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Con un dólar estable que resulta una anestesia invalorable para que la administración Duhalde se entretenga con la interna del PJ, con la exageración de ver una recuperación de la economía poniendo como ejemplo el boom del turismo local y con el sistema financiero que se alejó de la quiebra, llegó el turno para las grandes empresas nacionales endeudadas con el exterior. El decreto está fechado el 27 de diciembre de 2002, y se publicó el 31 de ese mes en el Boletín Oficial. Se trata de la transformación del Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros en un fondo para la Reconstrucción de Empresas. Una norma tan importante no debería haber tenido tan poca trascendencia en la política de difusión del Gobierno. Ni haberse elegido jornadas semiferiado para su publicación como si se tratara de un régimen secreto. El Cronista Comercial del jueves pasado consignó esa iniciativa. Por la relevancia que tiene para un grupo importante de compañías de capital nacional vale detallar los aspectos centrales de ese decreto, que como una mamá que cuida a sus hijos desvalidos crea un hospital de empresas.
En los considerandos de la norma se define lo siguiente:
n Se extiende la asistencia que brinda el Fondo a entidades financieras a otros sectores de la economía con el fin de auxiliarlas en los procesos de reestructuración de deudas en dólares.

Esos otros sectores, a los cuales “resulta prioritario asistir”, son: prestadores de servicios de salud, educación, bienes y servicios culturales, ciencia, tecnología y energía nuclear.

Así, el Fondo pasa a denominarse “para la Reconstrucción de Empresas”.

El Fondo establecerá los criterios de la asistencia a las empresas y la ampliación de las fuentes de financiamiento para integrar sus recursos.

Con la firma de Eduardo Duhalde, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, el decreto define el objeto del Fondo, que ya cuenta con 100 millones de dólares y se puede ampliar con otros 500 millones. Las atribuciones que tendrá ese sala de primeros auxilios son sustanciales, con una capacidad de rescate tan amplia como generosa.

Podrá suscribir e integrar aportes de capital, otorgar préstamos convertibles o no en acciones y otorgar avales, fianzas y/u otras garantías de la compañía y de sus sociedades controlantes.

Comprar y vender acciones de esas empresas.

Adquirir activos.

Vender esos activos en forma gradual y progresiva.

Realizar las gestiones y transferencias de activos y pasivos financieros que le encomiende el Banco Central en las condiciones previstas con el administrador de ese Fondo, el Banco Nación.

Finalmente, en la norma se precisa lo que es relevante para ese lote elegido de empresas endeudadas: que la asistencia oficial “deberá ser destinada exclusivamente al pago y/o rescate y/o recompra y/o garantía de la reestructuración de la totalidad o parte de sus deudas en moneda extranjera contraídas con anterioridad al 31 de diciembre de 2001 o sus renovaciones, siempre que ello implique quitas mayores al 40 por ciento del monto adeudado”.
Esos préstamos deberán ser reintegrados en dólares. El Ministerio de Economía establecerá los criterios de elegibilidad, las formas de distribución entre los solicitantes de los fondos afectados al fideicomiso, así como las garantías que los prestatarios deberán otorgar por la asistencia que reciban. ¡Qué poder detentará el ministro!
Una duda que no es inocente: ¿La poca difusión oficial a esa medida de rescate de grandes empresas de capital nacional afectados por la devaluación tendrá que ver con que ese decreto tiene nombres y apellidos?