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La semana pasada estalló un escándalo en los Estados Unidos al conocerse que un número importante de ejecuciones hipotecarias generadas por la crisis financiera se habían llevado a cabo en forma fraudulenta. Las denuncias fueron realizadas por empleados de entidades financieras y de estudios jurídicos catalogados por la prensa como “firmantes robóticos’’ (funcionarios que firmaron documentos sin revisarlos). Lo que quedó demostrado es que los tribunales aprobaron ejecuciones hipotecarias que no contaban con el respaldo necesario. Por tal motivo, los principales bancos y los jueces congelaron los procedimientos de ejecuciones hipotecarias a la espera que se aclare el panorama. Mas allá de que se concuerde o no con las “reglas de juego”, lo que sí es dable esperar en la ejecución de un procedimiento tan traumático como el de desalojar a una familia de la vivienda que habita, es que el mismo cuente con todas las garantías del debido proceso.

En su esencia, los contratos de préstamos hipotecarios están estructurados de forma tal que la propiedad puesta en garantía puede ser ejecutada por el prestamista ante la acreditación de determinados incumplimientos por parte del deudor. El mercado norteamericano ha sido tomado históricamente como un ejemplo de cuan velozmente deben tramitarse las ejecuciones hipotecarias para garantizar los derechos de los acreedores, permitiendo de esta forma desarrollar este mercado de créditos. La contracara de esta “eficiencia” es la rapidez con la que una familia puede pasar de habitar una vivienda a quedar en la calle. En el caso de la reciente crisis financiera internacional resultó evidente que la responsabilidad en los incumplimientos no fue patrimonio exclusivo de los deudores hipotecarios, sino que confluyeron una conjunción de factores ajenos a los mismos: bajas tasas de interés, abundancia de fondos excedentes en las instituciones financieras, relajamiento en los criterios para prestar, entre otros.

El Premio Nobel de Economía Paul Krugman, con el sutil estilo que lo caracteriza, salió a criticar a tirios y troyanos. Por un lado atacó la tibieza exhibida por Obama al sólo “pedirles” a las instituciones financieras que solucionen el tema. Por el otro lado embistió contra el comportamiento de la derecha estadounidense –a la que identificó con legisladores republicanos y medios de prensa conservadores como el Wall Street Journal–, a quienes comparó con los señores feudales que se sentían libres para apropiarse de lo que quisieran, conscientes de que los campesinos no tenían voz ni voto ante los tribunales.

Una de las denunciantes de estas prácticas fraudulentas ha sido una ex empleada del estudio jurídico de David Stern, bufete que procesó más de 100.000 casos de ejecuciones hipotecarias en los dos últimos años. Tammie Lou Kapusta, que fue despedida en julio del 2009, declaró ante el fiscal de distrito Bill McCollum que la firma Stern falsificaba sistemáticamente firmas, colocaba fechas atrasadas en los documentos, presentaba tarifas falsas de los abogados e ignoraba defectos críticos en los documentos hipotecarios legales.

La prensa norteamericana se ha ensañado con Stern, contrastando el hecho que mientras que miles de personas quedaron a la intemperie por las ejecuciones hipotecarias que su estudio tramitaba “expeditivamente”, él percibía honorarios por decenas de millones de dólares por procesar las mismas como chorizos, contando en su patrimonio personal con varias mansiones, un yate y algunos autos, entre los que destacan tres Ferrari, cuatro Porsche y una sola Bugatti.

El abogado de Stern, Jeffery Tew logró conmover a los periodistas cuando relató que Stern forjó su maravillosa carrera prácticamente desde la nada, logrando hacerse de mucho dinero, rematando la defensa de su cliente con una pregunta inquietante: ¿acaso no es éste el famoso sueño americano?

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