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Para quienes no participan del día a día de las decisiones del poder, el “memorándum confidencial” del estudio de abogados que representa a la Argentina en Estados Unidos resulta revelador. Fue publicado tan temprano como el 23 de mayo pasado, en un medio que se vincula con los servicios de inteligencia. La sospecha es que el escrito se hizo público porque llegó a manos de los fondos buitre, que necesitaban presentarlo ante el juzgado de Thomas Griesa como una presunta estrategia del país para evadir las consecuencias de su fallo. El trabajo, fechado el 2 de mayo, contiene las respuestas a las consultas realizadas por el Ministerio de Economía acerca de las alternativas judiciales que por entonces se abrían frente al inminente fallo de la Suprema Corte estadounidense.

Una vez difundido fue titulado por la prensa local e internacional como un supuesto consejo del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton para que la Argentina entrara en default. No es esto lo que allí se afirma y el lector puede chequearlo sin filtros por sí mismo: http://bit.ly/1puHFc4. Lo que se dice es bastante peor y explica, sin las pasiones de la política y con el tono neutro de los consejos de un estudio jurídico a su cliente, que en caso de convalidarse el fallo de primera instancia, el Poder Judicial estadounidense estaría poniendo al país en “una situación terrible”. Al darle poder “a cada uno de los holdouts” para “interrumpir el pago al resto” se elimina la posibilidad de llegar a cualquier solución dentro del marco jurídico establecido. En consecuencia “ningún acuerdo intermedio resuelve el dilema creado por las cortes”, con lo que “parecería que se está obligando a la Argentina a caer en default”. Los abogados firmantes del memorándum, Carmen Corrales, Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman, llegan a esta conclusión luego de analizar en detalle cada una de las alternativas intermedias, su complejidad de ejecución y, sobre todo, la altísima probabilidad de que disparen la cláusula RUFO. Entre las alternativas analizadas se incluía también un potencial acuerdo entre privados.

Si el escrito se relee a la luz de los acontecimientos recientes, se confirma que las predicciones sobre los cursos de acontecimientos posibles se cumplieron. No las probabilidades de que la Suprema Corte tome el caso, pero sí lo que sucedería ante la eventualidad de un rechazo. Siempre a posteriori, el memorándum representó una guía de acción de lo que finalmente hizo Argentina. No por su voluntad de sustraerse a las cortes estadounidenses como repiten los buitres internos y externos. Menos aún por el oportunismo de “malvinizar” o polarizar electoralmente, sino porque jurídicamente no existía otro curso de acción posible salvo endeudar al país hasta el fin de los tiempos, por no hablar del incumplimiento de la legislación local.

Conocida la “situación terrible”, el bloqueo judicial que impide que los pagos realizados por la Argentina lleguen a sus destinatarios junto a la imposibilidad de llegar a cualquier solución en el marco del Poder Judicial estadounidense, la pregunta es cómo sigue la disputa, tanto con los buitres como con los “me too”, los holdouts que esperaban colgarse de los fallos judiciales conseguidos gracias al poderoso lobby político-económico-judicial y los carísimos abogados solventados por los “fondos de cobertura”. La respuesta también está en el memorándum, el verdadero consejo que incluyen sus apenas seis páginas es la solución por descarte: un nuevo canje de la totalidad de la deuda, pero esta vez “de modo tal que el mecanismo de pago y demás aspectos relacionados queden fuera del alcance de los tribunales norteamericanos”. En su momento trascendió que ésta era la idea que se barajaba en el Ministerio de Economía, pero nunca se hizo explícita. De todas maneras, hacia este camino avanza el rumbo de los acontecimientos. La herramienta que tiene en sus manos Argentina para concretar la nueva operatoria es la misma que poseía en 2005, el poder del deudor. Si los acreedores quieren cobrar no les afectará hacerlo en una plaza distinta, más si ello agrega algún posible beneficio pecuniario adicional como incentivo.

La estrategia internacional de Argentina incluyó hasta ahora varios pasos. Los primeros fueron las denuncias del accionar abusivo de los buitres en los distintos foros multilaterales. Luego siguió la impecable presentación del país de una demanda por violación de soberanía ante el tribunal de La Haya, de imprescindible lectura para quien desee desentrañar los acontecimientos: http://bit.ly/1rdwNBY. Si bien se descontaba el rechazo estadounidense a esta presentación, básicamente por los antecedentes de mala fe manifiesta de sus poderes en materia de relaciones internacionales, el conjunto de pasos seguidos por el país puede interpretarse como una construcción de legitimidad para llevar adelante el muy probable nuevo canje.

Sobre la presentación en La Haya vale la pena destacar un aspecto de singular actualidad. Al final del punto 128, se demanda que Estados Unidos repare “...plenamente a la República Argentina todos los daños causados por los incumplimientos del derecho internacional que le resulten atribuibles en relación con la presente demanda, cuyo monto será determinado en una fase ulterior de este procedimiento”. Sin duda se trata de daños de difícil estimación, pero que pueden medirse en puntos del PIB. El bloqueo judicial de pagos dejó en stand by la principal herramienta de administración de la restricción externa, el financiamiento desde el exterior. Al mismo tiempo, la mala prensa desplegada con financiamiento buitre puede afectar decisiones de inversión de corto plazo. Ambos factores demorarán la recuperación del crecimiento en una etapa de baja del ciclo económico. Esto no será pagado ni por Estados Unidos ni por los fondos buitre, tampoco por los medios de comunicación y los economistas locales que reproducen fronteras adentro los argumentos condensados por la American Task Force Argentina

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