Por Hernán Letcher *

y Julia Strada **

“Devaluaciones eran las de antes”, respondió el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando los medios, que antes pedían la devaluación, ahora lo acusaban de ortodoxo. El comentario no fue en vano. Las recientes operaciones económico-mediáticas han tenido un objetivo claro: propiciar una devaluación brusca y que ésta oficie de antesala para la aplicación de un paquete de medidas de ajuste que en definitiva signifiquen una brutal transferencia de ingresos del trabajo al capital.

Lo que ocurrió en el último mes poco se parece a los tradicionales episodios de ese tipo (ver gráfico).

Vale recordar algunos ejemplos.

Rodrigazo

El violento ajuste cambiario del 719 por ciento en 1975 fue acompañado por un fuerte incremento de tarifas en distintos rubros (nafta especial 172,7 por ciento; nafta común 181,3; otros combustibles 52; electricidad 40-50; gas 40-60; transporte público 75; subtes 150 por ciento). Estos aumentos se tradujeron en un efecto disparador en el resto de los precios. Asimismo, en materia de política laboral, Celestino Rodrigo desarticuló los mecanismos establecidos por el peronismo, que brindaban la posibilidad de controlar precios y salarios en forma conjunta con paritarias celebradas en el marco del Pacto Social.

Impactos. Los tarifazos y la inflación hicieron mella en el salario real y llevaron a la caída de la participación de los trabajadores en el ingreso del 48,5 al 45 por ciento, la cual se profundizó con las políticas de la dictadura de congelamiento de salarios y liberación de precios de mayo de 1976, llevando dicha participación al 30,4 por ciento.

Crisis de 1981

En el marco de un proceso económico desindustrializador y de redistribución regresiva impulsado por la dictadura, el aumento de la paridad cambiaria durante 1981 fue del 226 por ciento. En una primera instancia, durante la gestión de Lorenzo Sigaut, se aplicaron tres devaluaciones sucesivas, pero fue posteriormente con Roberto Alemann que se implementaron políticas de ajuste sustentadas básicamente en el congelamiento de los salarios y el recorte de los subsidios a las empresas estatales. Coronando la transferencia de ingresos, casualmente en el mismo año, se inició la estatización de la deuda privada a través de los seguros de cambio.

Impactos. Entre 1980 y 1981 el desempleo pasó del 2,6 al 6 por ciento y los asalariados perdieron 6,8 puntos de su participación en el ingreso (de 29,4 a 22,6 por ciento).

Hiperinflación de 1989

Instada por presiones de los acreedores externos, en una puja con los grupos económicos locales por la apropiación del excedente, el aumento de la paridad cambiaria llegó al 2038 por ciento. La magnitud de semejante shock económico generó las condiciones políticas para la aplicación de un feroz ajuste: en septiembre de 1989 la Ley de Emergencia Económica (23.697) suspendió por 180 días los subsidios y subvenciones, los regímenes de promoción industrial, los regímenes de promoción minera y el régimen de compre nacional; prohibió por igual plazo efectuar contrataciones o designaciones de personal que incrementaran el gasto en el ámbito del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de la administración pública centralizada y descentralizada. Por su parte, un mes antes había sido sancionada la Ley de Reforma del Estado, que declaró la necesidad de privatizar una extensa lista de empresas estatales y delegó en el presidente elegir la manera específica de realizarla.

Impactos. El desempleo pasó del 5,7 al 7 por ciento, y el subempleo de 7,4 al 8 por ciento; la pobreza aumentó del 32,3 al 47,3 por ciento y la indigencia del 10,7 al 16,5 por ciento. La participación de los asalariados descendió de 29,4 a 26,7 por ciento.

Fin de la convertibilidad

En 2001, luego de los fallidos recortes de López Murphy, Cavallo impulsó la Ley de Déficit Cero, que significaba la reducción del gasto público en 1500 millones de pesos, tanto para la Nación como para las provincias. La imposibilidad de hacer frente a los pagos de la deuda con los repetidos ajustes y la insostenibilidad del costoso 1 a 1 llevaron a un ajuste cambiario a principios de 2002 del 214 por ciento, que vino acompañado de la pesificación asimétrica. Remes Lenicov, bajo presión de los empresarios más poderosos, decidió pesificar las deudas privadas superiores a los cien mil dólares, a la relación un peso-un dólar. Los depósitos de los ahorristas y los pases del Banco Central, en cambio, se pesificaron a 1,40 por dólar, al igual que los préstamos del sector público y los encajes bancarios. El costo de esta diferencia (socialización de las pérdidas), saldado con emisión de títulos públicos, compensaciones varias y auxilios públicos con líneas de redescuentos, implicó el aumento en aproximadamente 47.000 millones de dólares de deuda pública nacional. Significó en un solo año, un incremento del 30 por ciento del pasivo público.

Impactos. La devaluación produjo una transferencia de ingresos del trabajo al capital del orden del 9 por ciento. El salario real cayó un 30 por ciento, la pobreza se elevó al 54 por ciento y la indigencia al 30 por ciento. La participación de los asalariados en el valor bruto de producción descendió del 38 al 31 por ciento y la desocupación se elevó al 22,5 por ciento.

Enero y la corrida

Las presiones devaluacionistas de principios de 2014 están concatenadas con otras operaciones que se han multiplicado particularmente desde el 2011: la especulación con el dólar blue, la reticencias a liquidar la cosecha de los exportadores, la remarcación de precios de parte de los oligopolios concentrados tomando al dólar paralelo como referencia y, fundamentalmente, el persistente drenaje de reservas del Banco Central a través de varias corridas cambiarias.

La devaluación de enero, tanto por magnitud (del orden del 25 por ciento), como por las políticas de sostenimiento del ingreso implementadas de manera concomitante, contrasta con las significativas devaluaciones descriptas anteriormente. De hecho, durante enero, y como respuesta a las presiones tendientes al ajuste, el Gobierno impulsó el Progresar, anunció los aumentos de las jubilaciones y de la asignación por ayuda escolar, políticas que se suman a una serie de medidas de corte heterodoxo implementadas también en los últimos años (Pro.Cre.Ar, Fondear –orientación del 5 por ciento del crédito al sector productivo–, entre otras).

Desde esta óptica, se entiende que la presión por la devaluación y el ajuste son el resultado del conflicto generado como reacción a esta política económica: las utilidades de las 500 empresas de mayor tamaño del país desde el 2007 han caído del 35,8 al 26,5 por ciento, y como contrapartida, se ha incrementado el salario medio (según el Ministerio de Trabajo durante el 2013 tuvo un alza del 25,5 por ciento, superando tanto los aumentos de precios medidos por el Indec y por el IPC Congreso).

La disputa actual se da, en definitiva, entre los promotores de una devaluación brusca que anticipe la implementación de un paquete de medidas de ajuste y un mecanismo de transferencia de ingresos que discipline a las mayorías populares y permita recuperar márgenes de ganancia en dólares; y aquellos que apuestan al sostenimiento y profundización de las políticas de ingreso impulsadas en la última década

* Contador.

** Politóloga.

Centro de Economía Política

Argentina (CEPA).