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En pocos días más la Comisión de Comercio Exterior del Ministerio de la Producción decidirá en audiencia pública una investigación impulsada por Monsanto y Atanor –las dos principales empresas productoras de glifosato, un herbicida de amplio espectro que se utiliza en producción de soja transgénica– que se oponen a la importación de ese producto de origen chino ingresado al país por una docena y media de empresas quienes, a su vez, lo procesan e industrializan con el fin de volcarlo al mercado, generando una competencia genuina.
Monsanto posee casi el 65 por ciento del mercado de glifosato, Atanor tiene el 15 por ciento y el resto lo comercializan 18 empresas argentinas que se perjudicarían si se frena la posibilidad de importar el producto. Monsanto y Atanor sostienen que el glifosato se importa de China a precios de dumping y amenazan con paralizar inversiones si la Secretaría de Industria y Comercio falla en contra de sus intereses. Argentina importa desde ese país 35 millones de dólares en glifosato.
Desde el lado de los productores, si la denuncia resultara favorable a Monsanto, esta firma se quedará con el 94 por ciento del mercado argentino teniendo una posición dominante y convirtiéndose en una empresa monopólica que determinaría el valor del producto sin una competencia consistente y, además, podría generar desabastecimiento y un costo adicional a la pujante producción local, que este año alcanzó a 35 millones de toneladas de soja. Desde el lado de las empresas argentinas que procesan el glifosato importado, se provocaría el quebranto de 18 firmas, con el perjuicio adicional sobre el empleo que la industrialización del herbicida genera. De hecho, estas empresas emplean a 700 personas para la industrialización del herbicida contra 70 que, por caso, la firma Monsanto contrata para su producción.
Una decisión oficial contraria a los intereses de los productores, aunque beneficie a Monsanto y Atanor, traería aparejado un fuerte perjuicio a la Argentina ya que sería evaluada por China como una medida proteccionista tendiente a favorecer la generación de un mercado cautivo, y en consecuencia podría provocar una traba a las exportaciones argentinas hacia ese país, que llegan a 800 millones de dólares anuales, de los cuales la mayor parte corresponde al complejo oleaginoso (soja y aceites).
Esperamos comprensión sobre la postura de los productores y solicitamos un tratamiento igualitario a ambas posturas.