El sentido común diría que para paliar la crisis habitacional de la Ciudad la única salida es hacer más viviendas. Construir casas para quien no las tiene. Sin embargo, la crisis habitacional creció tanto como la construcción y es una problemática mucho más compleja. Hay más viviendas, pero también más desalojos y cada vez más trabas para alquilar y para acceder a la primer casa propia. Por eso lo necesario es pensar el problema de forma integral, saltando del esquema de la vivienda como negocio a la vivienda como derecho.

En la Ciudad viven casi tres millones de personas, la misma cantidad desde hace décadas. Tiene el PBI per cápita más rico del país, con recursos económicos y materiales para desarrollarse autónomamente. Por eso el problema en los últimos treinta años no fue la obtención de recursos, sino su destino. La administración de esta área es la que mejor refleja la esencia del gobierno macrista: lo que se hizo fue gestar las condiciones para el desarrollo de grandes negocios para algunos pocos empresarios, a costa de las necesidades y derechos de las mayorías.

En los ocho años de gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad se entregaron permisos para la construcción de 17 millones de metros cuadrados, equivalente a 300 mil departamentos de 60 metros cuadrados. El resultado es un 30 por ciento más de viviendas que hace diez años. Sin embargo, ese boom inmobiliario no registró beneficio alguno para los sectores medios. Menos aún, para los más postergados.

En la actualidad, uno de cada tres porteños es inquilino, dentro de un marco desregulado y de serios abusos por parte del mercado inmobiliario, lo que permitió que el precio promedio de los alquileres se incrementara un 300 por ciento desde 2007, muy por encima de la estimación inflacionaria más elevada. Hoy el valor promedio de un alquiler roza los 5500 pesos.

Si alquilar es costoso, pensar en la primera vivienda trepa a lo utópico. El valor de las cuotas se multiplicó trece veces desde 2007, cuando Macri asumió su primer período de gobierno. El dato que mejor muestra cómo se gestó el marco especulativo del universo inmobiliario es el salto abismal que describió el precio del metro cuadrado medio en la Ciudad: pasó de 1136 a 2312 dólares desde la primera gestión macrista hasta hoy.

Esto llevó a que, entre 2014 y 2015, se compraran 94 mil inmuebles y que sólo se usaran créditos en 5300 de esas transacciones. Mientras que en el 2007 el 22 por ciento de las compras se realizaban mediante créditos, hoy es tan solo el 6. Razones hay muchas. Las principales, por fuera del alto costo de las cuotas, son los requisitos cada vez más exigentes: trabajo formal y estable, salarios que tripliquen el monto de la cuota y garantías de capital desmedidas.

Los últimos datos oficiales midieron 340 mil viviendas porteñas vacías. Por eso urge la sanción de una ley que establezca un impuesto a la vivienda ociosa, cuya recaudación sirva para financiar planes de vivienda social.

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad ha recortado y subejecutado el presupuesto para urbanización de villas y construcción de viviendas sociales, dejando a la deriva a un cuarto de los habitantes de la Ciudad. Hay una política del ladrillo para los ricos y otra para los pobres. Una ciudad crece violentamente sobre la otra: la ciudad de los negocios, que sigue el modelo de los grandes centros urbanos del capitalismo central, avanza sobre la ciudad en la que habitan millones de trabajadores y trabajadoras.

* Seamos Libres.