Contrariamente a lo que reza uno de sus principales slogans, la nueva administración nacional no tiene por objetivo llegar a la meta de “Pobreza Cero” sino generar, vía una política de ajuste, nuevos tipos de empobrecimiento de la población. El tarifazo eléctrico constituye una muestra. Por “pobreza energética” se entiende tanto a la situación en la que los ingresos de una familia no alcanzan para pagar la energía suficiente que permita cubrir la satisfacción de sus necesidades domésticas o bien cuando dicho grupo familiar destina obligadamente una cantidad excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de la vivienda. Ser pobre en estos términos significa, entonces, no poder mantener la temperatura de una vivienda en condiciones adecuadas o, por lo menos, contar con serias dificultades para hacerlo.

La primera en definir el concepto de “pobreza energética” fue la profesora británica de la Universidad de Oxford Brenda Boardman, a principios de la década de 1990, con la publicación de su libro Fuel Poverty. La definió como “la situación en la que se halla un hogar que tiene que dedicar más del 10 por ciento de sus ingresos a alcanzar un nivel satisfactorio de calor en su vivienda (21 grados en la habitación principal y 18 grados en las demás habitaciones, según la OMS)”. Gran Bretaña ha sido el epicentro de la investigación. En 1997, el gobierno se propuso como objetivo la “minimización de la pobreza energética” y en el 2000 aprobó la “Warm Homes and Energy Conservation Act”, ley mediante la cual se definió formalmente el concepto en Europa.

Sin embargo, dicha forma de medir la pobreza energética presentaba una serie de debilidades, la principal no acotar hogares con grandes ingresos que deben ser excluidos puesto que quedan al margen del fenómeno. Por tanto, para el 2013 el gobierno británico le encargó al profesor de la London School of Economics, John Hills, una reevaluación de la metodología de medición de la pobreza energética. Así surgió el indicador “Low Income, High Cost”, según el cual un hogar se encuentra en situación de pobreza energética “si el gasto necesario en energía doméstica para mantener un nivel de confort adecuado está por encima de la mediana (de los gastos del hogar), y si al descontar ese gasto de sus ingresos el resultante es una cantidad que está por debajo de la línea de pobreza monetaria”.

Por su parte y de acuerdo al trabajo “Pobreza Energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación” de los investigadores Xavier Labandeira y Pedro Linares, existen dos formas de entender a la pobreza energética según aplique a países desarrollados o en vías de desarrollo. La primera de ella remite a la “dificultad o incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura, así como de disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo”. Esta definición se utiliza comúnmente para describir la situación de los países con mayor desarrollo. Una segunda definición, aplicable especialmente a los países en vías de desarrollo, describe la pobreza energética como “la dificultad no sólo de afrontar unos determinados costes energéticos, sino de acceder a unos niveles básicos de suministro energético con formas avanzadas de energía”.

Varios son los factores que provocan el surgimiento y el aumento de la pobreza energética. Más allá de los problemas que de por sí trae consigo el cambio climático, existen ciertas responsabilidades de las que no pueden escapar ni el Estado ni las empresas prestadoras del servicio. En este sentido, la falta de una política de concienciación del uso eficiente de la energía, la disminución de los recursos económicos de gran porcentaje de la población y el propio incremento en los costos de la energía eléctrica son algunas de estas responsabilidades ineludibles que no hacen más que aumentar las posibilidades de que cada vez más personas sean las que tengan que abandonar una política energética masiva y sustentable. Y no estamos exagerando.

La pobreza energética conlleva como principal problema serias dificultades en la calidad de vida y la salud. De acuerdo a la OMS se considera como “zona de confort” a las temperaturas que oscilan entre 18 y 24 ºC. Por tanto, cualquier temperatura inferior a los 18 º C o superior a los 24 º C puede tener efectos dañinos sobre la salud física y mental de los ocupantes de un hogar. En este sentido, ya son varios movimientos sociales europeos los que han utilizado la frase “la pobreza energética mata” para poder establecer una correlación entre pobreza energética y mortalidad. De esta manera, en 2003 la UK National Heart Forum, determinó que por cada grado de caída de la temperatura en invierno se producían 8000 fallecimientos extra en Gran Bretaña y diferentes estudios en Holanda han relacionado el exceso de calor con el deterioro de la salud de las personas mayores de 65 años que sufren afecciones cardiovasculares, diabetes, Parkinson, Alzheimer y epilepsia.

La política de ajuste en Europa y ahora también en Argentina incrementa el nivel de pauperización. Vale recordar las recientes palabras del presidente Evo Morales en la IV Cumbre de la Celac: “Después de diez años seguimos bajando los costos de tarifas de energía eléctrica y agua potable [porque] la telecomunicación, el agua y la energía son un derecho básico [y] si lo hubiéramos dejado en manos de privados seguirían subiendo”.

* Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETC).