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En los circuitos productivos regionales existe un conflicto irresuelto propio del sistema capitalista y de las relaciones de poder en el mercado. Se trata del vínculo entre los proveedores de materias primas e intermedias y las empresas que las procesan. La economía neoclásica, en general bastante específica para describir lo que sucede en el momento de la circulación de los bienes, se ocupó del tema pues provoca una de las tantas anomalías de su burbuja teórica de competencia perfecta. Por ejemplo, cuando hay un solo vendedor para una multitud de demandantes existe un monopolio, situación que le permite al monopolista obtener una renta monopólica en desmedro de los consumidores. De manera similar pueden existir unos pocos compradores frente a una multitud de oferentes, caso que se denomina oligopsonio y que da lugar a una renta oligopsónica en desmedro de los productores, un problema arquetípico de muchas economías regionales: los tamberos con las usinas, los viñateros con las bodegas, los fruticultores con los empacadores. Estos diferenciales de renta no son un resultado de equilibrios matemáticos sino una consecuencia muy concreta de las relaciones de poder en el mercado. No hay aquí ningún asomo de eficiencia en la asignación de recursos. En general, estas situaciones son las que permiten o acompañan procesos sistémicos como la concentración del capital, una dinámica a veces “virtuosa” cuando su resultado al final del camino es el aumento de la producción y baja de precios. En el siglo XX, al economista John Kenneth Galbraith le gustaba repetir que “sin monopolios no existirían los aviones a reacción”, una muy buena síntesis del capitalismo realmente existente. Hablar de virtud cuando en el medio hay productores que desaparecen suena duro, pero son las reglas inmanentes del desarrollo capitalista, con ganancia social neta al final del camino. En el límite, por ejemplo, la acumulación originaria no se habría completado sin el éxodo campo-ciudad, “sangriento” según lo inmortalizara Karl Marx en el célebre Capítulo XXIV de El Capital.

El verdadero problema, en los términos del sistema, aparece cuando el resultado de estas asimetrías de poder y apropiación de renta no es mayor producción y menores precios sino al revés; menor producción y mayores precios, en otras palabras: el achique. Típicamente se trata de algo que puede ocurrir cuando los bienes involucrados no pueden producirse con la misma eficiencia en economías de escala. Un ejemplo acabado es el de la fruticultura de peras y manzanas. La histórica situación de oligopsonio, que se refuerza por la vía de un engañoso sistema de comercialización, dio lugar a un proceso de expulsión de productores, pero debido al carácter cuasi artesanal de la gestión de las plantaciones, con el chacarero cuidando cada árbol, no toda la producción pudo ser reemplazada por la producción propia de las empresas oligopsónicas; las empacadoras-comercializadoras propietarias de activos estratégicos, como plantas de empaque, frigoríficos y logística comercial internacional, las que optaron por reducir o depreciar su oferta exportable en una economía que no debería darse el lujo de perder ingresos en divisas. El resultado al presente es producción estancada desde hace décadas, chacras abandonadas, reducción irreversible del número de productores independientes, con caída de competitividad sectorial como país, y precios pagados por los consumidores locales en alza; una dinámica de pérdida social neta sin contabilizar la distribución regresiva del ingreso. Se trata de un caso típico de ineficiencia económica acompañado por la prescindencia del sector público.

El proceso fue posible en buena medida por una combinación viciosa entre el individualismo atávico de los pequeños propietarios rurales, los chacareros fruteros incapaces de consolidar entidades de representación gremial fuertes, así como de realizar un diagnóstico adecuado de las causas que los empobrecen, y la casi total ausencia del Estado como regulador o mitigador del oligopsonio. Como siempre ocurre, la ausencia del Estado no es neutral sino funcional a los poderosos. En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck, quien heredó su cargo tras el asesinato del electo Carlos Soria, gusta repetir que él “no se mete en un negocio entre privados”. Notable visión sobre el rol del sector público que causa estragos cuando también se traslada al resto de las áreas de la administración, como salud y educación. El Estado nacional, respetuoso en exceso de los cacicazgos territoriales, suele preferir no meterse con la microeconomía de las regiones y sólo funciona respaldando con subsidios ocasionales los movimientos políticos de sus candidatos afines.

Pero en este erial de soledad para el productor primario en desaparición, esta semana hubo una inhabitual buena noticia. El Superior Tribunal de Justicia provincial falló en favor de la demanda de una productora contra una de las empresas del oligopsonio. Desde lo estrictamente jurídico, el fallo que obliga a pagar un diferencial de precios fue bastante simple. Sostuvo que la “entrega” de fruta de un productor a la firma comercializadora representaba un “contrato de compraventa” y que como tal debía tener “un precio” y plazo de pago por la cosa comercializada. Esto que para el lego puede parecer normal, no lo es en absoluto y constituye un misil en la línea de flotación del sistema que habilitaba la extracción de renta primaria. En la zona, los productores entregan generalmente la fruta “a resultado”. Se supone que una vez realizada la exportación o venta al mercado interno, el comercializador pagará el precio obtenido descontándole impuestos y una comisión por sus servicios de empaque, frío y comercialización. Sin embargo, en la práctica nunca nadie conoce cuál es el precio final que efectivamente recibe el exportador, ni siquiera la Aduana, con lo que el mecanismo siempre funcionó como una entrega de la producción primaria sin obligación de precios, ni plazos de pago; es decir: a discreción del pagador. No hace falta redundar en cuál fue el resultado de estas operaciones entre un actor poderoso y otro débil.

Un agregado importante del fallo fue que también rechazó la presunta “inconstitucionalidad” de una legislación provincial que estableció un “precio de referencia” no obligatorio, construido sobre los costos de producción calculados por el INTA y una universidad pública y consensuado luego en una mesa política a la que nunca asistieron las empresas del oligopsonio. Una legislación perfectible que la actual administración provincial intentó vaciar y ningunear con la promesa de una nueva ley que nunca llegó. El caso de la fruticultura rionegrina es un ejemplo de los desafíos de gestión que demandan las principales economías regionales

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