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La campaña para que la Argentina ceda a la presión de los fondos buitre y les pague la sentencia Griesa aun a costa de poner en riesgo las reestructuraciones de deuda del 2005 y 2010 por una posible activación de la cláusula RUFO, tenía como uno de sus ejes el pronóstico de la llegada de un apocalipsis económico el 31 de julio de 2014. La profecía buitre se amparaba en que ese día era el límite legal para que los bonistas que ingresaron a los canjes cobraran la cuota que Argentina les depositó en el Banco de Nueva York, y que el juez Griesa mantiene secuestrada. De esa manera, si llegado ese día los holdings no recibían el dinero, Argentina ingresaba en un nuevo default, desatando una crisis similar a la del 2001.

Montados sobre esa operación, el “Grupo de Tareas” buitre (American Task Force Argentina) colgó en su página web un cronómetro tomando el tiempo hasta la detonación del default. Completando la actuación, el elenco estable de economistas “serios” salió de gira mediática, presagiando el advenimiento de 10 plagas económicas que aterrorizarían a la población: caída estrepitosa del valor de los bonos y acciones, falta de crédito, mayor inflación, disparada del dólar, congelamiento de depósitos, derrumbe de la inversión, el consumo y la producción, despidos en masa y empobrecimiento general.

Frente a semejante campaña, el 1º de agosto, los argentinos salieron con cuidado a la calle, con temor a ver un país asolado por un cataclismo económico, para descubrir que los negocios estaban abiertos, el colectivo y el tren seguían llevando a la gente a su lugar de trabajo, y hasta los bancos atendían normalmente. Una baja no muy pronunciada de los bonos y acciones acompañada de una ya habitual suba del dólar blue eran las únicas secuelas concretas que informaban los medios de comunicación ante un escenario que ni siquiera las calificadoras más amigables con los buitres se animaban a calificar como de default.

El hecho concreto de que Argentina no saliera a colocar deuda en los mercados desde la crisis de la convertibilidad aislaba al país del impacto que pudiera tener el mentado default sobre las condiciones de colocación de deuda. Para el caso, Argentina ya se encontraba en cesación de pagos con el 7 por ciento de los bonistas que no entraron al canje desde 2001. Justamente, el mayor daño que puede provocar la sentencia Griesa es incrementar ese monto de reclamo, tanto por la valorización de las tenencias de los holdouts, como por un eventual pedido de aceleración de los holdings a los que el juez norteamericano impide el cobro. Situación que, si bien hay intentar evitarla, en el plano más concreto de las cuentas externas sólo disminuiría el flujo de salida de dólares por pagos de intereses (a costa de un incremento en las demandas pendientes de resolución).

Mientras tanto, los problemas económicos asociados a la suba de los precios, el estancamiento de la actividad y el consumo, la falta de créditos para la inversión o la vivienda, por nombrar algunos, no difieren en magnitud de los que existían antes del 31 de julio. Tampoco una solución favorable del conflicto buitre generaría una solución mágica de los mismos, por más dólares que prometan los profetas del regreso a los mercados. Como bien señaló el economista Aldo Ferrer en una reciente entrevista publicada en este diario, “los problemas reales de la economía argentina siguen siendo exactamente los mismos el día antes que el día después del fallo del juez Griesa. No se arreglan ni empeoran por el resultado de estas negociaciones”

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