Adolfo Rodríguez Saá no disimulaba la sonrisa de satisfacción. Los aplausos iniciales eran cada vez más fuertes. Todos los legisladores se pusieron de pie. El grito ¡Argentina!, ¡Argentina! bajaba con fuerza de los palcos colmados, dando la impresión que estaban viviendo un momento único, histórico. El presidente elegido por la Asamblea Constituyente declaraba formalmente que el país dejaba de pagar la deuda. Carga que en los últimos años había crecido en forma acelerada hasta consumir poco más del 20 por ciento del Presupuesto solamente en el pago de los intereses. Ese festejo de los representantes del pueblo por anunciar el default es el símbolo utilizado aquí como en el exterior para mostrar la irresponsabilidad de la clase política. Un país que se alegra por incumplir los compromisos no merece recibir auxilio, dicen. Tiene que ser castigado para que su ejemplo no se disperse a otros países, advierten. Debe convertirse, en definitiva, en un paria del mundo civilizado, castigan. Esos son los argumentos de los gobiernos europeos y la administración Bush, ideas amplificadas por el vocero oficial, el FMI, y los que asumen esa tarea en forma voluntaria a nivel local. Sin embargo, Argentina ha declarado el default más idiota que se pueda imaginar. Padece los inmensos costos de la cesación de pagos, pero, en realidad, el incumplimiento se concentra solamente en el 40 por ciento del total de la deuda. El resto, aunque una parte pesificada, es honrada en fecha.
La desesperación de Roberto Lavagna para enviar señales contundentes que este miércoles pagará unos 800 millones al Banco Mundial, si antes el organismo no otorga una refinanciación, utilizando si fuera necesario preciadas reservas del Banco Central no deja margen a la duda. Eduardo Duhalde cumplirá con el compromiso aunque éste implique aumentar la fragilidad de su ya por sí vulnerable gobierno. En un detallado informe preparado por la consultora M&S (Melconian-Santángelo), que no puede ser acusada de tener una posición antisistema, se precisa la magnitud del default de la deuda pública. Argentina está saldando puntualmente los siguientes compromisos, según se desprende de la resolución del Ministerio de Economía firmada por el ex Jorge Remes Lenicov, publicada en el Boletín Oficial del 30 de abril:
n La deuda con organismos multilaterales de crédito y con organismos oficiales del exterior, como el Club de París, que suman 32.362 millones de dólares.
n Los Bocon de jubilados 2ª serie que se encuentren en poder de los tenedores originales, así como los Bocon entregados a familiares de desaparecidos y en concepto de indemnizaciones.
n Los títulos públicos nacionales (Bontes, Bocon y Letes) en manos de mayores de 75 años o que atraviesen situaciones de riesgo de vida o salud. Este último caso se considera caso por caso.
n A esas excepciones se agregan los títulos públicos con garantía internacional, como un bono garantizado por el Banco Mundial y los Brady Par y Discount, que en total alcanzan a 5423 millones de dólares.
n También se cumplen los préstamos de organismos oficiales por un monto de 4477 millones.
n Se pagan, además, las obligaciones derivadas de la renegociación de la deuda, por ejemplo comisiones y asesoramiento legal.
n También se cumplen las cuotas, a partir de abril, de los préstamos garantizados surgidos de la Fase I del canje. Títulos que sufrieron la modificación de las condiciones de emisión, al pesificarse esos papeles a una paridad de 1,40. El monto de esos pasivos asciende a 59.161 millones de pesos.
Así, de un stock de deuda de 141.200 millones de dólares, unos 84.500 millones se sigue pagando. El default involucra a 56.700 millones de dólares (bonos de la Fase II del canje, Letes pesificadas y deudas con proveedores).
¿Qué festejaron, entonces, en el Congreso ese domingo 23 de diciembre de 2001?