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“Especule y vuelve” es hoy la consigna de quienes resisten la política de desendeudamiento y luchan por el retorno del FMI al poder. “Volveré y seré millones de dólares” es la profecía que busca sumar voluntades para la reconstrucción de la patria financiera. Por ello, mientras alientan corridas en el mercado cambiario y ponen al tope de la agenda mediática la nueva marca alcanzada por el dólar blue, comentan que Brasil y México obtuvieron préstamos a largo plazo a poco más del 4 por ciento. Buscan así instalar la idea de que colocando bonos a tasas bajas en los mercados internacionales se incrementarán las reservas y se ahuyentará el temor a una brusca devaluación, permitiendo eliminar las restricciones al atesoramiento, el turismo y las importaciones. De esa manera, la actividad económica podría incrementarse sin los molestos límites que impone la escasez de dólares, y la clase media dejará de hacer sonar sus cacerolas permitiendo un amplio triunfo electoral de quien sea el impulsor de esas medidas.

Lo que pocos mencionan es que para obtener el carnet de acceso a los mercados hay una serie de condiciones que no sólo incluyen pasar la revisión estadística del FMI, sino también arreglar un plan de pagos por las cuotas adeudadas a los fondos buitre, el Club de París y el Ciadi. Respecto de los fondos buitre, la posibilidad de acordar depende del resultado final del fallo de la Justicia de Nueva York. De dar lugar a la posición de los buitres, la posibilidad de acordar se vuelve muy lejana, ya que pagarles el ciento por ciento de lo que demandan podría activar pedidos similares del 92,4 por ciento de los bonistas que aceptaron el canje. En cambio, de prevalecer la oferta argentina, existe la posibilidad de regularizar esa deuda con un esquema de pagos viable, aunque con su complicación para el 2017 cuando vencen los bonos entregados a cambio de los intereses caídos desde 2005, a quienes adhieren posteriormente al canje.

Otro frente es el Club de París, que en un primer acercamiento adicionó a la deuda en cesación de pagos –parte de la cual fue contraída en tiempos de la dictadura militar– intereses caídos y punitorios hasta alcanzar la suma de 9000 millones de dólares. A ello hay que sumar las multimillonarias demandas que diversas empresas realizaron en el tribunal del Ciadi, a raíz de no haberles permitido dolarizar sus tarifas al salir de la convertibilidad, por la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario de Repsol en YPF, entre otros motivos. Se barajan sumas en decenas de miles de millones de dólares, lo que plantea la imposibilidad de pagarles en efectivo, y la necesidad de renegociar un acuerdo de pagos, con posibles emisiones de nuevos bonos si se quisiera cumplir con las sentencias.

Sin embargo, el principal inconveniente de la estrategia de retorno a los mercados no es sólo la necesidad de realizar cuantiosos desembolsos en dólares que mermaran nuestras reservas y pondrán en riesgo la estabilidad económica, con la promesa incierta de un futuro acceso a dólares a bajo costo, sino que no resuelve el problema de fondo de la dependencia de insumos y maquinarias importadas, de la necesidad de ganar mercados a través de acuerdos regionales o de la pérdida de competitividad generada por la presión sobre costos y salarios del encarecimiento en dólares de los alquileres. El endeudamiento posterga la resolución de los problemas en el tiempo, empeorando el faltante de dólares a futuro al ritmo que le impone la fórmula del interés compuesto. El final es conocido: la insolvencia y la entrega del manejo de la política económica a los organismos financieros a cambio de la refinanciación de las deudas acumuladas

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