Domingo, 22 de junio de 2014 | Hoy
ENFOQUE
Por Claudio Scaletta
Cualquiera que haya seguido los procesos de toma de decisiones económicas en el país en las últimas décadas, en especial durante los ’90, sabe cómo es el modus operandi de los agentes del sector financiero, aquellos con poder real y los amateurs. Es una lógica primitiva, pero eficiente, que afirma: “la casa se está quemando y la única opción es llamar a los bomberos”. Claro que en el caso de las finanzas globales, los bomberos cobran. ¿Cuánto cobran? “Eso no importa, la casa se está quemando, después vemos.” Es la lógica de la urgencia permanente, la peor posición para negociar, como cualquiera que opere en cualquier mercado sabe. A ello se agrega un dato más: quienes pagan el precio que demandan los bomberos no son los dueños directos del dinero. El ejemplo ilustra sobre el previsible resultado final del proceso: la inmensa riqueza de los bomberos y su estrecha relación con los tomadores de decisiones de pago.
En el plano del discurso, éste es el escenario ideal para los maestros de la sensatez. ¿Quién en su sano juicio puede dejar que se queme la casa? Es más, quién podría dejar que la casa se queme por pruritos ideológicos o por ideas vanas, como la dignidad nacional. En los ’90 se hablaba de la importancia de lograr el “grado de inversión”, paraíso que posibilitaría tomar deuda a tasas bajas y dispararía un boom de inversiones. Si en el camino debían sacrificarse salarios, empleo y sectores completos de la economía, era apenas el costo necesario para llegar a la tierra prometida. Sobre el fin de la convertibilidad, la amenaza era similar a la del presente, pero ya con el techo de la casa en llamas, con la amenaza del default y la devaluación; el peor de los mundos posibles para el ciudadano de a pie. Ello facilitó el consenso político para los manotazos de ahogado que potenciaron el endeudamiento externo, como el Blindaje y el Megacanje.
Hoy los defensores de estas operatorias, pero en especial de su lógica, están de regreso. Son los que afirman que el país “hace enojar” al juez pro buitre Thomas Griesa, los que escriben que en Estados Unidos están “hastiados” de las actitudes de Argentina, los que abogan por aceptar sin chistar las imposiciones más absurdas del sistema financiero internacional, jerárquico por definición. Poder que a la hora de someter muestra absoluta unidad entre sus células, que van desde los fondos buitre al Poder Judicial neoyorquino y la Corte Suprema de los Estados Unidos, sin olvidar a la prensa internacional y local que reproduce y legitima sus perspectivas. Los sucesos de estos días representan una oportunidad para que el observador reconfigure su guía de quién es quién en la economía, la política y la prensa local.
En la vereda de enfrente están los sentimientos. Frente a la extorsión real, palabrita de la que abominaron los maestros de la sensatez, es inevitable no desear patear el tablero internacional. Soñar con un pito catalán al imperio y sus jueces buitre. La extorsión existe cuando una medida judicial empuja a un potencial default técnico, o cuando se intenta deshacer un camino de reestructuración de deuda de casi una década. No hay razones jurídicas detrás. Hay razones políticas y de poder. La voluntad del imperio financiero de escarmentar al país, de enviar un mensaje para todas las futuras reestructuraciones de deuda de que Argentina no puede ni debe ser el modelo.
En este contexto, existe el riesgo de creerse lo que la prensa financiera internacional escribe sobre Argentina. No es verdad que en 2001-2002 el país haya pateado el tablero. La cesación de pagos se produjo aun a pesar de seguir a rajatabla todas las recomendaciones de las finanzas globales. La historia demuestra que la su-bordinación a los poderosos no es garantía de éxito.
El presente es distinto. Una cesación de pagos no es un imperativo de las cuentas públicas. A diferencia de 2001, el país cuenta con los recursos para hacer frente a las demandas internacionales. Sí podría ocurrir un default meramente técnico de consecuencias impredecibles en caso de que el brazo jurídico del poder financiero empuje a esta opción. Como lo señaló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el viernes en Rosario, no es el camino deseado. Hay voluntad de negociar. Se trata de una dimensión estrictamente política, no económica. El economista consciente de los alcances de su saber no puede aquí ofrecer soluciones ni decir qué hacer. Sólo puede pensar escenarios. El primero es el más conocido, como cubrir la necesidad de divisas para sostener el crecimiento. Hasta el fallo pro buitre del pasado lunes, Argentina evaluaba hacerlo por la vía tradicional de seguir las reglas del sistema financiero. Una pregunta previa es si existen países que hayan logrado procesos de expansión superando situaciones de restricción externa sin financiamiento del exterior. Existen por lo menos dos ejemplos: Alemania y Japón en la década previa a la Segunda Guerra Mundial. Nadie les prestó divisas, simplemente tomaron, mediante la invasión y la guerra, las materias primas e insumos que necesitaban para mantener bien arriba la demanda agregada y concentraron todo el poder del Estado en la movilización de recursos. El caso de Alemania está explicado en The Wages of Destruction, de Adam Tooze.
No parece que ésta sea una opción deseada o posible para la Argentina. Las vías alternativas a explorar serían cómo financiarse por fuera del sistema jerárquico con centro en Estados Unidos. En algún momento se evaluaron préstamos de terceros países. Según trascendidos, habrían existido conversaciones con Brasil para reforzar las reservas internacionales, pero este país difícilmente esté hoy dispuesto a ofender al imperio. Otra opción sería pensar en relaciones con potencias emergentes como China. No se sabe si se exploró esta vía, ni cuáles serían sus costos. Otra vez, no parece tarea para economistas, sino para expertos en geopolítica. Lo que sí puede afirmarse desde la economía es que, en el tiempo que le resta a la actual administración, el ingreso de capitales, por la vía que fuere, es el único camino para sostener los actuales niveles de empleo e ingresos. Este es el poder real que, bajo las actuales circunstancias, tienen los fondos buitre
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