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Hace tiempo que venimos reclamando la prohibición del percloroetileno, el solvente de las tintorerías rápidas, mal llamadas ecológicas. Se trata de una sustancia tóxica, que amenaza la salud de trabajadores de tintorerías y sus vecinos o usuarios. El principal solvente sintético que utilizan, el percloroetileno, pertenece a una familia de sustancias químicas –las dioxinas– que han sido reconocidas como uno de los productos más tóxicos que ha elaborado el hombre. Es claramente una situación en la que la relación riesgo-beneficio es desfavorable, por lo cual es necesario retirarlo del mercado.
Cuando en los países desarrollados se impusieron fuertes restricciones al empleo de esta sustancia, las grandes cadenas de tintorerías se encontraron con que su vieja maquinaria contaminante ya no era admitida. Como en tantas otras situaciones, decidieron enviar esas máquinas a algún país del sur y así aparecieron en Argentina esas cadenas de tintorerías rápidas, muchas de las cuales están en supermercados y shoppings. Numerosas organizaciones ambientales y sanitarias han denunciado que, al igual que las demás dioxinas, el percloroetileno es muy estable y puede permanecer en el aire, el agua o el suelo, cientos de años, ya que resiste a los procesos de degradación. Por otra parte, como prácticamente no existe de manera natural, es decir producido por la misma naturaleza, los seres vivos no han desarrollado métodos para metabolizarlo y detoxificarlo, por lo que tampoco puede llegar a degradarse biológicamente.
A pesar de las grandes restricciones establecidas en el Primer Mundo, los norteamericanos consideran que no son suficientes como para proteger su salud. Así, el estado de California está estudiando la completa prohibición de todos los sistemas de limpieza que incluyen el percloroetileno, según informa la propia Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías en su página web.
En diversas ocasiones hemos distribuido información toxicológica sobre los riesgos sanitarios y ambientales de esta sustancia y hemos pedido su prohibición en la Ciudad de Buenos Aires, que es nuestro ámbito de competencia. Hasta ahora encontramos poco interés por el tema en autoridades y legisladores porteños, pero la información que produjo nuestra oficina circuló por todo el país y fue la base para que Puerto Madryn y el Municipio de la Costa prohibieran el percloroetileno. A ambos municipios se agregan ahora el de Río Cuarto, a partir de un proyecto presentado por su Defensor del Pueblo, Mario Alesci, y el de Bariloche, impulsado por el concejal Claudio Lueiro.