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Por Fernando Krakowiak

El conflicto que mantienen el Gobierno nacional y el Grupo Macri por la concesión del Correo parece no tener salida. El presidente Néstor Kirchner afirmó que no se avanzará con la renegociación del contrato hasta que el concesionario pague el canon atrasado. Pero en la empresa se niegan a aceptar esa condición como paso previo para sentarse a conversar. En una entrevista concedida a Cash el presidente del Correo Argentino, Raúl Casa, calificó de caprichosa la actitud del Gobierno porque “si uno invierte en una concesión y no se respetan las condiciones contractuales, es lógico que antes de pagar el canon se exija el cumplimiento del contrato”.
¿Qué medida van a tomar si el Gobierno decide rescindir la concesión del Correo?
–Para rescindir el contrato tiene que tener causas concretas que lo justifiquen. Nosotros cumplimos nuestras obligaciones contractuales y el Gobierno no.
Pero ustedes no pagaron el canon estipulado en el contrato.
–Si uno invierte en una concesión y no se respetan las condiciones contractuales, antes de pagar el canon va a exigir el cumplimiento del contrato.
¿Qué es lo que no cumplió el Gobierno?
–El Gobierno se había comprometido por contrato a impulsar un marco regulatorio para la actividad y no lo hizo. El sector postal es un caos que se evidencia en la existencia de 900 prestadores postales ilegales que manejan el 20 por ciento de la facturación estimada del sector. Además, el Gobierno se comprometió a equiparar el nivel salarial de los empleados del correo oficial con el de los trabajadores del resto de los prestadores, pero tampoco lo hizo.
Cuando se hicieron cargo del negocio sabían cuál era la situación del mercado.
–Esa es la razón por la cual pagamos el canon puntualmente durante los primeros dos años, pero como el Estado no cumplió con su parte, decidimos interrumpir el pago.
También se les objeta haber contabilizado como inversión las indemnizaciones de más de 10 mil trabajadores despedidos.
–Nosotros tenemos la obligación de invertir 25 millones de pesos por año. Si consideramos sólo los proyectos de infraestructura y nuevos negocios hemos invertido 164 millones de pesos, más de lo exigido contractualmente para los primeros cinco años. Pero además invertimos otros 211 millones de pesos en ingeniería y reestructuración para mejorar el servicio. Hubo que filtrar a la gente que servía de la que no servía. Además había muchos trabajadores que se querían ir porque estaban acostumbrados a trabajar en el Estado y se sentían incómodos en el sector privado. Les pagamos y se fueron.
Y lo contabilizaron como inversión.
–Lo contabilizamos como inversión para luego ir amortizando los activos a lo largo del tiempo. Si lo contabilizábamos como costo, íbamos a arrancar nuestro primer ejercicio con 211 millones de dólares de pérdida y no hubiéramos podido recibir ni un solo centavo de crédito en el sistema bancario. De acuerdo a las normas contables está hecho como corresponde.
¿Si el Gobierno sancionara el marco regulatorio y gestionara la equiparación de las diferencias salariales, ustedes pagarían el canon?
–No, porque el canon tenía que ver con la proyección de crecimiento de la facturación. Si usted tiene un mercado que se redujo un 40 por ciento y encima tiene una competencia en negro que se lleva otro 20 por ciento, el resultado lógico es una pérdida. Nosotros no fuimos los responsables de que el país entrara en emergencia económica. Somos víctimas de esa emergencia.
Usted reivindica el servicio, pero el número de sucursales en muchos pueblos se redujo notablemente y eso le trajo problemas a la gente.
–Nosotros cerramos sucursales por razones comerciales, pues en muchos pueblos se redujo el número de habitantes, y ya no era rentable mantener tantas sucursales.
¿Qué van a hacer si el Gobierno mantiene su postura de no negociar hasta que se pague el canon?
–El Gobierno tiene que estar seriamente interesado en defender el correo oficial de la Argentina. Si analizan el tema en profundidad nos llamarán para que juntos tratemos de encontrar un camino que acerque las pretensiones de ambas partes. Nosotros queremos negociar el contrato de concesión dentro de los parámetros de la Ley de Emergencia Económica.
¿Hasta el momento no conversaron con ningún funcionario?
–Tuvimos una sola conversación con el secretario de Comunicaciones y lo único que nos dijo fue que pagáramos el canon.
¿Qué posición tomarán si en lugar de rescindir el contrato el Gobierno decide utilizar la figura del cram-down para mejorar la oferta que ustedes le realicen a sus acreedores y quedarse con el servicio?
–Dentro de las hipótesis barajadas está la eventualidad del cram-down y tenemos una estrategia para defendernos. Nos parece una medida hostil porque el Gobierno estaría recurriendo a un mecanismo legal para no cumplir el contrato que firmó. Lo tomaríamos como una maniobra para evadir la obligación contractual.