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Como viene pasando en los últimos años, ante cada adversidad que se le plantea al país aparecen los agoreros que pontifican sobre algo que supuestamente estuvo mal hecho. Por supuesto que siempre lo hacen después de conocer el resultado. En este caso, luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, sobre las condiciones del canje de bonos pactadas en su momento. A poco de asumir la presidencia Néstor Kirchner, la deuda externa fue uno de los tantos problemas aparentemente irresolubles que tuvo que enfrentar. Mientras se continuaba sin pagar por el festivo default declarado en épocas de Rodríguez Saá y que luego continuó durante el interinato de Duhalde, el Gobierno comenzó a dialogar con los centros financieros mundiales planteando que la Argentina estaba imposibilitada de cancelar sus obligaciones en los montos y vencimientos originales y que, como todo deudor en esas condiciones, si se le exigía abonar quebraría. Pero que si se le daba tiempo al modelo político y económico que estaba comenzando a desarrollar, el país podría crecer y con ello hacer frente a sus obligaciones. Rebaja y espera, en términos jurídico-económicos, fue el pedido.

Este proceso de sondeos y negociaciones llevó más de un año, hasta que en junio de 2004 se oficializó la propuesta, situación que culminaría entre enero y febrero de 2005 cuando se concreta el primer canje. Se trató de una operación de canje voluntario, ya que los acreedores no tenían obligación de aceptar.

A cambio de los títulos preexistentes, la oferta que recibían los tenedores consistió en un menú de nuevos bonos, que ofrecían distintas tasa de interés, quita, plazo de espera y moneda, según el tipo de bono. Los acreedores elegían el que mejor les pareciera. En todos los casos, las amortizaciones de capital operan hacia el final del plazo del bono, por lo que durante un período muy largo se cancelan exclusivamente intereses. Los títulos ofrecían además una compensación o premio adicional, ligado a metas de crecimiento del Producto Bruto.

Como siempre, durante el período en que estuvo abierta la oferta, la gran mayoría de las opiniones (políticas y del mundo financiero, dentro y fuera del país), eran que el canje iba a ser un fracaso por las condiciones ofrecidas por la Argentina. Finalmente, en febrero de 2005 se cerró la operatoria con un nivel de aceptación extraordinario, que alcanzó el 76,15 por ciento del total adeudado. Las cifras impactan: se reestructuraron deudas por un valor nominal equivalente a 62.500 millones de dólares, entregando nuevos títulos por 35.300 millones, lo que implica una baja de la deuda superior a los 27 mil millones de dólares, además de la notable extensión de los plazos de vencimiento. Otro dato no menor es que como parte de los nuevos bonos eran en pesos, el componente en moneda nacional de la deuda pasó del 3 al 37 por ciento del total de ese momento.

Por la significatividad del monto reestructurado y la cantidad de títulos involucrados (152 bonos distintos emitidos en seis monedas diferentes, aunque la mayoría fueron en dólares, euros y pesos), se considera que ésa fue la reestructuración más importante de la historia financiera mundial.

Resulta obvio que, como en toda negociación, el Gobierno también debió hacer algunas concesiones, como la ya muy arraigada para ese momento de conceder jurisdicción extranjera para algunos bonos o la de fijar una cláusula que determinara que si en un lapso de casi diez años, voluntariamente, se les hiciera una oferta mejor a otros acreedores, les sería reconocida a quienes entraran en ese canje. Es la ahora famosa cláusula RUFO, que vence el 31 de diciembre de 2014.

A partir de 2005, el país cumplió puntualmente con todos los vencimientos hasta la fecha, pero por esa época comienzan a suceder dos hechos que tendrían implicancias futuras: parte de los acreedores que no había entrado en la reestructuración, viendo el resultado alcanzado, manifiesta su deseo de poder ingresar, pidiendo que se reabra la oferta. Además, otro grupo que no entró en el canje comienza a hostigar jurídicamente al país para intentar cobrar la totalidad de sus acreencias. Es el momento de la aparición de los fondos buitre. A partir de estas situaciones y habiendo transcurrido un tiempo prudencial, finalmente, en 2010, la Argentina decide hacer una segunda apertura del canje. En las mismas condiciones que el anterior, con la única salvedad de la emisión de una serie especial de bonos, el llamado Global 2017, que reconoció los intereses acumulados desde el primer canje hasta ese momento, pero no incluyó el pago anterior en concepto de cupón PBI. En este caso, ingresó otro 16,2 por ciento de los acreedores, cantidad que nuevamente es considerada a nivel mundial un éxito, alcanzando entonces un 92,4 por ciento del total, que representaban 75.300 millones de dólares. El monto nominal emitido en canje fue de 40.820 millones, lo que representó una quita final de casi 35 mil millones de dólares.

Sólo con observar los datos de este canje y compararlos con el proceso de conformación de la deuda argentina a través del tiempo (especialmente vale la pena observar las diferencias con el Megacanje, ya que las características de la operatoria fueron similares pero las consecuencias totalmente distintas), cómo se negoció y renegoció en cada etapa de nuestra historia (siempre en contra de los intereses del país) alcanza para abstraerse de cualquier subjetividad y comprobar la notable diferencia.

Resulta importante practicar este ejercicio de memoria de tanto en tanto para no cometer la zoncera de olvidar dónde estuvimos y a dónde nunca más deberíamos volver.

* Docente UNLZ y UNQ.

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