Si en diciembre de 2010 y 2012 hubo un escenario marcado por saqueos inducidos por bandas delictivas y medios de comunicación en las principales ciudades del país, buscando revivir las jornadas de diciembre de 2001, este año han tenido un componente adicional: los acuartelamientos de las policías provinciales. La sucesión de hechos violentos tuvo todas las características de zonas liberadas por las fuerzas policiales, en combinación con la actuación de grupos organizados para delinquir, inclusive en algunos casos directamente vinculados con los cuerpos policiales.

Operando como fantasmas sobre algunos de los mayores dolores y frustraciones argentinos –hiperinflación, saqueos, represión y la sugestiva posibilidad del final abrupto del mandato presidencial–, estos hechos se situaron en el centro de una apuesta político-mediática que apuntó nuevamente a que los métodos de vandalismo organizado se expliquen por sí solos, como expresiones de una sociedad cuya estructura social no se ha alterado en diez años. Esto no significa minimizar la participación espontánea de algunos sectores de la población, sino establecer la diferencia entre un levantamiento popular y la organización del delito, que, de haber tenido sustento real en la insatisfacción social, habría desencadenado un verdadero caos.

Los conflictos actuales responden a razones económicas, pero no necesariamente en base a necesidades y demandas no satisfechas sino más bien a los desequilibrios provocados por las necesidades estructurales: los recursos que se obtienen por negocios ilegales en el día a día de la calle (donde se ubica la venta de droga) y las posibilidades de ascenso social a través de las altas rentabilidades que derivan de estas prácticas.

En distintos países de América latina, el fin de las dictaduras militares y la pérdida de influencia de las fuerzas armadas han sido inversamente proporcionales al incremento del poder policial resultante del manejo del espacio público. El intento de golpe a Rafael Correa en 2010 y las huelgas policiales en los estados brasileños dan cuenta de ello. Las fuerzas policiales han tomado la posta en la tarea de extorsionar al poder político, a partir de detentar la regulación de la narcocriminalidad y la administración del delito, a los que se agregan los recientes acuartelamientos extorsivos sobre los gobiernos provinciales en nuestro país.

Debate

En relación con la desigualdad como característica estructural de la economía argentina, el debate heterodoxo es intenso. Algunos estudios ponen el acento en el cambio de régimen operado desde 2003 en relación con los ’90, colocando mayor énfasis en los resultados de los indicadores económicos y de empleo: crecimiento económico, aumento de ingresos reales, importante creación de puestos de trabajo, aumento de jubilaciones y de cobertura, aumento del salario mínimo vital y móvil.

Desde otra óptica, hay quienes consideran que no existe tal proceso de ruptura en el funcionamiento estructural de la economía (y por ende del mercado de trabajo) en tanto continúan en la misma senda de la convertibilidad. Para ellos, la continuidad está dada por el aumento de la productividad, la segmentación del mercado de trabajo y las ramas que motorizan el crecimiento, que no reflejan cambios que constituyan un nuevo régimen en tanto la mayor parte de la desigualdad de ingresos se sigue explicando por una estructura económico-ocupacional que mantiene vigente la segmentación de los mercados laborales.

En este debate, si bien se observan dificultades producto del funcionamiento estructural de la economía resultante del modelo implementado a partir de marzo de 1976, ha habido un sustancial cambio estructural que ha sido la transformación en el rol del Estado: de uno subsidiario y garante del negocio privado, a otro no neutral y a favor de los trabajadores, que ha impulsado, particularmente, la recuperación salarial y las negociaciones colectivas, el apuntalamiento a la producción de bienes (sobre todo industriales), y las políticas de inclusión como la reestatización del sistema previsional, el incremento de la cobertura de la seguridad social, la Asignación Universal por Hijo, el Consejo del Salario y las negociaciones colectivas, y la reducción de la desocupación, eliminando su presión como disciplinador social.

Este viraje implicó condiciones objetivas para el avance de los trabajadores. En cifras, el índice de Gini ha mejorado sustancialmente. Teniendo en cuenta que sus valores van de 1 a 0 y que cuanto más cerca se encuentra del primero más concentrada está la riqueza, de 0,476 al momento de la asunción de Kirchner en 2003 se llegó en la última medición a 0,394. Habida cuenta de que desde 2003 el objetivo principal ha sido atacar la pobreza por ingresos mediante la recuperación del poder adquisitivo de vastos sectores sociales, ya con CFK como presidenta se impulsaron políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población, como los programas de cloacas, agua potable, regularización dominial, la continuación de los planes de vivienda preexistentes y la puesta en marcha del programa Pro.Cre.Ar. No obstante, la reducción de los índices de pobreza e indigencia se enfrenta hoy con la problemática del déficit habitacional y las dificultades de acceso a la tierra, que determinan que importantes franjas de la población, inclusive con necesidades básicas resueltas, habiten en los márgenes de las grandes urbes y sean el blanco de la violencia policial.

En el marco de la actual coyuntura, cada una de estas realidades debe ser parte del balance que dé cuenta de las deudas sociales resueltas y por resolver. Pero deben colocarse en su justo término, discutiendo la tesis del estallido social y su raigambre en demandas insatisfechas. Esto no significa creer que en la Argentina está todo resuelto. Pero es imprescindible entender que hay una clara finalidad política en inducir al conjunto de la sociedad a creer que el 2001 está a la vuelta de la esquina. Esto es, sin dudas, la expresión de la frustración de sectores privilegiados imposibilitados de condicionar el funcionamiento político a su antojo, cuestionando por sus “incumplimientos” en materia social al Gobierno que más ha hecho por los que menos tienen. Y es por eso que lo cuestionan.

* Politóloga y ** contador del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).