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Esta semana se perfeccionó el bloqueo judicial estadounidense a los pagos del casi 93 por ciento de la deuda reestructurada. Las expresiones formales fueron las declaraciones de “default” de algunas de las desprestigiadas calificadoras de riesgo y de la ISDA, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, integrada no sólo por el mismísimo fondo buitre Elliott Management sino por muchos de los principales bancos del mundo, como el Citi, el Deutsche, el BNP, el Crédit Suisse y el JP Morgan, flor y nata del sistema financiero global.

Extrañamente para el observador, esta suma de decisiones que afectan a la Argentina fueron festejadas por parte de la sociedad local, desde economistas ortodoxos a muchos dirigentes opositores. Algunos de manera abierta, otros en sordina. Hay varias maneras de explicar la extrañeza. Antonio Gramsci hablaba de clases Auxiliares; las que ayudarían a las Hegemónicas a perpetuar su dominación sobre las Subordinadas. Otro pensador marxista, pero peruano, José Mariátegui, puso esta relación funcional entre clases en el contexto latinoamericano. Explicó a mediados del siglo pasado que las burguesías de la región funcionan en realidad como clases auxiliares de las hegemónicas de los países centrales, como subsidiarias de su poder e intereses. Las explicaciones de raíz marxistas pueden parecer algo esquemáticas, o simplificadoras, pero en este caso brindan un modelo para entender el comportamiento de buena parte de la burguesía argentina, al menos de la amplia fracción que sigue militando a favor de “arreglar” con los buitres a cualquier precio. Su argumento principal es un renacido fervor legalista, con jurisdicción extranjera, que transformaría en mandato supremo al “fallo en firme” del Poder Judicial estadounidense.

Quizá no haga falta volver a explicarlo, pero la existencia de la cláusula RUFO en los nuevos bonos determina que cualquier pago que mejore las ofertas de los canjes de 2005 y 2010 habilita automáticamente a todos los bonistas reestructurados a demandar la misma mejora. Dicho de otra manera: el verdadero default, uno efectivamente determinado por la incapacidad del Estado nacional de hacer frente a sus pasivos, ocurriría si la Argentina pagase el estrambótico fallo neoyorquino. Según cálculos del Ministerio de Economía, los pasivos saltarían por encima del medio millón de millones de dólares: algo así como el endeudamiento del país hasta el fin de los tiempos. En consecuencia, hasta que se extinga la duración de la RUFO, el 31 de diciembre de 2014, no existe otra negociación posible que ofrecer a los buitres un trato “justo, equitativo e igualitario”, es decir; las mismas condiciones dadas a quienes aceptaron las reestructuraciones. No se trata de un imperativo moral, sino de la elección del mal menor. Por supuesto, no sería lógico que los buitres acuerden, pues por algo judicializaron sus reclamos.

Dada la RUFO, la única solución posible bajo el fallo judicial estadounidense sería que el problema “se resuelva entre privados”, sin un involucramiento del Estado nacional, una alternativa que se expresó en una oferta de un grupo de bancos para comprar los bonos del juicio que tramita en Nueva York. Al cierre de la semana, el proceso parecía absolutamente fracasado, tanto por las duras críticas del Poder Ejecutivo como por la sumatoria de versiones, tanto las publicadas como las conocidas por este diario a través de fuentes directas, estas últimas contradictorias y hasta bizarras, con negociaciones en calzoncillos en cuartos de hotel y acreedores enojados al ver discursos por televisión.

Si todo este escenario parece extraño, la decisión de la ISDA considerando que el bloqueo judicial a los pagos de la deuda constituye un evento de default completa el panorama. La ISDA es un organismo privado, pero muy representativo del poder financiero global. Sin necesidad de acudir a visiones conspirativas, puede concluirse que el llamado “juicio del siglo” que se sigue en Nueva York no beneficia solamente a los fondos buitre, sino que viabiliza un gigantesco negocio financiero que, desde el viernes, involucra a los principales bancos del mundo en connivencia con el Poder Judicial estadounidense. Su secuencia es la siguiente: mediante una interpretación amañada de la cláusula pari passu se da lugar al bloqueo judicial de los pagos de deuda de un país solvente. Luego la ISDA declara que el bloqueo judicial no es bloqueo, sino default. La declaración dispara el pago de más de 1000 millones de dólares en seguros de default de la deuda argentina, los CDS, Credit Default Swaps.

Si todo fuese cierto, sería muy lógico en términos del capital. Cuando un país entra en cesación de pagos, los precios de sus títulos de deuda se desploman hasta niveles de unos pocos centavos por cada dólar nominal. Para evitar pérdidas, quienes poseen deuda de alto riesgo pueden asegurarse comprando CDS como producto derivado. Si el default se produce, la pérdida la cubren los CDS. Pero estos CDS no son seguros en el sentido tradicional, sino contratos entre privados que cualquiera puede hacer, es decir, se pueden tener CDS sin necesidad de ser titular de deuda soberana. Por ejemplo, si un inversor cree que un país entrará en default puede hacer muchos de estos contratos apostando a ese default. Tras el primer fallo de Griesa, los CDS sobre la deuda argentina se convirtieron en los más caros. Luego, quien determina la existencia o no de default y su fecha exacta, dato clave para los cobros, es la ISDA.

Pero en el caso argentino hay algo que no cierra. Más allá de la discusión semántico-legal de si default o bloqueo, los mercados financieros tienen muy claro que Argentina es solvente. El pasado viernes, en Nueva York, los bonos argentinos cotizaban a alrededor de 85 centavos por dólar, precio que obviamente no es de default. Así, quienes tomaron CDS cobrarán por default sin que tal default exista, algo parecido, pero no exactamente, a cobrar dos veces por la misma deuda. Y todo ello gracias al connivente fallo del Poder Judicial estadounidense. Como, a diferencia de un mercado de seguros, el mercado de CDS es autorregulado, es muy difícil saber quiénes son los titulares de los créditos y de los débitos, pero el nombre de los fondos buitre titila en todos lados, incluso en la misma ISDA. Millonarias maravillas del sistema.

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