La situación de máxima tensión en el sistema energético hace más cristalino el deficiente ritmo de inversión en el sector controlado por privados. Los defensores de la convertibilidad sostienen que la robusta recuperación de la economía estuvo sustentada en el elevado nivel de inversiones registrado en la década pasada. Afirman que el actual proceso “está viviendo de lo bueno que dejó la convertibilidad”. “Lo bueno” sería la base industrial moderna gracias a la incorporación de bienes de capital importado facilitado por la paridad 1 a 1. Una falla debe tener ese argumento porque la realidad revela otra cosa. Por un lado, la economía ya dejó atrás hace varios trimestres el rebote y la recuperación a partir de la utilización de la capacidad instalada heredada, para pasar a un fuerte crecimiento con nuevas inversiones que ampliaron la frontera de producción. Por otro, el intenso cuello de botella en el área energética pone en evidencia la insuficiencia de la inversión privada en ese sector que, con la excusa de la intervención del Estado en el cuadro tarifario, abandonó la responsabilidad de garantizar la prestación de un servicio público esencial para la población y la producción.

Ese cuadro tarifario que, si bien se pesificó y se congeló al principio y luego se flexibilizó, les permite a las compañías contabilizar interesantes ganancias operativas. Estas se habrían mantenido con un monto considerable en el renglón de utilidades netas si no hubieran tenido que aplicarse a pagar una abultada deuda acumulada por la desprejuiciada estrategia de la década pasada: invertir con deuda y distribuir las ganancias entre los accionistas. Entonces, ante la actual deserción privada, la inversión quedó ahora en manos de un Estado que no tiene los recursos suficientes para millonarios proyectos porque la renta energética está privatizada y, por lo tanto, apeló a los controvertidos fondos fiduciarios para financiar obras de expansión.

Esas iniciativas del Estado, con una dosis de apresuramiento por la falta de previsión y con una cuota de demora incomprensible ante la urgencia, corren detrás de una economía que crece a mucha velocidad, poniendo al descubierto el cuello de botella energético. Varios países que registran fuertes aumentos del Producto se están enfrentando con restricciones energéticas. La particularidad del caso argentino es que cuenta con recursos energéticos propios para no tener que padecer las actuales limitaciones. La responsabilidad de caminar por la cornisa energética la comparten el sector privado que maneja el negocio y no invierte, y el Gobierno que consolidó un modelo energético que no da respuestas a una economía en crecimiento, que lo obliga a intervenciones desordenadas en el sector.

Resulta reveladora la escasa vocación inversora privada en un sector rentable, un horizonte de crecimiento y perspectivas favorables. Aquí aparece una de las claves de la traumática historia del inestable proceso de crecimiento argentino: el nivel de tasa de ganancia exigido por parte de los empresarios para invertir y reinvertir utilidades para fortalecer un sendero de desarrollo. Las compañías de la cadena energética contabilizaron en el período 2002-2006 tasas de rentabilidad superiores al promedio internacional, pero a mucha distancia de las registradas en la convertibilidad. Además, quedaron por debajo de la obtenida por el sector manufacturero, configurando un cuadro inverso al verificado en los noventa. Esto indica que los privados sólo invierten si se les presenta un cuadro macroeconómico que les ofrezca tasas de ganancias elevadísimas que, vale aclarar, es muy difícil de sostener en el tiempo. Tarifas caras y dolarizadas era el escenario de la convertibilidad, que se probó imposible de mantener eternamente. Frente a otro esquema, como el actual, aparece el gaseoso concepto “clima de negocios” y los reclamos de estabilidad jurídica, moderación salarial y sensatez impositiva para justificar el abandono de la inversión.

Si así actúan ahora las compañías energéticas (reclamo de más tarifas para recuperar tasas de ganancias extraordinarias con métodos de presión que se asemejan a un boicot), se presenta para adelante el interrogante sobre cómo reaccionará el resto de la industria en un escenario de “normalización” de la tasa de ganancia. El actual modelo de dólar alto ha probado su capacidad para impulsar un crecimiento a tasas espectaculares y para recuperar en apenas unos años la devastación industrial del 1 a 1 y su posterior crisis. En un interesante documento preparado por los jóvenes economistas del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), coordinado por Axel Kicillof, se señala que “hasta el momento, la competitividad de la producción local reposó fuertemente en la protección implícita que significó un dólar sostenidamente caro y persistencia de reducidos salarios reales”. Como se sabe, esa situación no será eterna –como no lo fue la convertibilidad–, entonces emergen las dudas sobre cuál será la respuesta de los industriales a un contexto de set de precios relativos que no será necesariamente tan favorable en el futuro. Resulta evidente que la consolidación de una estructura productiva no puede descansar solamente en esas condiciones extraordinarias. “Las posibilidades de que dicha dependencia (al tipo de cambio y a salarios bajos) pueda relajarse se vinculan directamente al ritmo de incremento de la productividad”, se indica en ese trabajo del Cenda (La demanda de inversión en la actual etapa económica). Se advierte que “si la productividad no alcanza el nivel requerido, se necesitará de una intervención creciente en el mercado cambiario para sostener las producciones locales, lo cual podría crear un serio problema de sustentabilidad”.

Los economistas del Cenda señalan que las inversiones en equipo que mejoren la capacidad productiva de la industria, al reducir los costos reales unitarios, permitirían alejar esa amenaza. Pero, además, mencionan que las experiencias internacionales de crecimiento sostenido muestran que el impulso a las ganancias está siempre sometido a movimientos cíclicos. Entonces recomiendan que, para espanto de la ortodoxia, “la inversión productiva organizada por el Estado parece ser la única receta que aporta verdadera ‘sustentabilidad’ al crecimiento acelerado, a prueba del humor cambiante o de las oportunidades especulativas de los empresarios”.