La predominancia de los factores financieros sobre los reales evidenciada en los últimos años no ha sido inocua desde el punto de vista distributivo y social. Tampoco ha sido neutral la hegemonía de los actores financieros involucrados en la gestación de este nuevo “paradigma” sobre la agenda académica y política. De la mano de la financiarización de las relaciones económicas, el canal de interdependencia financiero adquirió una relevancia mayúscula como correa de transmisión de los shocks que afectan tanto a las economías desarrolladas como en desarrollo.

América latina no ha sido ajena a esta situación, especialmente durante las décadas de 1980-1990, donde varios países evidenciaron niveles de vulnerabilidad externa significativos, muchas veces exacerbados por procesos de endeudamiento externo conducentes a episodios de fragilidad financiera, que culminaron en crisis cambiarias y financieras cuyas repercusiones sobre los grupos poblacionales más vulnerables de la región se hicieron sentir con inusitado pavor.

Los problemas vinculados con niveles de endeudamiento externo potencialmente explosivos se materializaron, en la Argentina, en el default de 2001 y en los posteriores procesos de reestructuración de deuda soberana llevados a cabo exitosamente en 2005 y 2010, que lograron la adhesión voluntaria de más del 92,4 por ciento de los acreedores. La elusión de las dificultades potenciales asociadas al default se dio en el marco de un modelo de crecimiento con mejora de los indicadores sociolaborales implementado a partir de 2003 y liderado por un gobierno cuyas decisiones de política se orientaron, en esencia, a desplegar un conjunto de medidas redistributivas y sociales que permitieron recuperar el tejido social y el entramado institucional que el propio accionar del fenómeno de financiarización contribuyó a desmantelar en las décadas previas, especialmente en los años ’90.

El reconocimiento de actores sociales que esgrimen estrategias afines para plasmar su voluntad de poder y obtener beneficios concretos, constituye un aspecto central a la hora de entender el “fallo Griesa” –expresión que conjuga y subsume los fenómenos de financiarización y su incidencia en el ámbito académico político–, y evaluar sus repercusiones no sólo sobre la situación argentina actual y futura sino, también, sobre el sistema financiero internacional. La sentencia de Griesa debe ser entendida no solamente en la esfera económicofinancieralegal: resulta imprescindible su decodificación en clave política, fundamentalmente en los planos financiero y geopolítico.

En el plano financiero, la Cepal, la Unctad, el FMI y economistas de reconocido renombre internacional (Stiglitz, Roubini, Krueger, Chang, Weisbrot y Ocampo, entre otros) han manifestado con suma preocupación las consecuencias sistémicas potencialmente asociadas al “fallo Griesa”, respaldando explícitamente la posición oficial. En el plano geopolítico, representantes de diversos gobiernos también han explicitado su posición a favor de la estrategia argentina ante los fondos buitre. Se destacan, en este sentido, las declaraciones y testimonios de Evo Morales, José Mujica, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Parlamento británico.

El conflicto desatado por el “fallo Griesa” debe entenderse, por tanto, a la luz de las transformaciones histórico-institucionales que, en el transcurso de las últimas décadas, exaltaron la financiarización como una característica inherente al funcionamiento del mundo desarrollado y en desarrollo. La lectura de la sentencia a favor de los fondos buitre se ajusta, precisamente, a un modo de acumulación liderado por las finanzas, que, además de sobreponerse a las estocadas asestadas por la crisis internacional de 2008-2009, pareciera convalidar aún más la voluntad de poder de los actores sociales involucrados –elites financieras–, ante fallos judiciales cuyas consecuencias sistémicas son aún desconocidas en las dimensiones económica, financiera, legal y geopolítica.

La decisión del gobierno argentino de enviar al Parlamento un proyecto de ley que, entre sus aspectos más salientes, promueve el cambio voluntario de sede para el pago de la deuda y plantea que el Bank of New York Mellon deje de actuar como agente fiduciario, constituye una muestra fehaciente de que el Poder Ejecutivo no está dispuesto ceder su inmunidad soberana ante el accionar de los fondos buitre, explicitando su voluntad de pago mediante políticas que se apartan ciertamente de los intereses y pretensiones de estas elites financieras

* Coordinador Académico de la Maestría en Desarrollo Económico, Escuela de Economía y Negocios - Unsam.