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Para encontrar una experiencia similar de una fusión de intereses entre los funcionarios de un gobierno, como el de Mauricio Macri, con los GE, las ET y la BE hay que remontarse a la dictadura cívico-militar de (1976/1983) y a los gobiernos del presidente Menem (1989/1999) para encontrar una simbiosis tan clara entre el poder económico representado por los GE, las ET y la BE con el poder político. Relación que se manifiesta en la ocupación de las principales áreas del Estado por los gerentes de los sectores dominantes de la economía, con el objetivo de implementar políticas que los beneficien u ocupar las estructuras públicas con la finalidad de desarticularlas, desmantelarlas o eliminarlas en caso que puedan afectar sus intereses. Siendo un aspecto a destacar, la relación o afinidad del cargo público que ocupan con el sector privado de donde provienen.

Las políticas implementadas bajo el modelo de Valorización Financiera (1976/2001), similares a las actuales, derivaron en una enorme transferencia de ingresos desde los asalariados, las pymes (agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios) y el Estado (empresas públicas) hacia los GE, las ET y la BE a través de mecanismos como la estatización de parte la deuda externa privada, la patria contratista, los regímenes de promoción industrial sectorial, la privatización de empresas públicas, el endeudamiento externo y la fuga de capitales. Y que dichos mecanismos han sido cuantificados por distintos estudios desde la heterodoxia económica y nos permiten entender el funcionamiento del poder económico en la Argentina y la responsabilidad de dichas corporaciones en los procesos inflacionarios, las corridas bancarias, la retención de cosechas, el desabastecimiento y el incumplimiento de normas estatales.

Para dimensionar el proceso actual de copamiento del Estado por los sectores dominantes, en el período 1976/1981 se identificaron un total de 46 cargos estatales ocupados por los GE, ET y BE (24 estratégicos, 6 auxiliares estratégicos, 7 tácticos y 9 ideológicos). Y que en el primer mes del gobierno de Macri se habían designado unos 41 funcionarios provenientes de dichos sectores y que todavía no se habían completado las designaciones. Destacando que el tamaño del sector público era mayor durante la dictadura que en la actualidad, dado que recién entre 1992 y 1996 (Menem-Cavallo) se privatizan unas 130 empresas públicas y no más de 20 se contabilizarían durante los gobiernos kirchnerista (20032015) entre empresas públicas reestatizadas y nuevas. El copamiento del Estado por parte de los grupos dominantes de la Argentina en el gobierno de Macri está conformado por el momento por unas 28 corporaciones 8 (GE), 8 (ET), 7 (BE) y 5 (ET/GE).

¿Cuáles son las principales medidas económicas implementadas en los primeros 60 días del gobierno de Macri que tienen como protagonistas a los funcionarios (ex gerentes) de los GE, las ET y la BE y como beneficiarios a dicho sector hegemónico?

Se destacan en primer lugar, la devaluación del peso (del 50 por ciento en la actualidad) y la disminución de las retenciones a la soja y eliminación para los demás productos agrícolas, que derivó en un nuevo impulso de la inflación y en una enorme ganancia para las ET vinculadas a la comercialización y exportación de granos. La eliminación de las retenciones a la exportación de bienes industriales benefició también a un grupo de ET y GE entre ellos Techint.

Desde la Secretaría de Comercio, ocupada por Miguel Braun, del (GE) Braun Menéndez-Menéndez Behety (dueños de la cadena se supermercados La Anónima), se anunció la finalización del sistema de “precios cuidados” (funcionará hasta fines de abril de manera restringida) y el desmantelamiento de los controles de precios a las empresas monopólicas y oligopólicas que se venía realizando. Se ejecutaron además profundas modificaciones al Régimen de Importación de Bienes desregulando el sector. Diego Perez Santiesteban, jefe de asesores de la Secretaría y hasta hace poco presidente de la Cámara de Importadores se ocupa de administrar las importaciones. A instancias del Ministro de Cultura, que proviene de una editorial privada, se eliminaron las restricciones a la importación de libros impresos en el exterior.

