El uso de las palabras define el lugar de la memoria en el que son guardadas, el fragmento de la mente que queda asociado con la valoración que socialmente se le adjudica a cada palabra. Así, “gasto” no es lo mismo que “inversión”, y cuando escuchamos que “el Estado gasta” no nos suena igual que “el Estado invierte”. Los neoliberales sellaron en nuestras mentes el chip gasto social y, cada vez que escuchamos hablar o leemos sobre ese dispendio, probablemente nos asalte la descalificación ética: “yo” pago con mi trabajo el gasto que el Estado hace en vagos, marginales, clientela política y así sucesivamente. La verdad no es ésa: en materia social, el gasto que no es gasto sino inversión engloba las circunstancias de vida y los requerimientos básicos que debe atender un Estado inclusivo. Veamos: Educación, Ciencia y Tecnología, Salud, Asignación Universal por Hijo, Prestaciones de la Seguridad Social y Servicios Sociales, Universidades nacionales, Obras públicas. Sólo el Estado a través de la inversión social puede hacerse cargo de ese amplio espectro de demandas que constituye ni más ni menos que el entramado civilizatorio que hace posible la convivencia social.

Claro que hay más de un modelo de Estado: hasta aquí hablamos del Estado inclusivo, es decir, el que promueve el crecimiento económico en términos de desarrollo social. Conocimos otro modelo, el de Estado excluyente, generador de abandono social y vaciamiento de la economía al servicio de la concentración y la extranjerización. Podemos identificar a ambos modelos estatales mediante una simple relación: cuánto del PBI representa la inversión social y cuánto fue la inversión social en dólares.

El comportamiento de esos dos modelos de Estado: el promedio de la inversión social sobre el PBI corriente en el período 1990-2001 fue de 9,8 por ciento, con un mínimo de 9,0 por ciento durante 1990 y 1991 y un máximo de 11 por ciento en 1996, año a partir del cual comenzó el movimiento a la baja en la inversión social. Fue el tiempo del Estado excluyente. En 2003 nace el Estado inclusivo: del 10,6 por ciento de inversión social en relación con el PBI, la inversión es expandida al 19,2 por ciento en 2013, aumentándola 80 por ciento respecto del año de inicio del actual proceso político (2003).

El quántum de la inversión social medido en dólares abre otra ventana para observar el nuevo paisaje: en los ‘90, el promedio anual de la inversión fue de 27.500 millones de dólares y en la década 2003-2013 ascendió a 47.010 millones de dólares, lo que representó un aumento del 70,9 por ciento. Las tendencias en ambos períodos también son diferentes, al punto de mostrarse opuestas: el máximo de la inversión social se logró en el 2000, cuando alcanzó a 29.637 millones de dólares, 23 por ciento más que en 1993, nivel que no sostuvo, al caer 54 por ciento tres años después. En el período 2003-2013, en cambio, creció sostenidamente hasta acumular 552 por ciento de aumento a fines del año pasado, registrando un máximo de 88.493 millones de dólares de inversión social en 2013.

Por el otro lado tenemos en la Convertibilidad un modelo distinto, en el cual las erogaciones se iban por otros lados, que claramente no representaban inversión social. ¿En qué se iban los recursos del Estado nacional en el período 1994-2000? Según el ya clásico Estudios de historia económica argentina, de Eduardo Basualdo, con cita de un trabajo elaborado por J. Gaggero y J. C. Gómez Sabaini en 2002, en concepto de reducción de aportes patronales el Estado Nacional dejó de percibir durante ese período el equivalente a 16.056 millones de dólares. Otros recursos que el Estado nacional optó por no recaudar fueron “Otras reducciones de cargas patronales vinculadas al mercado de trabajo” que representaron para el período mencionado 13.903 millones de dólares, sumados a este último concepto los aportes jubilatorios transferidos a las AFJP, que ascendieron en el período 1994-2000 a 22.372 millones de dólares, por lo que el Estado nacional transfirió 52.331 millones de dólares al capital oligopólico local y trasnacional. Este último monto representa el 96 por ciento del déficit financiero que tuvo el Estado nacional, incluidos los ingresos por la privatización de empresas estatales, que fue de 54.615 millones de dólares. Por lo que, durante gran parte de la Convertibilidad, el Estado nacional transfirió recursos no a los sectores populares en inversión social sino al capital concentrado, a costa de financiar el abultado déficit fiscal vía endeudamiento externo. Esta deuda que se tomó por supuesto hizo inviable no sólo la soberanía nacional, sino la constitución misma de la Argentina como país federal geográficamente constituido hace doscientos años.

Las palabras no son inocuas y contienen más de un sentido. Cuando escuchemos hablar de “gasto social”, miremos a los noventa. Si de inversión social se trata, observemos el recorrido que nos condujo desde el año 2003 hasta nuestro presente y proyecta, si lo sabemos defender, el futuro común

* Economista (UBA, UNR).

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