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Mauricio Macri siguió con su guionado discurso ante el grito de sus seguidores diciendo “no”: acababa de mencionar que “YPF seguirá siendo estatal” pero en esa especie de Máscara de Fernando VII que, junto al asesor Durán Barba quiso impulsar, le faltó convencer a su propia tribuna. Las declaraciones del actual candidato a presidente por el PRO-UCR en favor de las estatizaciones realizadas, tales como “Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada” o “La YPF que ellos privatizaron y que ahora confiscaron, violando la Constitución Nacional y trayéndonos mucho descrédito (...) seguirá manejada por el Estado”, podrían hacer dudar acerca de los indiscutibles intereses de Macri en pos de la defensa del negocio de las empresas concentradas –en la exportación y la fuga–. A este respecto ya había opinado Macri sobre las AFJP y Aerolíneas: “nunca las hubiera estatizado”, con los recientes respaldos de su candidata a vice, Gabriela Michetti. Pero lo cierto es que Macri no miente al clarificar que la discusión no pasa por una opción cerrada entre “Estado sí o Estado no”: el verdadero eje de la disputa reside en quién o quiénes son los dueños de la actividad manejada por el Estado. Como indica la propia historia argentina, nada impide que puedan convivir Estado y negocio de los privados, como ocurrió con las concesiones o privatizaciones periféricas efectuadas por YPF en tanto empresa estatal durante la última dictadura. Por ende, tampoco se trata de discernir si Macri es “anti-Estado”, sino cuál es la veta que busca el círculo de exportadores concentrados-fugadores-oligopolios formadores de precios para obtener provecho de lo público. Sus cambios de postura anticipan esta cuestión.

En octubre de 2014 el jefe de Gobierno porteño sostuvo en relación a la estatización de YPF: “el daño ya está hecho”. El “daño” al que Macri refería era el perjuicio que la estatización le había causado a Repsol, adoptando rápidamente el rol de vocero de los intereses de las empresas predadoras y de los privados en general, que denunciaban una confiscación y usurpación por parte del Estado. Vale la pena repasar en qué situación se encontraba Repsol antes de la estatización y cuál fue su evolución posterior, para dimensionar la profundidad de negocio perdido por la firma española y con vehemencia demandado por Macri.

YPF

La llegada de Repsol en 1999 significó una fuerte caída del nivel de inversión en exploración como parte de las ventas netas, reflejado a través de la reducción de la cantidad de pozos en exploración por parte de YPF, y también la cantidad de pozos totales. Esta decisión no es menor, dado que como petrolera estatal marcaba el rumbo de la inversión en el sector. Es decir, el mercado primario hidrocarburífero en conjunto comenzó a operar siguiendo criterios de corto plazo: subexplorando, sobreexplotando los yacimientos y sobreexportando los recursos. Esto generó un agotamiento de pozos con caídas de productividad y producción, una fuerte disminución de reservas y la necesidad de importar combustible. A la vez, la política de repatriación de dividendos impulsada desde la empresa hacia su casa matriz tuvo un fuerte impacto negativo en la balanza de pagos. En 2011, la balanza energética fue negativa en 2784 millones de dólares, representando el 12 por ciento de las importaciones totales de nuestro país. Con un 41 por ciento del mercado petrolero, hacia 2012 Repsol lejos estaba de apostar a la soberanía energética, dedicándose a la maximización de su rentabilidad, con una tasa de ganancias superior al 15 por ciento, mientras que en paralelo, la producción de crudo se había reducido un 35 por ciento y la de gas un 40 por ciento. El “daño” fue entonces el límite que el Estado colocó a la continuidad de este tipo de negocios, que vaciaron la empresa y afectaron sensiblemente las cuentas nacionales.

Aerolíneas y AFJP

Para Macri no cabían dudas que Aerolíneas “debía quedar en manos de sus dueños”. La reciente condena del ex principal accionista de AA, Díaz Ferrán, a 5 años de prisión por el vaciamiento de Marsans, refleja la recurrencia en maniobras ilegales que, sin embargo, para el Jefe de Gobierno porteño no empañan la defensa del manejo privado.

Macri también fue claro respecto de sus límites para la aceptación de lo público: “Está perfecto que YPF sea estatal, pero tiene que funcionar bien”. Sobre las AFJP, Macri oportunamente sostuvo que su estatización “obedece a la necesidad de fondos del oficialismo (...) hay historia que esa plata se ha usado para cosas que no estaban programadas (...) La política se tienta y termina usando la plata para lo que no debe”.

La discusión sobre la eficiencia omite la realidad de los tres casos detallados.

- Los datos de YPF luego de la estatización son contundentes: entre 2011 y 2014, crecieron las inversiones upstream (177 por ciento) y en equipos de perforación (196), las ventas en millones de dólares (29,1), el indicador de rentabilidad de la firma Ebitda (43,4), la utilidad operativa en millones de dólares (40,5), la producción de gas (25) y de petróleo (10). Pero además entre 2012 y 2014 aumentaron las reservas de petróleo y gas (23,8).

- En Aerolíneas Argentinas, la empresa pasó de operar con 26 aviones en 2008 (valuados en 326 millones de dólares) a 58 aeronaves operativas a septiembre de 2013 (valuadas en 1335 millones de dólares) contando actualmente con 71 aviones operativos. La oferta entre 2008 y 2013 se incrementó un 36 por ciento medida en asientos por kilómetro ofrecidos, y un 83 por ciento medida en frecuencias. Para el mismo período, la demanda tuvo un crecimiento de 59 por ciento. La evolución de los ingresos registró un record histórico para Aerolíneas: pasó de 1099 millones de dólares en 2008 a más de 2000 millones de dólares en 2013. Y el aporte que Aerolíneas Argentinas realiza al Estado vía impuestos supera en más de 17 por ciento a las transferencias que recibe del Tesoro, resultando un aporte neto a las arcas del Estado de más de 600 millones de pesos.

