La necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional fue uno de los temas puestos en debate a raíz del estallido de la última crisis global. Como el epicentro de las convulsiones estuvo situado en los propios países centrales, algunos analistas consideraron que se abría la posibilidad de avanzar en esta temática. La reformulación de un sistema financiero internacional implica adentrarse en una vasta agenda que incluye, entre otros puntos, la actuación de los organismos multilaterales de crédito, el rol de las calificadoras de riesgo, las cuestiones regulatorias, y el combate a los paraísos fiscales. Este último punto adquiere particular significación, fundamentalmente para los países en desarrollo, ya que suele ser el conducto por el que se vehiculiza la fuga de capitales.

En ese sentido, Jorge Gaggero en el documento “La fuga de capitales. El escenario global 2002-2010” sostiene que las transferencias netas de recursos financieros desde los países pobres y “de desarrollo intermedio” hacia los desarrollados, viene mostrando un crecimiento sostenido. Así, se pasó de los 46.000 (año 1995) hasta los 660.000 millones de dólares anuales (2006). La mayoría de esos flujos financieros está originados en maniobras ilícitas ejecutadas por bancos y empresas trasnacionales.

A su vez, un gran porcentaje se dirige hacia los paraísos fiscales intentando garantizar la opacidad de esas operaciones. Los fondos ilícitos provenientes desde los países “en desarrollo” pasaron desde los 400.000 millones de dólares (año 2002) al billón de dólares (año 2006). Gaggero relata que las transferencias financieras ilícitas más significativas del último tiempo tuvieron como países de origen (en orden de importancia) a los siguientes: China, Arabia Saudita, México, Rusia, India, Kuwait, Malasia, Venezuela, Polonia y Hungría.

La Argentina no integra el “top ten” ya que –durante el quinquenio 2002-2006– “sólo” promedió entre 12.000 y 13.000 millones de dólares anuales fugados en esas condiciones. En la reunión celebrada en Londres el 2 de abril de 2009, el Grupo de los Veinte emitió un comunicado en donde anunció la creación de un Comité de Estabilidad Financiera (CEF) encargado de diseñar medidas destinadas a combatir los paraísos fiscales. A partir de entonces, el CEF emitió una serie de comunicados en donde saludaba la existencia de “un progreso sin precedentes”. Ese optimismo se sustentaba en que 87 jurisdicciones se comprometieron públicamente a adoptar determinadas normas de transparencia e intercambio de información. La realidad es que más allá de esas sonoras declaraciones, la labor del CEF no avanzó en las cuestiones de fondo. Eso se debe a las resistencias planteadas por muchas naciones que se benefician con la falta de regulación actual.

La ONG Tax Justice Network confeccionó un ranking de paraísos fiscales apelando a la construcción de un Indice de Secreto Financiero. “Una revisión de ese listado permite observar que “los “paraísos” más importantes están “localizados” en territorios de naciones desarrolladas de la América del Norte y Europa o controlados por ellas. Se trata de 8 de los 10 primeros y 12 de los 15 primeros del ranking. Sólo Singapur (puesto 7), Hong Kong (10) y Bahrain (14) están localizados en Asia, vale decir en territorios “no occidentales”. El “paraíso” que ocupa el primer lugar en el ranking es estadounidense (el Estado de Delaware), el segundo y el tercero son europeos continentales (Luxemburgo y Suiza), el cuarto caribeño (las Islas Caimán) y el quinto inglés (la City de Londres)”, detalla Gaggero.

Los principales bancos comerciales norteamericanos y europeos tienen un gran número de filiales y subsidiarias localizadas en esos lugares. Por ejemplo, el Citigroup tiene nada menos que 427 firmas subsidiarias distribuidas en distintos paraísos fiscales

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