El proyecto de exteriorización de capitales generó un debate en torno de la compatibilidad de la medida con la lucha contra el lavado de activos. Algunos sectores plantean si la iniciativa cumple con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, sostuvo que las entidades financieras deberán continuar con el proceso de reportar cualquier indicio sospechoso de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El GAFI, en su manual para la gestión de políticas antilavado de dinero, establece una serie de criterios para distinguir activos que provienen de la evasión tributaria de los que se originan por delitos graves. “El único blanqueo que se exculpa es el tributario”, remarcó Sbattella. En el blanqueo de 2008-09 se investigó la procedencia de los fondos y se generaron 631 reportes de operaciones sospechosas por 543,6 millones de pesos, hasta detectar dinero cuyo origen era el narcotráfico.

La posibilidad de ingresar a la economía formal dinero no declarado requiere reforzar los controles para evitar el ingreso de fondos provenientes de actividades ilícitas. Desde el anuncio del blanqueo se generalizó la idea de que no se preguntaría nada respecto del origen de los fondos. No es así. Si bien se condonará la deuda con el Fisco, el ingreso de las divisas pasará por los controles de la UIF. El proyecto establece claros límites que imposibilitan la adhesión al blanqueo para aquellos que tengan una situación de quiebra, imputados por delitos de lavado o financiamiento del terrorismo y quienes ejerzan o hayan ejercido la función pública y sus cónyuges y parientes. Esto implica que se analizará el origen de los fondos.

De acuerdo con un estudio del Centro de Información y Prevención de la Criminalidad Económica, los delitos económicos le significaron al Estado un perjuicio de 13.000 millones de dólares en las últimas tres décadas. La adecuación de la ley aprobada en 2008 y que su vigencia se extendió hasta el año siguiente permitió que se reportaran aquellas operaciones sospechosas de provenir de actividades ilícitas. Unas 35 mil personas físicas y jurídicas se adhirieron a la repatriación de capitales. Hubo 631 casos sospechosos, en su mayoría reportados por el Banco Nación y la AFIP por 543,6 millones de pesos. Sólo 21 reportes no fueron tenidos en cuenta. Fueron elevados 52 casos al Ministerio Público Fiscal: 12 fueron radicadas como causas penales, cuatro siguen en curso y seis son colaboraciones en casos de trascendencia; las 30 restantes están pendientes de levantamiento del secreto fiscal. El resto (558 casos) se encuentra archivado en guardia activa de la UIF, con el análisis en suspenso.

El caso más resonante fue el del colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, buscado en los Estados Unidos por ser parte de una organización de narcotraficantes. El jefe narco se presentó en 2009 para blanquear dinero en el país. Finalmente fue apresado en abril del 2011 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y sus cuentas y tarjetas de crédito se las congeló la UIF tres horas después. Con menos repercusión, se registran reportes en trámite ante la Justicia por narcotráfico y lavado de activos que involucran a Mauricio y a Sebastián Alvarez Sarria por tres millones de pesos cada uno. Otro es el de Adolfo Ale, con una denuncia de la UIF por dinero de la trata de personas en Tucumán, por tres millones de pesos, según registros de la unidad que conduce Sbattella. Figuran también Liliana Aurehhuliu, con 3,7 millones de pesos ingresados al blanqueo y acusada por venta de medicamentos adulterados; y Genaro Aversa –yerno de Julio Grondona–, que pretendió blanquear 5 millones y fue acusado de estafa por la difusión de derechos televisivos de la AFA. Sbattella estima que en el próximo encuentro en el GAFI, éstos y otros casos sobre los que avanzó la Justicia servirán para responder a eventuales críticas por el actual blanqueo. El propio GAFI contempla procesos de voluntary tax compliance (cumplimiento tributario voluntario), con el único requisito de que no se atenúe el proceso de revisión, algo que el titular de la UIF aseguró que en este blanqueo tampoco sucederá

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