- A partir de la estatización, en el Sistema Previsional Público existe hoy mayor cobertura alcanzando el 94,6 por ciento de los jubilados (pasando de 3.158.164 jubilados en diciembre de 2003 a 6.385.863 en marzo de 2015, un aumento del 102 por ciento). La Anses abona actualmente los beneficios promedios más altos en relación a la línea de pobreza (3,5 veces).

Eficiencia

Sin embargo, para la mirada macrieconómica, estos números no bastan para convertir a las firmas en eficientes. Es evidente que el concepto de eficiencia de Macri nada tiene que ver con la evolución y la tarea de la empresa sino, antes bien, con la imposibilidad de realización de negocios privados, los cuales en otros momentos de la historia les han significado ganancias extraordinarias. Pero además de ello, el cuestionamiento de Macri se orienta al clásico concepto de eficiencia de una empresa y actividad privada cualquiera: no contiene la variable social. Esta visión liberal que analiza la eficiencia de manera unilineal, redefiniría los objetivos de las empresas públicas orientándose, en el caso de la aerolínea de bandera, sólo a los destinos más rentables, priorizaría la rentabilidad económica en el caso de la petrolera, relegando la búsqueda de la soberanía energética, y ponderaría, eventualmente, sólo el negocio financiero del sistema previsional en lugar del fomento de la producción.

Parece irreal pensarlo hoy, pero vale el ejercicio de imaginar a Macri presidente y a sus primeras decisiones en torno a las empresas del Estado, a las cuales habría que “eficientizar”:

1. Enviaría auditorías técnicas que “encontrarían” excesivos costos para el Estado, proponiendo la eventual reestructuración para combatir el déficit fiscal.

2. En paralelo, empresas saneadas como AA e YPF, se utilizarían para financiar la economía vía endeudamiento en dólares en el exterior, apuntando a resolver la “restricción externa” con “lluvia de dólares”.

3. El excesivo costo desencadenaría la reducción de destinos no rentables (en 22 de los 35 destinos federales de AA no viaja la competencia), reduciendo luego personal y acarreando conflictos sindicales que paralizarían la actividad.

4. Las empresas deberían entonces actuar en consecuencia: Aerolíneas redireccionando ventas y vuelos hacia otras empresas, para no desatender la conectividad y debido a los incumplimientos de la empresa por paros y reclamos; YPF reduciendo su inversión en explotación, habilitando mayor intervención a las otras firmas y renunciando a objetivos primarios en torno a soberanía hidrocarburífera.

5. El achicamiento y empeoramiento del funcionamiento de las firmas estatales conduciría a su desprestigio, alimentado por medios hegemónicos que insistirían en su necesario traspaso a capitales privados, más eficientes.

6. Distintas ofertas de compra comenzarían a aparecer, siendo cada día más natural y públicamente aceptado que un saneamiento en manos privadas, con gerencias eficientes y equipos técnicos capacitados, salvarían a estas empresas del mal manejo del elefante estatal. Su venta no sería más que el paso restante.

Negocio privado

Si en nombre de la eficiencia y de la búsqueda de equilibrio fiscal el discurso de Macri y la ortodoxia apunta a sanear y transparentar el sistema público, la propia historia contradice esta declaración de intenciones. ¿Qué ha significado para ellos ser “eficientes” desde el Estado? Una aproximación se puede encontrar durante la Valorización Financiera (1976-2001), donde el Estado tuvo un papel clave garantizando el negocio privado. En 1981-1982 se implementaron los seguros de cambio, los cuales permitieron que el BCRA se hiciera cargo de la deuda de los privados, pagando en dólares al acreedor extranjero.

Con la promoción industrial se alentaron la instalación de proyectos productivos que no explotaron al máximo los subsidios sino que sacaron provecho de ellos maximizando ganancias.

Por su parte, las AFJP significaron que el Estado dejara de percibir en el período 1994-2000 unos 29.960 millones de pesos (a los que se suman los 22.372 millones de pesos de menores ingresos por reducción de aportes patronales). El Estado debió endeudarse para generar divisas que garantizaran esas transferencias y, a la vez, continuar con el ajuste del gasto. De este modo, el endeudamiento en el período 1994-2000 no tuvo origen en los intereses de deuda contraída en la dictadura, sino que tuvo por función financiar el déficit del sector privado producto del déficit por servicios reales (turismo, marcas y patentes, y fletes), los servicios financieros de la deuda externa privada, y la fuga que no se logró compensar con el endeudamiento y la Inversión Extranjera Directa del período.

Las privatizaciones fueron otro amplio capítulo del negocio privado con el patrimonio público. En primer lugar, las empresas publicas fueron deliberadamente “saneadas” (en 1985 había 243.354 mil trabajadores en las empresas del Estado, y en 1998 la cifra se había reducido a 75.770) y subvaluadas para su venta. A su vez, entre 1994 y 1998 la rentabilidad sobre patrimonio de las empresas de servicios públicos privatizados fue cercana al 15 por ciento. Sólo considerando los ajustes de tarifas, las rentas de privilegio de las privatizadas ascendieron hacia 1999 a más de 2000 millones de dólares.

Además de la contundencia de los números, que dan cuenta de los serios perjuicios que implicaron para el fisco, las cuentas externas, y el bienestar de la población estos negocios “legítimos”, para Macri la intervención del Estado significa un “daño”, no a cualquier privado, sino a aquellos principales beneficiarios de lo público: grupos económicos, concentrados, exportadores y a los típicamente subsidiados como patria contratista.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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