El BCRA eliminó los topes para las tasas de interés mínimas para los depósitos y máxima para los créditos y la necesidad de solicitar autorización para aplicar aumentos en los cargos y comisiones. Estas medidas derivaron en una transferencia de recursos de los particulares y las pymes hacia los bancos que obtuvieron grandes ganancias, ya que tomaron dinero prestado al 25 por ciento y lo colocaron en el Estado a través de los Lebac al 38 por ciento. Se anunció además, una reducción de la línea de crédito para las pymes que se había lanzado en 2012 con tasas subsidiadas y plazos atractivos. En 2015 la tasa de interés para dichos créditos era del 18 por ciento y ahora del 28 por ciento, menos préstamos y más caros para las pymes.

Otra de las medidas implementadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y el BCRA, tiene que ver con la libre entrada y salida de capitales especulativos de corto plazo con la finalidad de aumentar las reservas. Con el actual esquema de altas tasas de interés y dólar relativamente estable, estamos a punto de repetir la bicicleta financiera de la década del ‘90 facilitando la fuga de capitales por ejemplo, a través de las operaciones de “contado con liquidación” que permite la compra de bonos en pesos en el mercado local y su venta en dólares en el exterior.

Desde estos mismos organismos y con la finalidad de incrementar las reservas, se recurrió al endeudamiento con un grupo de bancos privados extranjeros –JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC, BBVA, Citigroup, Santander y UBS– por 5000 millones de dólares. Por dicho monto y por un plazo de 11 meses se entregaron en garantía 10.000 millones de dólares en títulos públicos. Si en diciembre no se reintegra el préstamo los bancos se quedan con los títulos más 300 millones de dólares que se estima es el costo de esta operación de “pase” financiero. Como estos títulos todavía no cotizan en el mercado, aparece el JP Morgan (a ambos lados del mostrador) realizando la valuación técnica de dichos títulos que derivó en un abultado descuento del 50 por ciento. Esto representa una clara connivencia entre los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas y el BCRA con la BE. Prat-Gay fue gerente del JP Morgan y el secretario de Finanzas Luis Caputo del Deutsche Bank al igual que la mayoría de los directores y gerentes actuales del BCRA. El actual presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, está procesado por el Megacanje ejecutado durante el gobierno de De la Rúa-Cavallo.

La rescisión del contrato a la empresa rosarina Sol por parte de Aerolíneas Argentinas que conectaba varias localidades del interior del país, derivó en la quiebra de la misma y el despido de unos 300 empleados. Esta medida, más la eliminación de los precios máximos en los vuelos de cabotaje terminó en aumentos de los pasajes aéreos, beneficiando también a la empresa LAN (25 por ciento del mercado) que compite con Aerolíneas Argentinas (75 por ciento restante). Recordemos que Diego Maggi y Diego Sanguinetti ex ejecutivos de LAN, integran hoy el directorio de Aerolíneas Argentinas.

El Ministerio de Energía eliminó las funciones de planificación y control estatal sobre las inversiones y la actividad hidrocarburífera privada, dejando de lado la meta del autoabastecimiento de combustible entendiendo que el petróleo y sus derivados constituyen un commodity más y no un recurso estratégico. El aumento reciente de los combustibles a pesar de la baja del precio internacional del petróleo constituye una nueva transferencia de recursos de los particulares hacia el Estado y las empresas petroleras. La eliminación de los subsidios a la energía eléctrica y al gas derivó en grandes aumentos que llegan al 600 por ciento para el primer caso y del 200/300 por ciento para el segundo, según las regiones del país y niveles de consumo; produciéndose un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores y una transferencia de recursos de los particulares y pymes hacia las empresas de energía y gas. La mayoría de los funcionarios del Ministerio de Energía y de los entes reguladores de la energía –ENRE– y del gas –Enargas– provienen de las empresas privadas del sector.

El gobierno nacional acaba de adjudicar la obra civil para la instalación del reactor nuclear RA10 por 800 millones de pesos a la empresa constructora de Nicolás Caputto, amigo del presidente Macri. Desde la primera vuelta electoral, las acciones de la empresa tuvieron un aumento del 193 por ciento transformándose en la de mayor crecimiento en el mercado bursátil local.

Como vemos, la alianza del Gobierno con los grupos de poder sigue su marcha.

* Licenciado en Economía.