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“Si Argentina, que es sin dudas el país más afectado del mundo por estos tratados, no innova en la materia y patea el tablero, ¿quién podría hacerlo?”, se pregunta Javier Echaide, investigador de la UBA y especialista en arbitraje internacional. Argentina firmó 58 Tratados Bilaterales de Inversión entre 1990 y 2002, de los cuales 55 están vigentes. La salida de la convertibilidad, por la ruptura que supuso de numerosos contratos celebrados en dólares, motivó que la Argentina fuera el país más demandado del mundo. El Estado debe afrontar los costosos litigios (ver nota principal), pero todavía no pagó ningún laudo. Para Echaide, la salida es plantear la nulidad de los tratados.

¿Cuál es el escenario que enfrenta la Argentina en el Ciadi?

–La totalidad de litigios que en algún momento se presentaron contra la Argentina llega a 55. De ellos, seis fueron recurridos con pedidos de nulidad, 17 se están tramitando, 14 finalizaron (ocho de ellos con laudos en favor de las empresas y seis en favor del Estado) y 18 se abandonaron o se cerraron con acuerdo de partes. Hasta ahora se perdieron definitivamente sólo dos casos: Azurix, que manejaba aguas y cloacas en la provincia de Buenos Aires, y CMS, accionista de TGN. La última demanda es la más grande, por 10.500 millones de dólares, presentada por Repsol.

¿Cuánto se debe y qué salida se avizora?

–Argentina debe cerca de 320 millones de dólares por las dos demandas ya perdidas definitivamente, quedando pendientes de resolver casos por 663 millones, si se cuentan sólo los litigios más activos y con monto establecido. Las decisiones de los tribunales arbitrales del Ciadi son inapelables, dado que no existe una instancia superior a la cual recurrir, y su cumplimiento es obligatorio para las partes. Sin embargo, en el derecho internacional no es sencillo ejecutar a un Estado soberano. La estrategia de Argentina parece ser la de jugar dentro de las reglas del Ciadi y de hacerlo con fuerza hasta las últimas instancias. Bajo esta premisa, el Estado reconoce los laudos, pero pide que las empresas se presenten a los tribunales locales para ejecutarlos, algo que las firmas se niegan a aceptar.

¿Cuál es la situación que atraviesan otros países de la región?

–Bolivia se retiró del Ciadi en 2007, Ecuador lo hizo en 2009 y Venezuela en 2012. Brasil desde un primer momento se negó a entrar en el sistema y mantuvo su soberanía jurisdiccional. Por esa razón, no es miembro del organismo ni tiene ningún TBI en vigor. Hasta ahora, Argentina, a pesar de dilatar los pagos pendientes, no los ha rechazado y mantiene los tratados de inversiones que fundamentan demandas como la de Repsol.

¿Qué opciones aparecen para que no se continúen acumulando los laudos desfavorables, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias que puede traer el caso Repsol?

–Argentina podría denunciar el Convenio de Washington y todos los TBI en bloque. Sin embargo, ese camino supone importantes problemas para los próximos años, puesto que los tratados poseen cláusulas de ultraactividad por hasta 15 años después de denunciados. Esto permite que los tratados sigan vigentes por ese plazo, problema que hoy enfrenta Bolivia por ejemplo. Otra opción es directamente plantear la nulidad de los TBI, lo que tendría efectos retroactivos sobre todos los litigios comenzados desde su vigencia. Se trata de una medida que es posible tomar para Argentina porque la esencia de estos tratados es prorrogar su jurisdicción en favor de una instancia internacional como el Ciadi, mecanismo que contradice al artículo 116 de la Constitución Nacional. Por otro lado, el artículo 46 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 contempla la facultad de anular los tratados si van manifiestamente en contra de una norma fundamental del Estado. Si se toma esa opción, los procesos vinculados con el Ciadi quedarían como si nunca hubieran existido