Ha surgido un debate por la determinación estadística de los niveles de pobreza en Argentina, a partir de un discurso pronunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la FAO. En la controversia se ha alegado que la máxima autoridad política argentina señaló que la pobreza se ubicaba por debajo del 5 por ciento. Vale aclarar que el dato estadístico no provenía del Indec, sino de las propias estimaciones de la FAO. El porcentaje en cuestión no se refería al cálculo de los niveles de pobreza y sí de insuficiencia alimentaria: no poseer los suficientes medios económicos para alimentarse.

En otras palabras, el reconocimiento a nuestro país por haber disminuido la insuficiencia alimentaria no merece el menoscabo que apresuradamente provocó la cotidiana tergiversación de la información periodística hegemónica. Posicionándose políticamente aparece la UCA afirmando, según sus propios cálculos estadísticos, que los niveles de pobreza en Argentina en 2013 rondaban el 27 por ciento. Como se sabe, los índices de pobreza que se utilizan en Argentina aumentan o disminuyen en función de la inflación. Por otra parte se deduce como indiscutible, sin mayores fundamentaciones, que el Gobierno es el generador de la inflación. De esta manera se extrapola rápidamente que todos los pobres e indigentes existentes en el país se multiplican derivado de políticas macroeconómicas incorrectas. Dentro de la variedad de dogmas de la ortodoxia económica, sobresale el que dice que la inflación está determinada por un exceso de emisión monetaria, derivada de un excesivo gasto público.

A partir de ese dogma, la ecuación es muy simple: el Gobierno gasta por demás en asignaciones familiares, jubilaciones, subvenciones en medicamentos, universidades, electricidad, gas, transporte, fútbol para todos, repatriando investigadores, desendeudando al país de deudas heredadas, construyendo escuelas y autopistas, etc., y con ello genera inflación y de esta manera multiplica pobres e indigentes.

En economía política dos más dos no es igual a cuatro. Es necesario que se entienda que la ciencia matemática –como poderoso e insustituible instrumental– resulta limitada para contener las actitudes y relaciones humanas. Además, no existe la monocausalidad en economía política. Existen causalidades y además en función del ciclo y en función de múltiples determinantes tanto exógenos como endógenos. Por ende cada situación coyuntural implica una definición específica funcional a tiempo y espacio. En cambio, el discurso ortodoxo es metodológicamente simplista para que el facilismo posibilite la tergiversación, que lubrica el proceso de concentración del capital. Puede haber –de manera simultánea o no– inflación de demanda; inflación de costos; inflación por devaluación; inflación por emisión. Pero, por sobre todas las causales sobresale la inflación derivada de la voracidad de concentrar capital, que implica imponer precios desorbirtantes para alcanzar rentabilidades empresariales oligopólicas fantásticas. Casi todos los sectores de la economía se encuentran excesivamente oligopolizados, situación derivada de la propia concentración de la riqueza. Por ende, cualquier producto tiene un precio de venta que implica una ganancia desproporcionada. Es decir, un reducido número de empresas imponen precios con impunidad a la población consumidora.

El motor de la obsesión es maximizar beneficios. Maximizar no es obtener abultados resultados, sino lograr el máximo a cualquier costo en todo momento, lo que implica que quién no pueda pagar el precio descomunal de un medicamento, deberá morirse. De igual manera con los alimentos o la vivienda. Aceptar que el gobierno es responsable de la inflación es caer en un absurdo: que el poder económico concentrado y los medios de comunicación hegemónicos cuestionen pobreza e indigencia, cuando ellos mismos la generan.

* Docente. Economista. Integrante del Club Argentino Arturo Jauretche.

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