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El costo y el acceso al financiamiento de las empresas son factores clave a la hora de facilitar el desarrollo del sector productivo de cualquier país. El sistema bancario comercial tradicional tiene allí una de sus principales razones de ser. A partir de una eficiente evaluación del riesgo, deberían asignar el dinero a las empresas, a tasas accesibles. No obstante, los principales bancos privados del país han priorizado la oferta de productos financieros destinados al consumo personal, dejando en segundo plano el crédito para inversión productiva. El Gobierno ha implementado algunas medidas para orientar una parte de los depósitos hacia el aparato productivo. Ejemplo de ello es la resolución del Banco Central que obliga a los bancos a prestar una parte de sus depósitos para inversión productiva, a una tasa del 15 por ciento anual. Asimismo, una reglamentación aprobada en 2012, del sector asegurador, obliga a esas compañías a invertir un 10 por ciento de sus reservas en instrumentos financieros para el mismo fin.

El mercado de capitales suele vincularse, en los medios de comunicación, a los comportamientos más especulativos, más cercano a un casino financiero que a un mecanismo serio de financiamiento empresario. La moda desreguladora de los mercados financieros de los ’90, impulsada por el FMI y el Banco Mundial en todo el mundo, trajo aparejadas numerosas crisis sistémicas, como la del sudeste asiático en la segunda mitad de esa década y, más recientemente, en 2008, la crisis financiera desencadenada por la quiebra de Lehman Brothers.

En la Argentina, el mercado de capitales se encuentra en pleno proceso de reforma, tras la sanción de la ley 26.831 en 2012, que se encuentra en reglamentación. La ley tiene como finalidad ampliar y facilitar el acceso de las empresas y el público en general. El dato más relevante es la “desmutualización”. Actualmente, la Bolsa de Comercio es una sociedad anónima, y sólo sus socios pueden erigirse en agentes de Bolsa. Los agentes son quienes realizan las operaciones de colocación de instrumentos financieros y de compraventa, y la ley permitirá que cualquier persona física o jurídica, que cumpla con los requisitos de la reglamentación, pueda operar en la Bolsa, lo que generará mayor competencia y, por ende, una posible baja en las comisiones de los agentes financieros intermediarios. Bajar las comisiones significa reducir el costo de financiación para las empresas, y con ello transferir recursos del sector financiero al sector productivo.

No obstante, en los últimos años se ha producido un notable incremento de la participación de las empresas pymes en la Bolsa. Si bien las magnitudes todavía son pequeñas, la tendencia es más que clara. En los últimos cinco años, entre 2008 y 2012, las pymes aumentaron un 1427 por ciento su participación en operaciones de financiamiento. El instrumento preferido es el Cheque de Pago Diferido –un 82 por ciento del total–, una particularidad del mercado local, hija de la crisis de 2001 y reglamentada en 2003, que permite la negociación bursátil de estos cheques. En la práctica, son órdenes de pago diferidas de corto plazo, ya que el período máximo son 365 días. El segundo instrumento más utilizado son los Fideicomisos Financieros, con un 12 por ciento del total. Se destina principalmente para el crédito al consumo de las grandes cadenas de electrodomésticos, tarjetas de descuentos, etc. Por último, sólo un 6 por ciento del total negociado por las pymes corresponde a Obligaciones Negociables, o bonos corporativos. Son instrumentos de mediano y largo plazo, y a pesar de no ser la herramienta más usada, también se observa un notable incremento. En 2008, las pymes lanzaron al mercado cinco Obligaciones Negociables, todas en dólares, por 10,6 millones de pesos. En 2012, se registraron 18, de las cuales tres fueron en dólares y las otras en pesos. En total, el financiamiento pyme con este instrumento ascendió a 132,9 millones de pesos, un incremento de casi el 1200 por ciento. Resulta alentador que empresas pymes de diversos sectores recurran al mercado de capitales para financiarse. Estos datos nos muestran una tendencia positiva, y la reforma del régimen regulatorio aprobada por el Congreso el año pasado servirá para consolidarla y ampliar esta herramienta como medio de financiamiento del aparato productivo

* Economista, integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP).