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“En economía hay cosas que son muy fáciles de hacer y tremendamente difíciles de deshacer. La moneda es un instrumento fundamental de política económica, de coordinación social, un símbolo de soberanía. Pero los costos de una salida de la dolarización hoy serían catastróficos”, señaló Rafael Correa, economista y presidente de Ecuador. Desde 1999 la economía ecuatoriana se encuentra dolarizada: es el único país del mundo que tiene como moneda al dólar norteamericano, sin contar, naturalmente al propio Estados Unidos. La medida económica tomada hace ya varios años, ha sido fuertemente criticada por Correa, pero todavía el país no ha podido salir esa soberanía monetaria cedida. Ecuador se encuentra en la actualidad sin posibilidad de desarrollar su propia política monetaria, de forma similar a la actualidad que atraviesa la economía griega, que, por utilizar como unidad monetaria el euro, tampoco dispone de una moneda propia mediante la cual influir en la política económica de su país. Ambas economías se caracterizan, entonces, por tener un Estado con una de las manos atadas, contando con la política fiscal como única herramienta para incidir en la macroeconomía nacional.

Históricamente, Ecuador fue un país con un tipo de desarrollo económico que generó un pequeño sector social de altos ingresos y, por otro lado, un amplio sector con bajos ingresos y serias dificultades para satisfacer las necesidades básicas. Las actividades principales se encontraban en la exportación de petróleo, bananas, café, atún, cacao y alguna que otra commodity. Estas actividades se encontraban administradas por un grupo pequeño de empresas ligadas a grupos económicos locales e internacionales, que se dedicaban específicamente a la exportación de estos productos sin un mayor agregado de valor.

Esta inserción en la economía mundial permitió cierto desarrollo del sector comercial y de los servicios en general, aunque nunca en la historia del país se pudo avanzar en un proceso de industrialización. Todo esto generó una clase alta rentista y, al mismo tiempo, una clase baja explotada, con salarios paupérrimos, bajo nivel de consumo interno, niveles altos de importaciones de productos industrializados de consumo, muchos de ellos de consumo suntuoso, un gran sector de la sociedad excluido, con niveles de asistencia escolar bajos, altos niveles de mortalidad infantil. La dolarización llegó con promesas de estabilización de la moneda local, y más allá de haber logrado una estabilidad monetaria selló a fuego la posibilidad de industrialización para el país.

Vengo a proponerles un sueño

Correa asume la presidencia del país en 2006 con ese panorama luego de haber sido ministro de Economía entre los meses de abril y agosto de 2005. Desde que inició su mandato, reforma constitucional mediante, Correa fue tomando diferentes medidas que fueron generando mejoras en la clase trabajadora ecuatoriana sin dejar de lado otros objetivos estructurales como la diversificación de la economía, la defensa de la soberanía nacional (levantó una base militar norteamericana en Manta) y la superación de la dependencia primario-exportadora.

Aprovechando los altos precios internacionales de sus exportaciones (fundamentalmente alimentos, petróleo y sus derivados) fue tomando medidas tendientes a mejorar la situación de las clases populares. Se incentivó el consumo interno por medio del aumento el salario mínimo vital y móvil (desde su asunción, casi se triplicó), se extendió la cobertura de salud en los barrios de clase baja, se mejoró el transporte público de pasajeros, se recuperaron derechos e ingresos de la clase trabajadora, el desempleo se redujo a niveles menores al 5 por ciento, generando un crecimiento económico inédito en la historia del país (con tasas de crecimiento del PBI de aproximadamente 10 por ciento anual en los últimos años), una caída de la pobreza (pasó del 42,2 por ciento de la población en 2005 a 22,5 por ciento en 2014, según Banco Mundial) y una estabilidad política basada en el apoyo popular que desarticuló los intentos desestabilizadores de 2010.

Por otro lado, con el objetivo de garantizar un desarrollo económico sustentable en el mediano y largo plazo se han ido realizando fuertes inversiones en infraestructura para convertir al país en un exportador de energía, sobre todo con grandes inversiones en empresas hidroeléctricas, inversiones en caminos y rutas para fomentar tanto el turismo externo como interno. Paralelamente, se inició un proceso de desendeudamiento externo con una importante quita en la deuda externa del país, la cual paso de representar el 46,0 por ciento del PBI en 2006 al 19,8 por ciento en 2014.

