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A esta ciclotímica Argentina, que sin términos medios pasa del caos económico a registrar indicadores que sorprenden a propios y extraños, se le ha presentado un “problema” cuya simple enunciación hasta hace poco hubiera sido percibida como un absurdo. ¿Qué hacer con el creciente excedente que contabilizan las cuentas públicas? Las opciones son varias y para todos los gustos, porque bien se sabe que a la hora de gastar plata lo que no faltan son ideas. De todos modos y más allá de la receta que se escoja, para una economía que está saliendo de una sus peores crisis lo menos aconsejable es quedar inmovilizado por temor a equivocarse. Insistir con una política fiscal hipercontractiva, que no es otra cosa que un superávit primario record, saldo de un gasto público contenido con, por ejemplo, inversiones públicas por ahora sólo anunciadas, implica transitar un sendero que no tiene nada de progresista. Si bien es cierto que todavía está abierta la negociación con los acreedores defolteados y que parte de la holgura fiscal se debe a que la mitad de la deuda no se está pagando, la discusión en el Gobierno sobre el ajuste de las jubilaciones resulta conmovedora. Los haberes son miserables y los ajustes previstos serán en gran medida cubiertos con la elevación del tope salarial para las contribuciones patronales. Poco del excedente fiscal se aplicará a esos aumentos. ¿Para qué quiere, entonces, Roberto Lavagna tanto dinero extra en el Tesoro? Luego de ejercitar sus chicanas a la prensa, el ministro podría iluminar el túnel de esa duda en estos meses claves de negociación de la deuda en cesación de pagos.
La flexibilidad que se ofrece ahora para utilizar las herramientas de política fiscal y monetaria es una novedad alentadora. No aprovecharlas sería una picardía o un muestra de lo poco que se aprende de la historia reciente. La Argentina fue un país record de inflación durante los ‘80, como también lo fue de deflación en el período que abarcó desde fines de 1998 a comienzos de 2002. Pocos países tuvieron un lapso tan prolongado de deflación, a la vez de correr de un extremo a otro en tan poco tiempo. Esas experiencias muestran el abuso, por un lado, y la renuncia, por otro, de hacer uso de instrumentos de política económica: desde la maquinita hasta el piloto automático.
El Banco Central implementa una estrategia de relativa expansión monetaria, vinculada fundamentalmente a la compra de dólares, que compensa en parte el efecto contractivo del sistema financiero y el Tesoro Nacional. Su audacia es bastante limitada, pero audacia al fin. En cambio, en el campo fiscal la política de acumular excedentes es desconcertante en cuanto no se define para que se lo quiere, en un país con la mitad de la población en la pobreza.
Al respecto, en un reciente discurso ante empresarios reunidos por la Fundación Mediterránea, el titular del BCRA, Alfonso Prat Gay, apuntó que “el ejemplo más claro que tenemos hoy es Estados Unidos, que ha sabido utilizar el arsenal monetario y fiscal para evitar lo que seguramente hubiese sido una recesión muy profunda, si no hubiesen bajado las tasas y si no hubieran dado vuelta su posición fiscal”. Y sentenció: “Si esto es cierto para las naciones desarrolladas, cuánto más cierto debiera serlo para las naciones en desarrollo”. Se sabe que tener las dos políticas en el mismo sentido, en el caso de Estados Unidos muy expansivas, con el handicap de ser la principal potencia económica y militar, no es sostenible en el tiempo. Como tampoco lo es el efecto contrario de políticas contractivas, mencionando Prat Gay en ese sentido sin inocencia a Brasil. “Cuando los instrumentos no se usan o cuando se abusan de ellos, vienen los problemas”, concluyó el titular de la autoridad monetaria.
La política fiscal de Lavagna es exageradamente contractiva y lo peculiar es que la discusión ha quedado dominada por los que consideran un éxito mantener esa estrategia frente a las presiones del FMI, como lobbista de acreedores defolteados, de aumentar aún más el superávit. La elevación de las jubilaciones mínimas, que todavía seguirán por debajo del umbral de la canasta básica de alimentos de indigencia; el proyecto de subir los sueldos de los empleados públicos en 250 pesos, el mismo monto que recibieron los trabajadores en relación de dependencia; y la idea de ajustar para arriba la remuneración de los Planes Jefas y Jefes de Hogar son medidas imprescindibles. Pero son iniciativas que permiten compensar en parte la fuerte caída del poder adquisitivo de los últimos años. Son, en definitiva, medidas que van detrás y con suficiente demora de los acontecimientos. Así no se avanza con atrevimiento en la instrumentación de una política fiscal consistente con el objetivo de mejorar la distribución del ingreso.
“Un médico estudió toda la vida su profesión, pero se cruzaba de brazos ante un paciente, simplemente por riesgo de equivocarse y no curarlo bien. La obligación que tenemos como economistas y como funcionarios públicos es hacer un uso adecuado de los instrumentos que tenemos y recuperar lo que no tenemos para darle a la gente un mejor nivel de vida”. Esa analogía relatada por Prat Gay en ese encuentro de la Mediterránea aparece en estos días bastante oportuna.