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Por Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas *

En las semanas previas a fin de año, se desató una ola de reclamos salariales de las policías provinciales. Los incrementos otorgados por los gobernadores tendrán un fuerte impacto en materia fiscal y hasta la fecha se desconocen los medios para financiarlos. En la provincia de Buenos Aires, a fines de noviembre de 2013, la Legislatura aprobó el Presupuesto y Ley Impositiva para 2014. La sanción requirió una discusión de varias semanas entre el oficialismo y las distintas fuerzas de la oposición, principalmente en torno de dos cuestiones: la creación de una contribución especial del 18 por ciento en el Impuesto Inmobiliario (urbano y rural) y la autorización para un endeudamiento del fisco provincial de 14.500 millones de pesos.

Luego de una reunión con la Mesa de Enlace bonaerense, voceros del gobernador informaron que suspendían la iniciativa de crear la contribución especial del inmobiliario rural por tres meses, mientras técnicos del Estado y de las patronales agropecuarias estudiarían alternativas. Finalmente, se postergó también la aplicación de la contribución en el tramo urbano. Casualidad o no con los hechos policiales de fines de diciembre, los fondos que aportaría esa contribución iban a estar destinados a financiar nuevos efectivos policiales. Lo que interesa señalar no son sólo las consecuencias fiscales del aumento otorgado a las fuerzas de seguridad, sino la orientación en relación con la política de ingresos fiscales que tuvieron las principales fuerzas políticas bonaerenses en la discusión presupuestaria y fiscal.

Tal como lo manifestó la ministra de Economía, Silvina Batakis, en la reunión de la Comisión bicameral de Presupuesto, la contribución del inmobiliario de un 18 por ciento era una mera actualización del tributo en relación con el año anterior, en un contexto de desactualización prolongada de la valuación fiscal de las propiedades urbanas y rurales. Es decir, no se trataba ni de un aumento de alícuotas ni de una revaluación del valor fiscal de las propiedades. Sí se trataba de evitar la baja aún mayor de la participación del impuesto inmobiliario en el total de la recaudación tributaria y de destinar ingresos a un sector como el de la seguridad, que está cuestionado por los frecuentes episodios de violencia delictiva.

En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, la presión tributaria sobre el sector apenas se veía incrementada ya que, en su conjunto, las medidas propuestas representan una suba inferior a los 9 pesos anuales por hectárea para el 80 por ciento de las partidas.

La imposición patrimonial en la provincia de Buenos Aires (en el resto de las provincias también) viene cayendo estrepitosamente desde 1983 hasta la fecha. En 1983 representaba el 36 por ciento de la recaudación total y actualmente se ubica en torno del 7 por ciento. Aun con la contribución especial del 18 por ciento, esta participación continuaba cayendo. En cambio, la participación del Impuesto a los Ingresos Brutos (incluyendo su tramo descentralizado) en la recaudación total pasaría de un 73 por ciento en 2013 a un 74 por ciento en 2014, lo que aumenta la regresividad del sistema impositivo provincial. Cuando la Gobernación anunció que deja en stand by la propuesta, la caída del peso de todo el impuesto inmobiliario en el total de la recaudación es relevante y parece inscribirse en una política que desestima la recaudación a través de impuestos patrimoniales.

Las fuerzas políticas opositoras (Frente Renovador, UCR y FAP) celebraron esa decisión. Los primeros que habían hecho del tema de la seguridad un eje de la última campaña electoral cuando apareció la propuesta de cobrarles algunos pocos pesos más a los terratenientes rurales no supieron qué intereses y convicciones les resultaba razonable defender. Si el de la “población indefensa frente a la inseguridad” o el de sus socios estratégicos del campo. Los autodenominados “progresistas”, como en otras ocasiones, prefirieron guardar un silencio llamativo antes que enemistarse con las patronales agropecuarias.

Despejada esa cuestión respecto del impuesto inmobiliario, toda la conversación entre el oficialismo y la oposición se centró en aprobar el endeudamiento. La iniciativa fue finalmente sancionada y el monto comprometido representa casi un 8 por ciento del presupuesto total aprobado. Claramente, por una simple cuestión temporal, el presupuesto no contemplaba ni preveía los incrementos salariales del orden del 50 por ciento arrebatados por la fuerza policial a las autoridades provinciales bonaerenses.

Varias cosas se presentan cuestionables en todo el derrotero. La primera es que se propusiera crear una “contribución especial” y no directamente realizar una actualización de la valuación fiscal de la tierra rural y urbana. Desde el arranque se desistió de dar una discusión más profunda, apuntando a una alternativa supuestamente más digerible políticamente, otorgándole una asignación específica para un tema sensible como lo es la “seguridad”. Empero, ni siquiera así, se pudo sostener la propuesta.

Lo segundo, es que al mismo tiempo que se resignaba una mayor recaudación vía el impuesto inmobiliario, se decidió financiar parte del gasto corriente con endeudamiento. Esta receta ya mostró su peligrosidad en el pasado y resulta cuanto menos inconducente como política fiscal de medio plazo.

Y lo tercero es que todavía no se tenga claro cuáles van a ser los mecanismos de financiamiento con recursos propios del aumento policial, ni tampoco sobre los futuros aumentos salariales que en la misma línea (no necesariamente porcentaje) empezaron a plantear el resto de los trabajadores estatales.

Por eso, entre noviembre y diciembre, la dirigencia política bonaerense perdió una oportunidad de evitar que los impuestos patrimoniales, en general, y en particular “a la tierra”, siguieran perdiendo participación en la estructura tributaria frente al avance de impuestos regresivos. Y lo peor es que se dejaron torcer el brazo por tan sólo 9 pesos anuales por hectárea.

Ahora, con este nuevo panorama fiscal, de menores recursos por la “concesión a las patronales agropecuarias”, mayores gastos por el aumento salarial otorgado a la policía, sumados a las expectativas generadas para el resto de los trabajadores estatales y un endeudamiento que ya no alcanza, hay que ver si se retorna a la tradicional política tributaria peronista, basada en que más pagan los que más tienen (esquema en el cual los impuestos patrimoniales son una herramienta importante) o si se profundiza una política fiscal que parece más cercana a la década de los noventa que a un proyecto nacional y popular

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.