben pagar los países por defenderse de las demandas puede ser astronómica”, indica el informe.

“Neutrales”

Los encargados de resolver los juicios en organismos como el Ciadi son los árbitros. Cada parte designa uno y esos dos eligen al presidente del tribunal. Sus honorarios dependen de la duración y complejidad del litigio, por lo que son aliados del sistema. De todos los abogados que alguna vez fueron árbitros de litigios en el Ciadi, un pequeño grupo de 15 han resuelto el 55 por ciento de los casos. De aquellas demandas de al menos cuatro mil millones de dólares, ese grupo resolvió el 75 por ciento.

La francesa Brigitte Stern es la que más participaciones tiene, con 39 casos, y en general es elegida por los Estados. Motivada por ese antecedente, Argentina la designó como árbitro para el caso Repsol. A Stern le sigue el estadounidense Charles Brower, uno de los favoritos de los inversores, que lo han designado en el 94 por ciento de las veces en que fue árbitro. El tercer puesto entre los árbitros más importantes lo ocupa Francisco Orrego Vicuña, de Chile. Considera que “sin los TBI los países no tendrán nada que ofrecer y perderán la inversión”, algo que contradice la experiencia brasileña, por ejemplo, donde ningún TBI está activo y allí se dirige un enorme flujo de inversión extranjera directa. Orrego Vicuña fue un importante funcionario de la dictadura de Pinochet y recientemente fue elegido por Repsol en su demanda contra el Estado argentino.

Además de los abogados que representan a las partes y los árbitros que componen el tribunal que decidirá la suerte de la demanda, un tercer actor forma parte de la comunidad de negocios del arbitraje internacional. Son los bancos, fondos de alto riesgo y compañías de seguro que invierten en pleitos de otra entidad y reciben una porción del pago si el resultado obtenido es favorable. La rentabilidad, según estudios especializados, oscila entre un 30 y un 50 por ciento. Constituye un factor que también genera un incentivo a presentar demandas por parte de las multinacionales