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Mauricio Macri brindó algunos indicios de su futuro plan económico. “De entrada voy a sacar todas las retenciones a la exportación. En mi gobierno se va a acabar la inflación y no va a haber más Impuesto a las Ganancias para los trabajadores”, prometió.

La cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias representa poco más del 3 por ciento de la recaudación y las retenciones algo más del 6 por ciento, lo que suma casi casi el 10 por ciento de los ingresos del Estado. La aplicación de semejante reforma impositiva habría implicado en 2013 un incremento en el déficit de las cuentas públicas equivalente al 2,8 por ciento del valor bruto de la producción. Ese monto representa aproximadamente el total de los gastos de capital del Estado (lo que se destina a obras como construcción de carreteras, puentes, tendidos eléctricos), más de cuatro veces el costo financiero de la Asignación Universal y aproximadamente la mitad del gasto público en el sistema educativo.

Para aplicar semejante política, Mauricio Macri indicó que conformaría “el mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años”. Uno de sus posibles integrantes, Federico Sturzenegger, dio pistas de una alternativa al ajuste del gasto para financiar la rebaja impositiva, al indicar que Argentina deberá “cubrir ese déficit con algún tipo de endeudamiento”. En su recomendación, el economista que participó del Megacanje en tiempos de la Alianza sigue los lineamientos de política que precisó su maestro Domingo Cavallo en una reciente conferencia en la Universidad Católica Argentina. En ese ámbito, el creador y sepulturero de la Convertibilidad recomendó salir de la estanflación mediante una rebaja impositiva financiada con endeudamiento externo.

Ese plan económico tiene como principal escollo la barrera para acceder a los mercados financieros de deuda que montaron los fondos buitre con el fallo Griesa. Cumplir con esa sentencia para “volver a los mercados” significa dar marcha atrás con los logros en materias de desendeudamiento de la última década, tanto por la extensión del fallo al resto de los holdouts como por una posible activación de la cláusula RUFO para quienes ingresaron en los canjes de 2005 y 2010. Las declaraciones de Macri indicando que “ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa y hacer lo que diga”, exponen que está dispuesto a aceptar esas condiciones.

El costo total de acordar con los buitres puede implicar demandas por unos 120.000 millones de dólares que, en bonos públicos a 10 años, equivalen aproximadamente al total de las inversiones necesarias para de-sarrollar Vaca Muerta (250.000 millones de dólares aproximadamente, considerando una tasa de 7 a 8 por ciento anual). La entrega de esos recursos como llave de acceso a los mercados de deuda para generar un proceso de ingreso especulativo de capitales, similar al que permitieron las privatizaciones de las empresas del Estado a comienzos de los noventa, parece ser el plan para conseguir los dólares para generar una pasajera estabilidad cambiaria y de precios

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