[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El conflicto desatado en marzo de 2008, a raíz de la promulgación de la resolución 125, entre las principales entidades representativas del sector agropecuario pampeano y el gobierno nacional, puso en primer plano la nueva situación del sector agropecuario pampeano y abrió el interrogante acerca de su representación político-sectorial. Las transformaciones económicas, tecnológicas, organizacionales y político-estatales acontecidas desde comienzos de los ’90 trastrocaron el mapa de actores del sector agropecuario de la mencionada región y su fracción dominante.

En primer lugar, se produjo el ingreso de nuevos jugadores que alteraron la composición de su base social. Principalmente, fueron agentes con una lógica más empresarial (en algunos casos con capitales extrasectoriales), vinculados con la producción de granos (especialmente la soja), con una lógica organizacional más profesionalizada y con un origen menos ligado a los apellidos tradicionales del sector.

En segundo término, se pluralizó el universo de entidades y sus lógicas representativas. Actualmente coexisten tres tipos de agrupamientos: las gremiales, las técnicas y las que integran por cadena. Las entidades gremiales tradicionales (Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas) vieron debilitada (sobre todo hasta el 2002) su incidencia y efectividad al momento de presentar las demandas de sus asociados y obtener respuestas hacia las mismas.

Por otra parte, se sumaron asociaciones nuevas o que ya existían, pero que comenzaron a obtener mayor visibilidad merced a las transformaciones acontecidas, con una lógica de funcionamiento diferente de lo gremial. A estas últimas las podemos denominar “técnicas”, ya que su rasgo principal es el promover los intereses de los productores sobre la base de la difusión de procedimientos que incrementen la eficiencia productiva a nivel microeconómico, ya sea a través del uso más racional de los recursos y/o incentivando el empleo en innovaciones tecnológicas de proceso o producto. Las más destacadas son la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).

El origen de la primera se remonta a 1957, cuando nace el primer Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (Crea), y adquiere su denominación actual en 1967. Aapresid, por su parte, nace en 1989, conformada por una red de productores agropecuarios cuyo objetivo es promover la utilización de la siembra directa (sd) como medio de cuidado del suelo y de incremento de la productividad. En su afán de conquistar un lugar en el universo de los actores sectoriales, ambas confrontan tanto con los “terratenientes” identificados con prácticas rentistas como con los “chacareros” que producen con técnicas atrasadas y a quienes es necesario “modernizar”.

Finalmente, un tercer grupo de entidades son aquellas organizadas en torno de la defensa/promoción de los intereses de cadenas productivas de diferentes granos. Así surgieron la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), constituida en agosto de 2004; la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), nacida en 2007; la Asociación Maíz Argentino (Maizar), cuyo origen data de 2004, y la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), creada en 1980, pero que recién en noviembre de 2000 permitió la participación de todos los sectores de la cadena de valor.

En todos los casos, este tipo de agrupamientos, están compuestos por representantes del conjunto de los eslabones productivos de cada bien: entidades de la producción, proveedores de insumos, instituciones públicas de ciencia y técnica, agentes de comercialización y servicios, entidades ligadas a la industrialización. La gravitación de estas entidades creció junto con la difusión del “paquete tecnológico” (transgénicos, siembra directa, fertilizantes) ya que la masiva y rápida adopción de esta tecnología fue, en gran medida, promovida por los proveedores de dicho paquete, en casi todos los casos miembros influyentes en el interior de las mismas.

Como puede observarse, en la representación de los intereses de los sectores dominantes del agro pampeano coexisten tres tipos de entidades, cada una con:

1. una lógica representativa diferente (una de perfil gremial, otra de carácter más técnico y una comercial-global);

2. bases sociales predominantes distintas (las gremiales, principalmente las rurales, más ligadas a la producción ganadera o mixta, las técnicas enfocadas en los granos); y

3. disímiles vinculaciones con el Estado (las gremiales apuntando a las políticas macroeconómicas; y las técnicas a las intervenciones micro).

En función de estas variables, acontece entre ellas una vinculación compleja que conjuga competencia y complementación, según sea/n la/s producción/es objeto de la problemática y el tipo de intervención que tenga el Estado. En el caso de producciones con intereses contrapuestos (productores de trigo-molinos harineros o productores de maíz-sector avícola) y una intervención estatal que regule tanto el mercado interno como el externo, se generan condiciones para una competencia entre entidades en pos de “ganar” una intervención estatal favorable. Por el contrario, cuando los intereses productivos se articulan (cadena de la soja, por ejemplo) y el Estado toma intervención (ya sea en el plano externo o interno) hay mayores posibilidades de complementariedad entre entidades en confrontación con la intervención estatal.

* Magister en Sociología Económica (Idaes-Unsam) y docente de la UNQ.

** Doctorando en Ciencia Política de la Unsam y docente-investigador en UNGS y UNVM.