Si bien Argentina no ha sido nunca un país con grandes reservas petroleras, es a partir de 2011 cuando informes de Estados Unidos comenzaron a colocarnos al tope de los países con mayores recursos no convencionales de hidrocarburos. En mayo de 2014, la EIA (Energy International Agency) de Estados Unidos ratifica sus previsiones respecto de los volúmenes tanto de shale gas como de shale oil, posicionando a Argentina, con 802 Tcf de gas, en segundo lugar en el mundo luego de China y con 27 billones de bbl de petróleo, en cuarto lugar después de Rusia, Estados Unidos y China. Es decir que Argentina es un país con un inmenso potencial futuro hidrocarburífero en la medida en que pueda desarrollarlo de manera conveniente y obteniendo el mayor provecho de esta riqueza para su población.

El desafío en lograr la explotación de los recursos shale conlleva el empleo de inmensa cantidad de inversiones, de tecnología de punta, de insumos y equipamientos específicos, muchos importados y otros que podrían fabricarse en el país, con el empuje de industria nacional que se proponga hacerlo, y el apoyo del Gobierno para alcanzarlo, un entramado de infraestructura que abarca desde el uso del agua y su tratamiento, construcción de caminos, de comodidades habitacionales para los trabajadores, de transporte, de salud. Desde luego que se requiere el empleo de mano de obra altamente capacitada.

Lograr que todo esto se ponga en marcha y se alcancen volúmenes crecientes de producción es una tarea ciclópea, que en un país como Estados Unidos, con una inmensa cantidad de recursos, llevó más de una década alcanzar volúmenes de producción que les permite reducir importaciones. Esa historia en Argentina recién comienza y, si tiene éxito, en la siguiente década se podrán ir disminuyendo las importaciones energéticas y retornando a la senda del autoabastecimiento. Pero sólo si existe continuidad en las políticas de Estado en materia energética en los próximos gobiernos.

El primer paso fundamental hacia la consecución de este objetivo fue la sanción de la ley 26.741 de autoabastecimiento energético y nacionalización de YPF, cuya sanción se produjo como consecuencia de la caída sistemática de las reservas del país, la ausencia de inversiones en exploración que llevó a la pérdida del autoabastecimiento en 2011 (porque si bien nuestro país comenzó a importar gas natural a partir de 2005, existían saldos positivos en la balanza energética hasta 2010). En ese año la difusión pública de que Repsol estaba en tratativas de asociación para la explotación de Vaca Muerta con empresas chinas y los trascendidos de venta de activos de YPF por parte de Repsol empujaron la decisión. Al conocerse el informe de la EIA en 2011 de la potencialidad de Argentina en recursos no convencionales, Repsol-YPF se tornó más atractiva para el capital internacional, de lo cual estaba dispuesta a sacar provecho la empresa española en detrimento del interés argentino.

Estando YPF en manos nacionales, se volvió a dotar a Argentina de la principal herramienta para torcer la tendencia declinante en la producción y la reducción de reservas.

La ley 26.741 que declaró la expropiación de Repsol tiene como fundamento la recuperación de la energía energética y así fue llamada Ley de Soberanía Hidrocarburífera. De allí su objetivo, que fue recuperar para la nación en su conjunto la empresa capaz de dar vuelta la dependencia en la que estaba y está sumida la Argentina en materia de hidrocarburos. Por eso el Congreso consagró la propiedad del 51 por ciento en manos de la Nación y las provincias en forma mayoritaria (con el 51 por ciento para la nación y el 49 por ciento las provincias petroleras mancomunadamente).

Pero YPF por sí sola no puede orientar la política nacional en materia energética. Esta tiene que sustentarse desde el Estado dotándolo de la mayor institucionalidad que le permita afrontar el desafío de la explotación de los recursos no convencionales para beneficio de todas las provincias y regiones y promoviendo el acompañamiento de las restantes empresas petroleras al esfuerzo que está llevando a cabo YPF.

De no potenciarse la institucionalidad integrando los intereses de todos pueden prevalecer los de cualquier provincia, los de YPF, o quienquiera que sea, y que si bien todos en su parcialidad pueden ser legítimos no son representativos del conjunto de la nación. No se trata de poner hoy en competencia a YPF con el resto de las empresas petroleras, ni con las provinciales, sino de emplear a la mayor empresa nacional en beneficio de toda la economía del país, incluidos los intereses de todas las provincias, sean productoras o consumidoras. Es una falsa antinomia suponer que se trata de una puja de la Nación vs. las provincias, ya que precisamente YPF es propiedad de la Nación y las provincias.

Hoy la legislación petrolera es el remanente de la de otras épocas que no tienen ningún parentesco con la realidad actual y requiere de medidas parciales como el decreto 929/2013 a propósito del acuerdo Chevron-YPF, cuya sanción fue necesaria, pero dio pie a controvertidas argumentaciones. Se requiere que el desarrollo de los recursos sea puesto en marcha mediante una ley que plasme la realidad actual argentina en materia de hidrocarburos, ya que no es sostenible que la riqueza de los hidrocarburos no convencionales se sustente en una legislación que es de la época en la que no existía otro concesionario que no fuese YPF, que no discernía el on shore del off shore, en la cual el gas era considerado la maldición del hallazgo petrolero y muchos pozos debían ser tapados o venteados si eran productores de gas. No era el país cuya matriz está sustentada tan estrechamente en gas natural. No existían los biocombustibles, ni existía una legislación ambiental que debe ser armonizada entre Nación y provincias y que, en el caso de los hidrocarburos no convencionales, debe tener un contexto específico de cuidado del medio ambiente por el uso de las nuevas tecnologías a emplear. Fue dictada en el marco de un gobierno militar y parcialmente sustituida por sólo tres decretos que avalaron las privatizaciones.

Esta nueva ley deberá preservar los intereses de la Nación y dejar asentado que la política nacional energética se conduzca centralizadamente a través de instituciones con todo el poder de decisión requerido para resguardar un recurso que, independientemente del territorio en el que se encuentra, debe servir para contribuir al desarrollo de la Nación, al de todos sus habitantes, con el empleo de una política ambiental responsable y apuntando al empleo de la mayor integración industrial y tecnológica argentina.

La ley debe incluir la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que actúe como regulador de las actividades de exploración y producción de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos. Esta Agencia podría ser un organismo autárquico con la misión primordial de coordinar y asistir a la Nación y las provincias a actualizar las normativas de exploración producción y refinación, y el respectivo control de cada etapa:

- Identificar y evaluar el potencial hidrocarburífero del país. En particular, los recursos no convencionales.

- Actualizar y homogeneizar la normativa legal que rige la actividad, definiendo una política integrada a nivel federal.

- Diseñar, evaluar y promover la inversión de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

- Colaborar y asistir a la Nación y las provincias en el diseño de áreas para exploración y/o explotación, de acuerdo con las normas técnicas, las modalidades de contratación y la realidad del mercado.

El objetivo es ejercer la plena soberanía, es decir, con la máxima capacidad de decisión centralizada, sin condicionamientos, a fin de apuntalar las riquezas en beneficio de un modelo de inclusión social que propenda al mayor bienestar, al pleno empleo y al desenvolvimiento de la industria nacional.

* Ingeniera. Miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.