Dentro de las peleas que libró el Gobierno durante los últimos años, la batalla contra el sistema financiero quedó inconclusa. La banca privada nacional y extranjera incrementó su poder de acción en la última década, lo que se refleja en las persistentes tensiones cambiarias. En esta ventaja colaboró la complicidad de algunos espacios políticos, que se ven favorecidos por turbulencias. En la última semana, directivos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y las autoridades del Mercado de Valores (MerVal) se reunieron por primera vez durante la administración kirchnerista para analizar aspectos vinculados con los delitos financieros. El encuentro permitió reconocer los verdaderos focos de desestabilización relacionados con bancos y grandes inversores institucionales.

La dificultad para pesificar la economía se explica por la presión de este sector influyente, que busca mantener una brecha cambiaria para obtener una ganancia en la intermediación, mientras que desde lo político es una herramienta para imponer condiciones. Lo llamativo es cuando ese accionar cuenta con protección por parte de quienes deberían regularlo. “En todos estos meses en los que reforzamos la supervisión no recibimos apoyo de las autoridades del gobierno porteño, pese a que las cuevas se concentran en esa jurisdicción”, señaló a Cash el director del BCRA, Pedro Biscay, a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. De hecho, en los allanamientos realizados a principio de año se detectaron “cuevas con habilitación para operar como casas de cambio emitida por la Agencia Gubernamental de Control de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo de Guillermo Montenegro”, según la denuncia elevada por el BCRA al Ministerio Público Fiscal.

La pelea así se hace más difícil. De hecho, dentro del propio sistema financiero –así como sucede con otras ramas económicas– hay diferentes internas y consenso entre los pequeños inversores en la necesidad de una mayor regulación para evitar abusos. Algunos medios hicieron hincapié esta semana en las diferencias que surgieron entre el titular de la Procelac, Carlos Gonella, y un grupo de 200 operadores bursátiles respecto de la legalidad o no del contado con liquidación, pero no en las coincidencias. No se trata de reflejar cortesías entre ambos, sino que entre los puntos en común está la necesidad de evitar los delitos financieros, algo que los sectores concentrados pretenden naturalizar en beneficio propio.

Los desacuerdos estuvieron concentrados en la legalidad de la operatoria del contado con liquidación, mecanismo que implica la compraventa de bonos o acciones en pesos para liquidar en dólares, operación muy utilizada por grandes empresas e inversores. El debate se mantiene en dos posturas claras y contrapuestas. Los hombres de negocios pretenden que se mantenga cierta libertad de movimiento en este tipo de transacciones, sobre las que cobran sus respectivas comisiones, mientras que la Procelac, lejos de buscar que se declaren ilegales, investiga que no sea utilizo como un mecanismo cambiario.

“Nos juntamos para abordar las medidas que son comunes y allí se pautaron actividades de capacitación. Los inversores hacen una distinción entre el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y MerVal. En este último operan inversores pequeños y medianos, agentes de 50 o 60 años que sienten que se les exige demasiado por los controles”, explicó Gonella a este suplemento. Desde el organismo se buscó ahuyentar fantasmas sobre una persecución al sistema bursátil. “Está el prejuicio de que son todos delincuentes. Es irresponsable pensar así desde un organismo de control”, explica el funcionario, que se comprometió con los hombres de negocios a ser un puente para simplificar los mecanismos de información del Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF). La tarea de supervisión se intensificó en los últimos meses, con la necesidad de algunas correcciones en su aplicación.

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