El sector privado tiene muchísimas formas de ganar dinero. Puede hacer dinero con lo que va de un lápiz a una turbina, pasando por cuanta mercancía se le ocurra. Pero el neoliberalismo llevó a tal extremo la codicia de los grupos empresarios que arremetió contra la docena de áreas donde debería actuar directamente el Estado: la salud y la educación, la seguridad social, la defensa y el monopolio de la fuerza armada, un par de industrias estratégicas y los servicios básicos, entre ellos la electricidad.

En la privatización del agua, el gas o la luz radican muchos de los males que enfrentan con los servicios “públicos” los “usuarios” y “clientes”, ya no ciudadanos ni mucho menos prioridad del “prestador” privado, pese a que la publicidad los invoque, pues el primer objetivo del empresario es su ganancia. Y es legítimo que así sea, no así el marketing engañoso.

Pasa en Argentina con los cortes de luz y pasa en tantos otros lados como España, de donde en los ’90 llegó a nuestro país justamente una de las privatizadas de la electricidad. Si no invierten es porque no les cierra el negocio con las tarifas que cobran (dizque “baratas”) y que en el neoliberalismo son astronómicas.

En estos días el gobierno de Mariano Rajoy frenó el tarifazo que amenazaba con subir la luz 11 por ciento desde enero. Ese ajuste en uno de los países europeos con mayor crisis, recesión y desempleo (26 por ciento) y el sexto de la UE ya con la tarifa más cara (la luz subió 81 por ciento en una década) era reclamado por Endesa, Gas Natural Fenosa, HC e Iberdrola, que acusaban “déficit”.

En el primer gobierno de José Aznar (cuando era vicepresidente económico Rodrigo Rato, ex FMI, imputado por el escándalo del banco Bankia, que debió ser nacionalizado, y hoy es asesor de Telefónica) se liberó el sector eléctrico vendiéndoles a los españoles que habría precios bajos por la “libre competencia”. No sólo los precios subieron en una proporción arriba mencionado, sino que la deuda de las empresas se empinó en modo inexplicable. Dijo Carlos Enrique Bayo, director del diario electrónico Público, en un artículo también reproducido en el sitio Sinpermiso: Primero el Estado le dio 12 mil millones de euros al sector privado por los Costos de Transición a la Competencia (CTC) que debían afrontar, pero en 2005 resultó que habían recibido más dinero por los precios de mercado que habían fijado para “asegurar su rentabilidad”. En 2006, por eso, cayeron los CTC pero las empresas “no reembolsaron sus beneficios extraordinarios”. Luego el Estado comenzó a inyectar cifras astronómicas en subsidios y retribuciones por gas y gasoil. Desde 2008, los contribuyentes abonaron casi 15.000 millones de euros a esos fines, “enmascarados en una terminología (pagos por capacidad, extrapeninsulares, interrumpibilidad) claramente diseñada para confundir al que tratase de desentrañar esas ayudas públicas a emporios empresariales”. Y finalmente, para las eléctricas “los beneficios caídos del cielo (más o menos, así se llaman en jerga econométrica inglesa: windfall profits, los que trae el viento) han sido desorbitados: otros 14.000 millones de euros de ganancias extraordinarias en cinco años por la diferencia entre el coste de producción de la energía y su precio en el mercado (otra palabra: ‘sobrerretribución’). Para que nos entendamos, el coste del MWh en centrales hidráulicas ya amortizadas es de 3 euros, y en las plantas nucleares es de en torno a 20, pero los generadores cobraron el MWh a 50 euros en 2012, y a 65,9 en 2008”.

Pese a estos beneficios, según el gobierno de Rajoy los españoles –que por cierto pagan la electricidad a más del triple del precio que las grandes industrias y 155 por ciento más cara que las medianas empresas y el sector servicios– deben aún 26.000 millones de euros a las eléctricas.

En ese marco se anunció el tarifazo de 11 por ciento para enero, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debió rechazar ante la ola de repudios. Se cree que ahora sería de 2 a 3 por ciento. Las patronales atacaron a José Manuel Soria, ministro de Industria, como si fuera su empleado.

El sistema de ajustes es una subasta del pool u oligopolio del sector hecha periódicamente y donde el Estado interviene aunque hasta ahora había dejado hacer, permitiendo una muy alta rentabilidad que, en cambio, limita y mucho a las energías alternativas.

En medio de la crisis económica, la cantidad de hogares que sufrieron cortes de luz por impago ascendió a 1,4 millón, “más del doble que antes de la crisis”, dijo Izquierda Plural. Esa alianza política, que incluye a Izquierda Unida, presentó propuestas para prevenir la pobreza energética, como prohibir a las eléctricas cortar durante el invierno el suministro de luz a las familias que no pueden pagar por problemas económicos. Hay cuatro millones de españoles con ese problema.

Hablando del tema, el portavoz del gobernante PP, Mario Flores, dijo que Rajoy está haciendo “verdaderos esfuerzos en implementar medidas sociales para garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar”, entre los cuales –ironizó Bayo– “incluyó ¡la Reforma Laboral que ha reducido los salarios y abaratado el despido! Parece mentira cómo se tergiversan aquí las cosas, y continuó sin pestañear: ‘Pueden estar tranquilos, porque la preocupación y sensibilidad del gobierno para buscar soluciones a cualquier problema de carácter social es más que patente’. No sé si refería a la patente de corso, en un momento en que las eléctricas reparten dividendos mientras Ecoserveis (dedicada a estudiar la pobreza energética en España), calcula que los efectos de la pobreza energética alcanzan a más de un 10 por ciento de la población española”.

La Cruz Roja dijo que 58 por ciento de las personas que atiende este año tenía problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada, un 16 por ciento más que en el 2011. Además, una de cada tres personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos, como el agua, el gas o la luz.