El Gobierno apeló esta semana ante la Corte Suprema de Estados Unidos la decisión de los juzgados de primera y segunda instancia de Nueva York, que obligan al país a pagarle a un grupo de fondos buitre 1330 millones de dólares que reclaman en concepto de capital e intereses de bonos en cesación de pagos desde 2001. En materia judicial es la última carta que se juega el Estado argentino en este litigio, mientras que en el plano financiero aún existen alternativas para acordar con los fondos especulativos y evitar un default técnico que complique la situación económica. En el Palacio de Hacienda comenzaron a analizar distintas alternativas de parte de bonistas que aceptaron reestructurar sus títulos públicos defolteados y temen que el servicio de la nueva deuda quede trabado como garantía de esos fallos. Para arribar a algún acuerdo se requiere el consenso entre privados, pero además llegar a diciembre, mes en que cae la cláusula que impide hacer un mejor arreglo con los holdouts respecto del que obtuvieron quienes ingresaron al canje y aceptaron una quita.

La apelación que elaboraron el secretario de Finanzas, Pablo López, junto con la Unidad de Reestructuración de la Deuda, que encabeza Hernán Lorenzino, y el estudio de abogados Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, sostiene que ambos fallos violentan la inmunidad soberana del Estado argentino, consagrada en la ley estadounidense, y resalta la interpretación errónea que hicieron los jueces de distrito de la cláusula de pari passu (tratamiento igualitario entre los acreedores) que esgrimen los buitres. El documento también advierte sobre los riesgos de default de toda la deuda reestructurada, estimada en 24 mil millones de dólares, si no se revierte el fallo que condiciona a las entidades (la principal, Bank of New York) encargadas de cursar la cancelación de los vencimientos con el 92,4 por ciento de los acreedores que ingresaron al canje a la ejecución de la sentencia.

Las posibilidades de que la Corte Suprema de Estados Unidos tome este caso son relativamente bajas, dado el número de pedidos que recibe, pese a la importancia que reviste el tema para toda la comunidad financiera internacional. De todos modos, los tiempos para que la Corte dé respuesta abren otras alternativas. La expectativa del equipo económico es que la definición se conozca en el segundo semestre del año o primer trimestre del próximo. En diciembre de este año se vence la cláusula del último canje de deuda, que impide ofrecer mejores condiciones de pago a quienes no ingresaron la operación. Esto permite ofrecerles a los fondos buitre una mejora en la oferta sin que se desate una ola de juicios de bonistas que reclamen esa diferencia.

Hasta el momento al equipo económico le presentaron cuatro alternativas de arreglo entre privados, que contemplan comprarles los bonos defolteados a los fondos buitre, negociar una quita menor y compensar la diferencia respecto de lo demandado. La primera propuesta provino de un grupo de 20 fondos, liderados por Gramercy y Fintech, que logró una adhesión del 30 por ciento (requieren el 75 por ciento). Proponen cederles a los buitres una porción del rendimiento de sus bonos y, a cambio, pretenden que abandonen los juicios contra el país. La cifra ronda los 1500 millones de dólares entre 2014 y 2018. Esta oferta es coordinada por el Deutsche Bank. El dueño del fondo buitre NML Capital, Paul Singer, rechazó esa propuesta.

En carrera se mantienen hasta el momento las propuestas del banco suizo UBS, que patrocina el estudio Garrido, y la del estadounidense Goldman Sachs. Estas dos propuestas prometen un piso de ingreso de mil millones de dólares con destino a obras de infraestructura, según adelantó el abogado Eugenio Bruno, socio del estudio Garrido. La estrategia en la que coinciden es la de comprar la deuda a los bonistas que aún litigan contra Argentina –unos 8000 millones de dólares– con una quita mucho menor a la del canje de 2010 pero con un pago en efectivo por parte del Estado argentino. La reestructuración se realizará contra un bono a largo plazo que comenzará a pagar servicios en dos años. Esta propuesta se acerca a la exigencia de Singer, quien pretende un pago en efectivo, pero no logra convencer al ministro de Economía, Axel Kicillof, quien busca un acuerdo por el que el país no desembolse dinero –como el que había propuesto Gramercy– y haya un aporte en efectivo para fortalecer las reservas del Banco Central. En los próximos días se conocerá otra propuesta del banco británico HSBC

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