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La falta de agua potable y desa-gües cloacales se ubica entre las principales causas de enfermedades en la población, sobre todo en los menores de edad. Novecientos millones de personas corren riesgo de contaminación por falta de agua limpia a nivel mundial. En América latina –”la región más desigual del planeta”, observa Bernardo Kliksberg–, la población sedienta llega a sesenta millones. Cash dialogó con el asesor principal en Políticas de Desarrollo del PNUD. Kliksberg participó del ciclo de conferencias “Agua e Inclusión Social: un tema fundamental” en distintas provincias de la Argentina.

¿Cuáles son las principales consecuencias de la escasez de agua potable?

–La principal causa de muerte de los niños es la falta de agua potable y de instalaciones sanitarias. De acuerdo con Unicef, la combinación entre falta de agua potable y falta de alimento produce dieciocho mil muertes de niños por día. No hay ningún tipo de mal en el planeta que produzca tal cantidad de víctimas silenciosas. Se argumenta que hay una escasez estructural de agua en el planeta. Además, el agua para consumo compite con su uso para la industria y la minería. No existe tal escasez. América latina tiene la tercera parte de todas las aguas limpias del planeta, entre acuíferos y otras fuentes de agua.

¿Por qué hay entonces tantas dificultades para el acceso al agua potable?

–Niños y hogares sin agua potable son resultado del vacío de políticas públicas. A nivel mundial, la ciencia y la tecnología han cambiado la ecuación tradicional y desde la desalinización del agua del mar hasta la obtención de agua de los desechos hay muchas fuentes de generación de agua. También hay instrumentos potentes de descontaminación de aguas contaminadas. Pero todo esto no llega a la población sedienta del planeta, que alcanza los novecientos millones de personas.

Aun cuando no haya tal escasez estructural en América latina, es uno de los continentes que más sufren por esta problemática.

–América latina es la región más desigual de todas. Dentro de nuestras desigualdades, la más aguda es ésta. En ninguno de los sistemas neoliberales figura la inversión de agua para los pobres, no es lucrativa. Viviendas precarias vienen acompañadas de falta de agua potable. En América latina tenemos 120 millones de viviendas precarias actualmente y la mitad no tiene acceso al agua potable. Por ejemplo, en José C. Paz, en pleno Gran Buenos Aires, cuando terminó la década del gobierno de (Carlos) Menem, la proporción de viviendas sin agua potable superaba el setenta por ciento y era mayor que la que había antes de la privatización del agua.

¿Por qué?

–Porque en las privatizaciones se cortaba el agua a los que no podían pagarla. Durante casi todas las gestiones privadas del agua no se hicieron las inversiones mínimas. Más lejos aún, en los juicios de las empresas de agua ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), se demostró científicamente que los servicios que se prestaban en José C. Paz y en otras localidades tenían un contenido de nitrato muy superior a los estándares nacionales y al pactado en las obligaciones contractuales. Cuando la gente consume agua con mucho nitrato corre el riesgo de contraer cianosis, llamada “enfermedad de los bebés azules”.

Esa demostración de altos niveles de nitrato que usted menciona, ¿favoreció a la Argentina en los juicios ante el Ciadi?

–Los juicios tienen que ver con un conjunto de factores, no sólo con estos datos, pero son muy contundentes en cuanto a que las privatizaciones no cumplieron para nada sus objetivos contractuales.

¿En el Ciadi qué ocurrió con estas pruebas, puntualmente?

–Algunos de los juicios están en desarrollo en este momento y el tribunal cambia: cada juicio tiene un tribunal diferente. Argentina tiene que pelear con todos los elementos en defensa de la población. Naciones Unidas cuenta con el Informe de Desarrollo Humano 2006, dedicado al agua potable y a las instalaciones sanitarias. Ese informe manifiesta que las privatizaciones han sido pésimas en todos los países: en Bolivia, en Argentina, en Europa actualmente. Con respecto al agua, el informe dice que tiene que ser de total soberanía del Estado para garantizar el interés de la población. En definitiva, debemos transformar la concepción neoliberal que ve al agua como una mercancía. Lo mismo las instalaciones sanitarias; no son una mercancía, son un derecho humano central. En el 2010 recién se llegó a que el agua potable fuera declarada derecho humano esencial.

En Argentina esa declaración fue previa.

–Se introdujo en el 2005. Cuando los chicos toman agua contaminada durante los primeros mil días de vida sufren de una de las veinticinco enfermedades hídricas que identificó la Organización Mundial de la Salud (OMS), producidas por el agua y por la falta de las condiciones sanitarias. El 80 por ciento de las enfermedades son causadas por determinantes sociales como el agua contaminada, la falta de instalaciones sanitarias y la falta de alimentación suficiente.

¿Qué cantidad de personas permanecen aún hoy sin instalaciones sanitarias?

–Según el Informe de Desarrollo Humano 2014, 2400 millones de personas en el planeta no tiene un baño. Eso significa riesgo de diarrea infantil severísimo y todo tipo de contaminaciones ambientales. En la India, la mitad de la población no tiene instalaciones sanitarias. Según Amartya Sen, sesenta millones de personas hacen sus necesidades al descubierto. Eso provoca un nivel de contaminación sin precedentes históricos.

En el caso argentino, ¿en qué cambió la política de inversiones a partir de la reestatización del servicio?

–Durante la privatización, la Argentina careció de una política de agua. En diez años, el país puso al agua como uno de los temas prioritarios en la agenda. Se le asignó presupuesto a la construcción de cloacas y agua potable en gran escala.

¿Hay estadísticas de dicha inversión?

–En el Gran Buenos Aires, cerca del 70 por ciento de la población no tenía agua potable. Ahora, en La Matanza hay ciento por ciento de cobertura. En Tucumán, hay ciento por ciento de acceso a agua potable. En Santiago del Estero, están llegando al ciento por ciento también.

Durante la gestión de la empresa francesa Suez, la política de inversiones para la extensión de la red de agua y cloacas estuvo signada por una lógica de mercado, se hicieron modificaciones en los planes de inversión que beneficiaron a las clases de alto poder adquisitivo. ¿Sería posible definir qué lógica guió la inversión durante la gestión estatal?

–La lógica es haber considerado al agua una prioridad desde 2005, que apareció jurídicamente como un derecho humano. Teóricamente, cualquier habitante sin agua podría hacerle un juicio al Estado y se lo aprobaría cualquier juez.

Los sectores más pobres no tienen las herramientas necesarias para recurrir a la Justicia por falta de agua potable.

–Todo lo que se hace como política de agua es un derecho. Las instalaciones sanitarias son más complicadas que el agua potable, porque hay que construir cloacas que lleguen a zonas de pobreza extrema y luego deben instalarse los caños que se conecten al hogar. Allí hay un planteo muy interesante que se llama “Agua + Trabajo”, que involucra a las comunidades pobres.

¿Se tiene una estimación de cuánto falta invertir en agua potable y en servicios sanitarios para alcanzar el ciento por ciento de cobertura?

–En agua potable falta menos del 10 por ciento a nivel país. Y en cloacas, La Matanza, Tucumán y Capital Federal son las más avanzadas. Hace diez años, en Santiago del Estero había menos del 50 por ciento de cobertura. En cuanto a las cloacas, más de una tercera parte todavía no tiene instalaciones, aunque difiere marcadamente según las zonas. Pero falta mucho, y hay planes de inversiones gigantescos porque es una prioridad.