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Editor Jefe de Cash / Página/12

Una de las principales virtudes de una Corte Suprema de Justicia con criterios de independencia es que obliga a debates económicos que el poder político busca postergar o clausurar. Si bien se ha dejado atrás la crisis por la detonación de la convertibilidad de acuerdo a la evolución de ciertos indicadores macroeconómicos, aún no ha sido superada la emergencia en cuestiones sociolaborales, como tampoco han sido removidas algunas herencias de la denostada década del noventa. Desde el año pasado, la Corte ha emitido una serie de fallos que ha venido a reparar algunos de los desaguisados en materia laboral y previsional convalidados por ese mismo cuerpo en tiempos de la mayoría automática menemista. Uno de los dictámenes más reciente estableció que los regímenes especiales de jubilación no quedaron derogados por la Ley de Solidaridad Previsional de 1995. De esa forma se reconoció derechos a docentes y funcionarios del Servicio Exterior de la Nación a percibir jubilaciones equivalente al 82 por ciento del salario en actividad. Y habrá otros fallos de similares características que devolverán la movilidad a las jubilaciones de científicos y empleados judiciales.

La reacción del Poder Ejecutivo vino por el lado del titular de la Anses, Sergio Massa, quien convocó a la “responsabilidad” de los miembros de la Corte, y advirtió que no se puede cambiar la lógica del sistema de seguridad social sin resolver también con qué se va a financiar. Massa acierta cuando reclama responsabilidad al máximo tribunal, cuerpo que la está brindando con sus fallos en esa materia, puesto que si los supremos tienen que esperar a que el Ejecutivo avance en la reforma al sistema previsional, a los jubilados afectados no les llegaría una respuesta a sus justos reclamos. La responsabilidad con los ancianos se pone a prueba cuando se dan soluciones en el momento adecuado, no cuando ya es tarde.

Massa está bien rumbeado también cuando plantea que los fallos de la Corte están cambiando la lógica del sistema (en realidad, apenas un poco), revelando que lo que se requiere es una reforma integral del modelo previsional. La Corte Suprema, en los hechos, está actuando como un oportuno centinela que vela con la misión de sacar de la modorra al Gobierno sobre reformas pendientes. Del mismo modo que lo hizo cuando avanzó sobre la Ley de Riesgo del Trabajo, lo que apuró el debate y discusión sobre proyectos (el oficial y el de la UIA) para cambiar el regimen de ART.

De uno y otro lado del arco ideológico se plantea la necesidad de repensar el modelo previsional (al respecto, son muy interesantes los documentos del Plan Fénix así como también el libro de FIEL El sistema de jubilaciones en la Argentina). Pero la dupla Néstor Kirchner y Roberto Lavagna, como antes los gobiernos de la Alianza y el provisional de Eduardo Duhalde, ha quedado atrapado de la dinámica fiscal-financiera que impone un esquema basado en el manejo de recursos por parte de AFJP de aportes de trabajadores en cuentas de capitalización individual.

Durante el default y luego en el proceso de renegociación de la deuda se argumentaba que no era oportuno cambiar las reglas de juego con las AFJP, puesto que esas compañías detentaban una cantidad importante de bonos y resultaban, por lo tanto, claves para el éxito del canje. Ahora la excusa ha seguido el rumbo que esas empresas –la mayoría son bancos– son uno de los principales agentes de compra de los títulos que emite el Gobierno para refinanciar vencimientos así como también cancelaciones netas de deuda, en este último caso con el Fondo Monetario. Además de que las AFJP han empezado a jugar un rol importante como eventuales aportantes de recursos en proyectos de inversión que impulsa el Gobierno, en ese renovado esquema de asociación del Estado con el sector privado para obras de infraestructura.

De esa forma se va construyendo una red de limitaciones y condicionamientos para encarar una reforma que ponga en cuestiona-miento intereses de los grupos que manejan las AFJP. Esa dependencia ahora es mucho menor que en un momento de crisis o en un escenario económico no tan favorable como el actual. Por ese motivo si no se avanza en alteraciones sustanciales del sistema se perderá la oportunidad de poner un poco de racionalidad a un esquema que tiene como virtud consolidar una elevada desprotección previsional de la población. Rafael Rofman, que trabajó en la AFJP Nación y en la actualidad es economista senior del Departamento de Desarrollo Humano para América latina del Banco Mundial, planteó en un documento presentado en el Plan Fénix que “el sistema previsional argentino, con casi 100 año de historia, se encuentra inmerso en la que probablemente sea la mayor crisis desde su creación. La combinación de las tendencias existentes en las últimas décadas y los efectos de la crisis macroeconómica actual han derivado en una grave situación donde el sistema cubre cada vez menos personas y en peores condiciones”.

Con un título que revela que los investigadores que se ocupan de estos arduos temas también tienen sentido del humor, Laura Goldberg provoca con ¿Qué hay de nuevo, viejo? La reforma previsional como caricatura de las reformas de los años noventa, documento que también fue presentado en el último encuentro del Plan Fénix. Las principales conclusiones que Goldberg destaca en más de diez años de funcionamiento del actual sistema son las siguientes:

- Se profundizó el desequilibrio financiero del sistema previsional. En 1994, el 66 por ciento del gasto corriente de las jubilaciones y pensiones se cubría con cotizaciones de trabajadores y empleadores, mientras que en 2002 no llegaba a cubrirse el 38 por ciento de ese gasto.

- Brinda una pobre cobertura. Goldberg destaca que el problema es más grave aún “porque no sólo se pagan menos beneficios sino que los beneficios que se pagan son en promedio menores” a los de antes de la reforma.

- Se creó el negocio de las AFJP. “No es transparente ni competitivo y su costo es muy elevado”, afirma la investigadora del Ciepp, agregando que tampoco se desarrolló el mercado de capitales como se pregonaba.

- Definió una mayor fragmentación y profundización del patrón regresivo, al cubrir al grupo de trabajadores de ingresos mayores, estables y registrados, y para el resto le queda la caridad de las políticas asistenciales.

No existen momentos ideales para afrontar problemas complejos. Es cierto que se pueden eludir, por convencimiento para no cambiar nada o por temor a despertar bestias dormidas. Pero se sabe por una experiencia reciente, como fue el descalabro que provocó la fantasía del 1 a 1, que los modelos inconsistentes terminan estallando. La responsabilidad de un gobierno es adelantarse a esas crisis y no cuestionar la voz del centinela.