El escenario empeoró luego de la crisis internacional de 2008 ante la fuerte caída del precio del petróleo y a la caída del ingreso de remesas que envían los ecuatorianos en el exterior, principalmente desde España y Estados Unidos (entre 2008 y 2014 cayeron 38 y 13 por ciento, respectivamente), dos de las economías más golpeadas por la crisis internacional. De esta forma, se presenció una fuerte caída en los ingresos de divisas para el país, con el agravante de que no se trata sólo de divisas sino que se trata además de su moneda de uso local.

Adicionalmente, al tratarse de un país que adquiere del exterior la gran mayoría de los bienes de alto valor agregado, la recomposición del poder adquisitivo de las mayorías generó un aumento de las importaciones para satisfacer a la nueva demanda. Junto con el incremento de las importaciones, creció la demanda de dólares que, sumado a la merma en el ingreso de dólares por la caída de los precios internacionales de las exportaciones, generaron una situación de estrangulamiento externo que se reflejan en los fuertes déficit de balanza comercial que, con excepción del 2014, arroja desde el año 2010.

Dos modelos políticos

Ante esta situación, el gobierno ecuatoriano tomó riendas en el asunto. Por un lado, está buscando incentivar medidas conjuntas con los otros países exportadores de petróleo (nucleados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo) para presionar a la suba los precios mediante la regulación de la producción. Por otro, al no poder recurrir a la política monetaria, fue tomando diversas decisiones para conseguir los dólares necesarios para continuar por la “senda del desarrollo” como remarcó días atrás el papa Francisco, marcando una clara intención de donde deben recaer los costos generados por la crisis internacional.

Entre ellas se encuentran la obtención de préstamos de China para financiar obras de infraestructura, la aplicación de barreras a las importaciones de productos de lujo, junto con políticas fiscales progresivas, diferenciándose de lo que históricamente ha pasado en Ecuador y en los países de Latinoamérica y lo que actualmente está pasando en gran parte de Europa. A diferencia de Grecia y de la América latina neoliberal, el ajuste no tuvo esta vez como destinataria a la clase trabajadora.

Correa no realizó una reducción del gasto social (focalizado en el Bono de Desarrollo Humano, transferencia mensual de 50 dólares para los representantes de los núcleos familiares que se encuentran bajo la línea de pobreza) sino que ha venido aumentando impuestos a las riquezas, a las altas ganancias, a los productos que consume específicamente la clase alta: perfumes importados, productos electrónicos de última generación, eliminación de subsidios a los combustibles para las embarcaciones de lujo, al consumo de alcohol, de cigarrillos, entre otros.

Al mismo tiempo, planteó proyectos de reforma de los impuestos sobre la herencia (de hasta 47,5 por ciento para los herederos directos) y sobre la plusvalía inmobiliaria, que proponen el aumento del gravamen por estos conceptos y que afectan directa y exclusivamente al 2 por ciento más rico de los ecuatorianos. La mera existencia de ambos proyectos generó una maquiavélica campaña mediática que ha hecho que una parte de la población saliese a las calles a reclamar como propios los intereses de unos pocos.

Los líderes opositores, que conforman esa porción minoritaria de la población, también se sumaron y alentaron las críticas. Es el caso del líder del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN) y candidato a presidente cinco veces (1998, 2002, 2006, 2009 y 2013), el magnate bananero Alvaro Noboa quien tiene la contrapropuesta de abolir el impuesto a la renta, y el caso del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien reconoció que se vería afectado personalmente por el impuesto impulsados por la Ley de Redistribución de la Riqueza por pertenecer al 2 por ciento más adinerada de la población ecuatoriana, en estos días llamó a una movilización contra la política fiscal del gobierno señalado que “hoy como nunca se ha exacerbado esto de ricos contra pobres. Hay que tratar de ir en los carros menos lujosos, de la manera más sencilla. Si uno tiene dos carros y uno es viejo, usemos el viejo.”

Más allá de cómo termine la disputa, el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha puesto en discusión dos modelos políticos: en los momentos de dificultades económicas los sacrificios los paga el pueblo cayendo en la pobreza o las clases históricamente pudientes. Correa decidió que lo paguen los que más tienen, la minoritaria clase alta ecuatoriana, aquella que se benefició del desarrollo económico de enclave que históricamente caracterizó a ese país.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).